Los asuntos económicos e impositivos siguen estando entre los principales puntos de debate interno en el Gobierno de coalición. PSOE y Unidas Podemos muestran de manera regular algunas diferencias notables. Si la semana pasada se puso el foco en que los socialistas rechazaron de nuevo un impuesto a las grandes fortunas, en esta ocasión la disputa tiene que ver con las eléctricas. En este caso la divergencia es más técnica que política. Es decir, de diseño y de encaje temporal. 

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, compartieron un acto en Sevilla el pasado martes. En él ya se pudieron ver las diferencias. La primera, al igual que desde UP, aboga por que se haga cuanto antes. Es decir, a ser posible dentro del decreto anticrisis que tiene previsto prorrogar el Gobierno a partir del 30 de Junio. Montero y el ala socialista prefieren buscar otras fórmulas más adelante. 

En este caso, las diferencias técnicas acerca de cuál es la mejor vía legislativa para impulsar este tributo esconden una disputa por los plazos de su aprobación. Para Unidas Podemos, el impuesto a las eléctricas no es solo la primera piedra de una reforma fiscal que consideran necesaria para dotar a las arcas públicas de recursos en un momento en el que se está llevando a cabo la mayor inversión social de la historia.

Es, a juicio del espacio confederal, una medida clave para poder rebajar la inflación y para compensar el poder adquisitivo de las familias afectadas por el desbocado crecimiento de los precios. Bajo esta premisa, los de Yolanda Díaz consideran que este tributo se debe desplegar "ya", y que no se puede aplazar al próximo año, como parecen apuntar las fórmulas que plantea el Departamento dirigido por María Jesús Montero.

En concreto, la propuesta de Unidas Podemos se basa en un incremento de 10 puntos porcentuales en el tipo de las empresas eléctricas en el Impuesto de Sociedades (periodo de cinco años, prorrogable por otros de duración similar).

La petición del espacio confederal a su socio de Gobierno es la de aprobar este tributo en la prórroga del decreto anticrisis que llegará próximamente al Consejo de Ministros (antes de que finalice el mes de junio, que es cuando expiran las medidas desplegadas en la actualidad).

Los socialistas estudian el mecanismo

La postura política de Hacienda es clara. "Las eléctricas deben aportar más a las arcas públicas", destacan fuentes gubernamentales. Ese es el objetivo final del Gobierno. Lo que se está valorando en estos momentos es qué mecanismo es el "más eficiente y ágil" para lograr ese fin. A partir de ahí, las posibilidades son diversas, según destacan desde el Ministerio que lidera Montero. No se descarta ni se confirma ninguna posibilidad todavía. 

El ala socialista ha cerrado filas públicamente con Montero. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, lo dejó claro este jueves. "Hay que estar más pendiente de lo que diga María Jesús Montero que de lo que diga Yolanda Díaz", dijo. En todo caso, la también ministra de Transición Ecológica defendió la "voluntad política" del Gobierno para implantar un impuesto así. 

Desde Hacienda advierten de que establecer un recargo a las eléctricas en Sociedades a través de un decreto contaría con pocas garantías jurídicas y correría el riesgo de que las grandes compañías recurran el tributo ante la Justicia si aprecian cualquier fisura en la norma. Pero insisten en no descartar ninguna opción. 

En la actualidad, el Impuesto de Sociedades ya grava los beneficios de las empresas, y establecer un nuevo recargo amparado en los ingresos (las eléctricas europeas han ganado 200.000 millones extra debido a la inflación, según la Agencia Internacional de la Energía), es arriesgado a juicio de Hacienda.

En Unidas Podemos recuerdan, sin embargo, que desde el año 2020 se han aprobado cuatro decretos que contienen modificaciones del Impuesto de Sociedades que incluían subidas y bajadas de tipos efectivos en el tributo. 

También insisten desde el espacio confederal (y así lo ha defendido la propia vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz) en que no se puede crear un impuesto en la Ley de Presupuestos Generales por imperativo constitucional. El artículo 134.7 de la Carta Magna recoge que "la Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea".

Sin embargo, es habitual en la tramitación de las cuentas del Estado la incorporación de normas complementarias que tratan de distintas materias que no son susceptibles de recogerse en la ley presupuestaria. Hacienda aboga por llevar el impuesto a las eléctricas a la tramitación de PGE, pero no ha defendido que se incorpore a la ley de Presupuestos. 

Otra fórmula que se contempla en UP es la de crear el tributo a través de un proyecto de ley pactado en el Gobierno de coalición y aprobado en Consejo de Ministros. Desde Hacienda advierten de que esta vía es, probablemente, la más lenta, y calculan que su tramitación en el Congreso no solo sería una cuestión que llevaría alrededor de medio año, sino que, además, sería convulsa dada la situación actual con los socios de la investidura.

En todo caso, la fórmula preferida por los de Yolanda Díaz es la subida de 10 puntos en Sociedades a través de un real decreto-ley, ya que es, con diferencia, la más rápida y la que permitiría atajar la inflación y cumplir con el objetivo del Gobierno de rebajarla hasta el 5 o el 6% a final de año.