El PSOE se ha opuesto en el Congreso a una iniciativa de sus socios parlamentarios que propone un cambio del Código Penal para explorar vías alternativas que permitan juzgar crímenes del franquismo, al defender que la propuesta vulnera los principios de legalidad, seguridad jurídica e irretroactividad.

A falta de la votación final, los socialistas han anunciado su voto en contra sumándose así al bloque de PP, Vox y Ciudadanos contra la toma en consideración de la proposición de Ley registrada por ERC, PNV, Bildu, Más País, Compromís, Junts, BNG y CUP en un momento en que la tramitación de la Ley de Memoria Democrática se encuentra parada.

Con las posiciones de los grupos de sobra conocidas, Unidas Podemos y los socios parlamentarios de Pedro Sánchez han reclamado el fin de la impunidad de los crímenes de la dictadura aludiendo a que los delitos de genocidio y lesa humanidad ya estaban tipificados por el derecho internacional cuando se cometieron, por tanto, son imprescriptibles y enjuiciables.

Todo lo contrario que PP, Vox y Ciudadanos que han recordado que no se puede ir contra el ordenamiento jurídico español que recoge el principio de legalidad y de irretroactividad penal, ya que esos delitos no se incorporaron a nuestra normativa hasta 2004.

En el medio han tratado de situarse los socialistas, que tras defender que "nadie puede dudar del compromiso del Gobierno y del PSOE con las víctimas del franquismo", han manifestado que no apoyarán la propuesta porque "tras analizar la jurisprudencia y un reciente auto de Constitucional, se generan dudas de que el derecho internacional ampare la irretroactividad", una posición que ha sostenido el bloque de la oposición con un argumentario más duro.

Como el PP, que ha destacado que "esta proposición nada tiene que ver con la democracia ni con la justicia" por lo que ha arremetido contra los firmantes que "saltándose la ley de amnistía y manipulando groseramente la legalidad internacional, quieren destruir la Transición y poner patas arriba la legitimidad de una democracia que nunca aceptaron".

Vox ha sido tajante señalando que "es imposible jurídicamente" por el principio de irretroactividad "pretender que se puedan juzgar en España lo que no podría juzgar como crimen el propio tribunal penal internacional"; y Ciudadanos les ha reprochado que "gastan tantas energías persiguiendo a los dictadores muertos qué no saben que hacer con los vivos, les pasa con Maduro y Putin".

Cruce de acusaciones

Entre este cruce de acusaciones, Unidas Podemos ha subrayado que en esta cuestión "no valen medias tintas: o se está con las víctimas o se está con los victimarios" dejando claro que con "esta ley no le pedimos cuentas a la dictadura sino a la democracia", porque es quien "encubre" esos crímenes que "pueden perseguirse siempre desde cualquier rincón del mundo".

Desde ERC han considerado que "no hay quebranto ni inseguridad jurídica" porque su propuesta solo trata de dar cabida al principio de legalidad internacional mientras que Junts ha pedido que "el derecho internacional sea el que prevalezca, no el interno".

Para el PNV "el principio de legalidad queda cubierto por existir ya (estos delitos) en el derecho internacional"; Bildu ha pedido "acabar con la interpretación torticera de la normativa estatal e internacional" para "abrir las puertas de los juzgados" y la CUP ha lamentado que "se quieran perseguir delitos en Ucrania y sin embargo no se ha celebrado ni un solo juicio a responsables del franquismo".