El PSOE centra ahora la negociación del paquete fiscal en lograr el visto bueno de Podemos

Los votos de PSOE, Sumar, ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu, PNV, BNG y el de José Luis Ábalos ―que desde el estallido del caso Koldo es diputado independiente― suman 174 escaños. Los de PP, Vox y UPN, 171. Estos son los números que están más o menos claros de cara a la votación del dictamen de la directiva europea reconvertida en una reforma fiscal en miniatura que se debate y vota este jueves en el Congreso. El elemento decisivo será Podemos.

Los de Ione Belarra y el Gobierno se encuentran, en estos momentos, en plenas negociaciones. Así lo explican fuentes de uno y otro lado. Si no hay cambios de última hora y todas las previsiones se cumplen, todo dependerá este jueves de sus cuatro votos. Con ellos, el "sí" sumaría 178 escaños por los 171 del "no". En caso de que Podemos termine votando en contra, el "no" obtendría 175 apoyos, mientras que el "sí" se quedaría con 174. En ese punto, cobraría relevancia Coalición Canaria, aunque su voto no sería tampoco determinante. 

Si la formación que representa Cristina Valido en el Congreso decidiera apoyar el dictamen y se produjera un empate a 175, se repetiría la votación hasta en dos ocasiones y, si persistieran las tablas, terminaría decayendo. Por lo tanto, el voto favorable de los canarios ―si Podemos vota en contra― serviría solo para dar una oportunidad de última hora al Ejecutivo para salvar la votación. En ese tiempo, tendrían que conseguir el apoyo de algún partido. Según ha podido saber Público, los Coalición Canaria todavía no han decidido el sentido de su voto. "Estamos negociando", responden a este medio, "tocará esperar". Si Podemos se abstiene, el dictamen saldrá adelante.

Hay que tener en cuentas que en el marco de este proyecto de ley, este jueves, se votarán dos cosas distintas: el dictamen que salió de la Comisión de Hacienda de este lunes y una serie de enmiendas que quedaron vivas y se votarán por separado. 

La primera de las dos votaciones incluye el impuesto mínimo global del 15% para las empresas multinacionales, que es la base del proyecto de ley y que, a su vez, se fundamenta en una directiva de obligado cumplimiento de la Unión Europea (UE). Sin embargo, en su paso por comisión ―tras el final dramático de este lunes― se añadieron varias enmiendas que convierten el dictamen en una reforma fiscal en miniatura. Así, el texto también comprende un aumento de dos puntos en el IRPF para las rentas más altas, más carga fiscal para el tabaco o un cambio legislativo para evitar que las empresas de hidrocarburos gocen de beneficios fiscales.

Todo eso se votará conjuntamente. O sí a todo, o no a todo. Cosa distinta es el impuesto a la banca, que, junto a otras enmiendas que se rechazaron en comisión, se votarán independientemente de manera definitiva en el pleno. ERC, EH Bildu y BNG se comprometieron en un comunicado este lunes a aprobar el impuesto a la banca aumentando el tramo más alto en el impuesto. Se trata de un pacto con el PSOE que va emparejado a la prórroga de un año del impuesto a las energéticas con el que las tres formaciones de izquierda soberanista sorprendieron a propios y extraños durante la noche del lunes.

Las condiciones de Podemos

Fueron unas horas muy turbulentas. ERC, EH Bildu y BNG remitieron un comunicado anunciando ambos pactos: el impuesto a la banca y la prórroga de un año del impuesto a las energéticas. ¿La fórmula para este último? Un Real Decreto-Ley promovido por el Gobierno. Ese fue un buen giro, pero todavía más pronunciado fue el que protagonizó el Ministerio de Hacienda cuando envió otro comunicado en el que puntualizaba que no se tocará ni una coma del acuerdo alcanzado con Junts per Catalunya y que no se gravará con ningún impuesto a las energéticas que inviertan en descarbonización.

Parece difícil conjugar ambos acuerdos. Sin embargo, desde el PSOE remarcan que no es contradictorio apoyar un impuesto a las energéticas que excluya a las que contribuyan a la descarbonización. En principio, es algo que no ven con malos ojos en Esquerra. Así lo ha confirmado la diputada Pilar Vallugera en una entrevista para TV3. Lo que, según ha podido saber Público, no está nada claro es que Junts per Catalunya dé sus votos a un decreto como ese. Una figura importante del grupo parlamentario insiste en que "habrá que leer y estudiar el decreto". 

En Podemos no se fían del acuerdo que trasladaron el lunes ERC, EH Bildu y BNG. Los morados han confirmado que también ellos recibieron el ofrecimiento de formar parte de él, pero declinaron. 

Para otorgar su apoyo este jueves, Podemos exige dos cosas. Por una parte, el compromiso de un decreto que prorrogue el impuesto a las energéticas sin apellidos, es decir, sin excepciones de ningún tipo. "Si no", completa una fuente conocedora de las negociaciones que se están llevando a cabo con el PSOE, "tendríamos un impuesto para las energéticas que no incluirá a las grandes empresas energéticas". Por otra parte, los de Belarra también quieren que el Gobierno haga algún tipo de anuncio  confirmando que el decreto contará con el apoyo de Junts. Si no se dan esas condiciones, aseguran, el voto será un "no". Según ha podido saber este medio, Junts no se plantea en ningún escenario asegurar su respaldo a un eventual decreto antes del jueves.

Además, en Podemos hay un cierto malestar por cómo se han llevado estas negociaciones en el Congreso. Se quejan de que se les presente a ellos como el grupo más intransigente capaz de tumbar medidas de perfil social. En conversación con Público, insisten en que están dispuestos a negociar una reforma fiscal, pero no una "descafeinada" y "pactada antes con las derechas" como la que, consideran, va a llevar el Gobierno de coalición a Pleno.

Así las cosas, todo abierto. En Podemos esperan movimientos por parte del PSOE y no es la única formación que lo hace. Después del anuncio del impuesto a las energéticas, parece difícil que una formación como Esquerra ―que forma parte del pacto― se plantee un voto en contra. Sin embargo, fuentes del Grupo Republicano apuntan que también ellos esperan que los socialistas "verbalicen" un compromiso público, de momento inexistente, acerca del cumplimiento del acuerdo.