Avanza la investigación sobre los casos de explotación sexual de menores tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) en Palma. Este jueves, Diario de Mallorca, informaba sobre la detención de 17 personas acusadas de un delito de corrupción de menores, presuntamente cometido entre 2018 y 2019. El caso estalló en enero de 2020, cuando trascendió que varias niñas que se fugaban de los centros de acogida acababan siendo víctimas de trata.

Las 17 detenciones se llevaron a cabo en dos fases; la primera acabó con la detención de tres jóvenes, todas ellas menores de edad, el pasado agosto, por captar a otras adolescentes para que fueran explotadas sexualmente. La segunda fase concluyó el miércoles, cuando fueron detenidas otras 14 personas, diez hombres y cuatro mujeres, de edades comprendidas entre 21 y 65 años, que en su mayoría eran quienes contactaban con menores a través de páginas web de contacto para adultos para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.

La investigación continúa abierta. La Policía no descarta nuevas detenciones relacionadas con este caso que, además de las evidentes consecuencias penales y judiciales, tiene también unas ramificaciones que salpican a varias instituciones públicas, especialmente a los servicios sociales. El caso es tan polémico que ha provocado una enconada batalla política en la isla en el último año y medio, con una comisión de investigación del Consell de Mallorca por medio. El caso ha llegado incluso al Parlament balear.

PP y Vox han aprovechado el caso para atacar a la izquierda, que gobierna en el Consell de Mallorca, por su gestión de los servicios sociales. Los partidos de izquierda responden que aunque el caso estalló a principios de 2020, la explotación sexual de menores tuteladas por los servicios sociales de la isla de Mallorca es algo que se remonta muchos años atrás.

De hecho, la directora insular de Infancia y Familia en el Consell de Mallorca entre 2016 y 2019, Magdalena Gelabert, de Unidas Podemos, afirmó en marzo de este año en la Comisión Política sobre Explotación Sexual Infantil en el Consell de Mallorca que "hay indicios de explotación sexual de menores en Mallorca desde 2011 o antes". Gelabert añadió que fue a partir de 2015 cuando "se empezaron a monitorizar las fugas y a darle importancia a este tema".

"Esto viene de muy atrás. Todo el mundo lo sabe, hasta las propias instituciones que trabajan con las menores, pero nadie hace nada", confirman a Público fuentes conocedoras del caso.

Pese a ello, la comisión del Consell de Mallorca concluyó en abril de 2021 que los 16 casos conocidos eran "aislados" y no admitió ningún fallo estructural en el sistema, ni tan siquiera que hubiera culpables o la existencia de una red organizada detrás de estos casos, que es lo más probable y lógico. Eso mismo fue lo que dijo el fiscal superior de Illes Balears, Bartomeu Barceló, en octubre de 2020 cuando insistió que la Guardia Civil y la Policía Nacional coincidían en que no hubo una red orquestada por parte de educadores del IMAS aunque sí casos aislados. El paso siguiente era previsible: la Fiscalía terminó archivando el caso.

Carencias estructurales en todo el sistema

Pero las fuentes consultadas por Público insisten en que este caso de las menores fugadas de los centros del IMAS no es algo aislado, sino una carencia estructural de todo el sistema, empezando por la Policía. "Para empezar, la propia Policía ha reconocido que no da prioridad a la búsqueda de los menores que se fugan de los centros. Pero es peor cuando no denuncias la desaparición de menores o cuando una niña que se ha fugado aparece con un móvil de 1.000 euros y miras para otro lado".

"Todo el mundo intenta tapar este tema porque afecta a todos los equipos de Gobierno, a los anteriores y a éste. La derecha ha utilizado el asunto para echar porquería sobre la izquierda y cuando un tema se intenta utilizar políticamente al final no se resuelve. Las niñas que están en los centros no tienen la protección que deberían en casos de abusos. En Palma incluso ha habido casos recientes de abusos en los propios centros por parte de educadores", sostienen las fuentes consultadas por Público.

Los cierto es que desde que estalló el escándalo, tanto el Consell de Mallorca como la Delegación del Gobierno han optado por minimizar el problema y restarle importancia. La derecha, sobre todo Vox, ha intentado hacer todo el ruido posible. Mientras tanto, las investigaciones policiales prosiguen, aunque las fuentes consultadas por Público dudan de que estas últimas detenciones vayan a aclarar este asunto: "Han detenido a tres menores por captar a otras, pero al final corremos el riesgo de quedarnos en la superficie porque no sabemos quién explota a estas menores. Está claro que es una red", concluyen.