La próxima fiscal general del Estado apoya a los fiscales en Catalunya: "No podemos hablar de presos políticos"

La futura fiscal general del Estado, María José Segarra, ha expresado su apoyo a los fiscales destinados en Catalunya, ha defendido la legalidad ante el "desafío independentista" y ha proclamado que "no podemos hablar de presos políticos".

Segarra ha comparecido ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que es la encargada de examinarla antes de ser nombrada para dirigir el ministerio público, ante la que ha expresado su "compromiso" y el del Ministerio Público con el Estado de derecho, la defensa de la legalidad y ha asegurado que "en la España del siglo XXI nadie es perseguido por sus ideas".

"No podemos hablar de presos políticos", ha dejado claro Segarra al tiempo que ha expresado su "apoyo inequívoco" a los fiscales que ejercen su función en Catalunya y ha advertido que será "firme" ante "cualquier intento de condicionar" a los miembros del Ministerio Fiscal.

Para Segarra, "sin ley no hay democracia" porque "la ley nos vincula a todos". Ahora bien, también se ha comprometido a trabajar para velar porque se respeten "las garantías procesales que amparan a toda la ciudadanía" durante su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado.

Impulsará, además, una política de nombramientos que respete el principio de mérito y capacidad y fijar la unidad de actuación, que según ha dicho a los diputados, "se justifica con la igualdad ante la ley".

"Radical independencia"

En su primera intervención ante el Congreso, Segarra ha proclamado que su gestión al frente de la Fiscalía estará regida por la "absoluta independencia" y la "plena autonomía". El Ministerio Fiscal "está vinculado en lo material, y subrayo en lo material, al Ministerio de Justicia", ha explicado, porque al fiscal general del Estado "no se le pueden dar órdenes de ningún tipo", pues así lo dice el Estatuto Orgánico de los fiscales.

Esa será la "clave de bóveda" de su mandato durante el que adquiere el compromiso de "cumplir la ley desde la más radical imparcialidad" y guiada bajo los principios de "autonomía, legalidad e imparcialidad".

Segarra, que era fiscal jefe de Sevilla, ha asegurado que no "esconde" que ha sido miembro de la Unidad Progresista de Fiscales (UPF) con "orgullo" y elegida en las últimas elecciones integrante del Consejo Fiscal. Precisamente, salió elegida junto a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, compañera también de asociación.

Segarra ha defendido su capacidad para dirigir la Fiscalía General del Estado y ha recordado que, en su puesto en Sevilla, ha tenido el apoyo de todos los fiscales generales del Estado, desde Cándido Conde-Pumpido, hasta Julián Sánchez Melgar, al que sucederá en el puesto.  "Ofrezco la experiencia porque considero que conozco los problemas de las fiscalías y esperaría mejorar el funcionamiento de la institución si finalmente llego a ser nombrada", ha insistido.

Derogar los plazos máximos de instrucción

La próxima fiscal general del Estado ha anunciado además que promoverá la derogación del límite máximo de seis meses de la instrucción penal que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 y que y "aboca las investigaciones a un callejón sin salida".

Segarra ha explicado que comparte la necesidad de arbitrar un mecanismo para que este límite “no deje lugar a espacios de impunidad” y con los medios necesarios.

El Gobierno del PP introdujo una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (el artículo 324) que limita a seis meses el plazo máximo de instrucción, prorrogable hasta 36 meses en las causas complejas. Pero esta reforma atribuyó a los fiscales la competencia de impulsar esta prórroga para declarar causa compleja, sin darles la capacidad para intervenir en la investigación.

“Este artículo no nos permite realizar ninguna diligencia de investigación”, ha destacado Segarra al expresar la necesidad de modificarlo porque "no puede recaer en exclusiva" el control de los plazos en los fiscales. Y ha citado al respecto a los letrados de la Administración de Justicia ( los antiguos secretarios judiciales).

La próxima fiscal general ha asegurado que este problema "no admite mayor dilación", por lo que defenderá la derogación del artículo 324 o, al menos, adecuarlo a las actuales circunstancias.

María José Segarra ha abogado además por una reforma del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, así como un nuevo reglamento que le dé mayores cotas de gestión y por analizar las cargas de trabajo de los fiscales.

También ha considerado necesario que se replantee el vigente modelo de justicia digital, que ralentiza el trabajo de los fiscales y sin garantías suficientes de seguridad. Y ha reclamado ante el Congreso que la formación -inicial y continua- de los fiscales sea llevada a cabo por el propio ministerio público, y no como hasta ahora que corre a cargo del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.