Caso Villarejo La promotora del Open Madrid de tenis pagó mordidas al exjefe de seguridad de la Mutua que Villarejo logró silenciar

Entre la documentación digital incautada al comisario José Manuel Villarejo cuando se le detiene en 2017 figuran archivos deWord con seguimientos semanales de proyectos. Entre ellos hay uno grabado el 27 de noviembre de 2014 con el título "Seguimiento1S-12.doc" [sic], en el que bajo el asunto genérico "Benja" se contienen dos reflexiones: "Mutua no ha firmado el Convenio para el próximo año, por eso me llama Enrique Arnaldo". Y tras esta frase, otra: "¿Contestar a Arnaldo ante retraso previsible cita con 'amigo de Joe'? - ¿Artículo Prensa?". 

"Benja", Enrique Arnaldo y "Joe". Tres personajes en los que merece la pena detenerse.

"Benja" es el apodo con el que el comisario Villarejo identifica a Benjamín García Cañón, expolicía y jefe de seguridad de Mutua Madrileña hasta principios del año 2014, cuando el presidente de la entidad, Ignacio Garralda Ruiz de Velasco, le cesa y despide de forma fulminante. En la pieza 15 del caso Villarejo se investigaron dos proyectos ("Lump" y "Autum") que "Benja", el único procesado, contrató con el comisario desde la Mutua.

Enrique Arnaldo es el polémico candidato del Partido Popular para una de las cuatro nuevas plazas del Tribunal Constitucional, de la que tomó posesión en fechas recientes. En 2014 ejercía la abogacía desde el bufete Estudios Jurídicos y Procesales SL (marca EJP Arnaldo & Entrena), del que tenía un 45%.

Y "Joe" es Joe Martínez, la vía de contacto con José "Pepe" Merino Jiménez, un abogado entonces del bufete de Arnaldo y asesor jurídico de confianza de Ion Tiriac, el empresario y extenista rumano propietario de Madrid Trophy Promotion SL (MTP), la organizadora del Mutua Open Tenis de Madrid. Esta competición disfruta desde 2007 de un millonario convenio de patrocinio con la Mutua Madrileña que fue clave en la viabilidad del torneo, tal y como escribe el equipo de Villarejo. Según sus propias notas, hasta la firma de este convenio el Open de Tenis solo disponía del apoyo del Ayuntamiento de Madrid y las aportaciones privadas eran "insignificantes".

Siete años después, en esas fechas de noviembre de 2014, la renovación de dicho convenio pendía de un hilo. O así lo creía la promotora MTP. En las primeras semanas del año, la Mutua había descubierto que "Benja", su jefe de seguridad, había estado cobrando a la promotora del torneo una sustanciosa comisión anual en concepto de consecución y mantenimiento del patrocinio. Lo hacía a través de Fronterizza SL, una pantalla de la que su hijo Juan y su mujer, Belén López González (casados en régimen de gananciales), tenían un 75% a través de Jarambiel Investments SL, según detalla la documentación notarial y contable incautada al comisario sobre estas empresas. Alertado de los hechos, el presidente de la aseguradora, Ignacio Garralda, lo cesa de inmediato, avisa a "Benja" de una próxima demanda por vía penal e insta a la promotora MTP a dejar sin efecto cualquier acuerdo con empresas o personas vinculadas a su jefe de seguridad y a Carmen Hernández Fernández, la administradora única y también co-accionista (25%) de Fronterizza SL.

Tal y como se desprende de las agendas del comisario, "Benja" acude a Villarejo "asustado" y "en pánico". El comisario idea entonces el "Proyecto Frog", en el cual trabajó en la práctica para todas las partes, consiguiendo un final satisfactorio global.

La rueda de la fortuna que corta Garralda

Por tanto, en paralelo con la firma en 2007 del patrocinio de la aseguradora al torneo de tenis se fragua otro contrato, en este caso a espaldas de la Mutua y firmado el 15 de febrero de 2007, por el que MTP acuerda el pago de una comisión anual. El pago fue articulado con dos sociedades interpuestas: la promotora pagaba las mordidas a Fronterizza SL, que a su vez se lo transfería a su matriz al 75% Jarambiel Investments SL, la empresa de la mujer e hijo de "Benja". La operativa con Carmen Hernández era similar, y ella, además, desde el 1 de enero de 2010, recibía de MTP una remuneración salarial en concepto de asistencia técnica. La cancelación del acuerdo de comisiones en 2014 dejó a cero la facturación de Fronterizza SL, que en 2018 acabó disuelta mediante absorción por Jarambiel.

A los mandos de la asesoría jurídica de la promotora, y por tanto en el ensamblaje de sus contratos en general, estaba José ("Pepe") Merino, entonces miembro del bufete del polémico nuevo miembro del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo. Merino, el hombre de confianza de Tiriac desde el inicio para el negocio del Open, era muy cercano al alcalde que en 2002 firmó el convenio que posibilitó la llegada a Madrid del torneo: Alberto Ruiz-Gallardón.

En apariencia, pues, la presencia de Enrique Arnaldo en la escena quedaría explicada por la asesoría jurídica que su bufete prestaba a Tiriac y por la dirección letrada contratada por "Benja": el bufete de Villarejo. Pero el depósito de cuentas de Jarambiel Investments SL y apuntes sobre su contabilidad en los cuadernos de trabajo ligan a dicha empresa patrimonial con una persona que jugó un papel muy relevante en Wolters Kluwer, la editora jurídica cuya Fundación cuenta con Enrique Arnaldo como patrono desde su creación.

Luis Jorquera fue el notario ante quien se constituye Jarambiel Investments SL en mayo de 2006. También fue consejero delegado de Wolters Kluwer. — Elaboración Propia con datos del Registro Mercantil

Como figura en la memoria de sus depósitos de cuentas, Jarambiel se constituyó en mayo de 2006 ante el notario Luis Jorquera García, consejero delegado de Wolters Kluwer de 1998 a 2001 con presencia posterior destacada en actos institucionales. Además, de Jarambiel sale un dinero (25.000 euros en diciembre de 2011)  en forma de préstamo participativo hacia Grupo Ingenium Tecnología SL, compañía que presenta varias vinculaciones con Jorquera.

Poder de negociación para el más débil

Así, tras ser alertado, el presidente Mutua Madrileña cesa a "Benja" e insta a la promotora a resolver el acuerdo de pago de comisiones, cosa que se produce en abril de 2014, y también a poner fin a la relación laboral con Carmen Hernández, lo que sucede en julio. Además de "expulsarle", Garralda anuncia a "Benja" una denuncia por la vía penal, tal como apunta Villarejo en su agenda en esos días: "Benja: estaba muy deprimido. Dice que además de expulsarlo le amenaza con denunciarlo a tema penal. Le doy ánimo y le insisto en que se enfrente". 

El "proyecto Frog", que, según se desprende de la documentación incautada al comisario, de la hemeroteca y de la base del Consejo General del Poder Judicial,  finaliza en los dos primeros meses de 2015, se planteó por Villarejo para forzar una solución negociada satisfactoria para todos. Y para ello Villarejo dotó de poder de negociación a sus clientes, la parte más débil: "Benja" y su socia Carmen Hernández.

En el inicio, un "Benja" "asustado" y "deprimido" pide a Villarejo que ejecute de primeras un "apretón" mediático al presidente de la Mutua (difusión de noticias negativas sobre su persona como elemento de advertencia y presión). Este le calma mientras busca la mejor manera de llegar a los asesores legales de Tiriac (Enrique Arnaldo y particularmente José Merino, el "abogado del rumano", según las notas de Villarejo), a través de amigos comunes de confianza como Joe Martínez o el juez Fernando Andreu. El 23 de marzo de 2014,  Villarejo resume telegráficamente lo hablado con este último: "Andreu: Enrique Arnaldo  (abogado del PP). Gallardón"; y en días sucesivos escribe en su agenda: "Benja: vernos 12:30. Insiste en pegar apretón a su presi. Y posible cita con el rumano gracias a GALLARD con el que se verá mañana". Tras la cita con Merino, Villarejo anota el 1 de abril de 2014: "Benja: muy preocupado. Reunión con MERINO (abogado rumano). Le tranquilizo".

Mientras articula vías de comunicación con los asesores legales de Ion Tiriac, Villarejo trabaja para dotar de armas a sus clientes, Benja y Hernández.

Con el bufete de Villarejo como letrado, Carmen Hernández demanda a Madrid Trophy por despido, solicitando al juez la comparecencia de Garralda como testigo a fin de que "explique en sede judicial las razones por las que insta a MTP a que rescinda su contrato laboral". De dicha solicitud y según la documentación que se incauta al comisario, Hernández informa al presidente de la Mutua vía burofax. La comparecencia de Garralda conllevaba el riesgo de que todo el asunto de las mordidas aflorase en la prensa.

Fronterizza SL, por su parte, prepara demanda civil reclamando las comisiones correspondientes a 2013 ya facturadas pero pendientes de cobro. El importe es de 630.000 euros más IVA. Villarejo ha pactado con "Benja" que se llevará el 25% de lo que se logre cobrar de dicha cantidad.

Y mientras tanto el comisario recopila información sobre Garralda y su familia, así como sobre Ion Tiriac, que luego vuelca en sus típicas "notas informativas", el formato con el que suele filtrar a la prensa lo que le interesa cuando conviene.

Acerca del presidente de la Mutua, el comisario discute con "Benja" dos posibles temas para filtrar de forma dosificada como elemento de presión en caso necesario ("apretones", según lo definen) y que finalmente no realizan: implicar al presidente de la Mutua en las mordidas diciendo que el destino final de estas era el "R" (en referencia al rey emérito, amigo de Garralda según Villarejo); enseguida lo descartan por demasiado fantasioso. El segundo asunto que barajan es la difusión de rumorología sobre supuestos contratos adjudicados desde la Mutua a personas cercanas a su presidente.

Sobre Ion Tiriac Villarejo elabora notas sobre su vida y trayectoria empresarial, cuyo contenido coincide en parte con el de artículos publicados en las fechas en las que se prepara la demanda civil contra su empresa exigiendo el cobro de las facturas pendientes. 

En esta ocasión, Villarejo no prepara nota alguna sobre los asesores legales de Tiriac (el bufete de Arnaldo), como suele hacer con los letrados de las personas o entidades a las que presiona o se prepara para presionar para conseguir objetivos. Y en el caso de Enrique Arnaldo no era por falta de material: en aquellas fechas ya se conocía la aparición del jurista en la pieza 5 del sumario del caso Palma Arena. 

El asunto termina a principios del año 2015 en paz y silencio. Nada trasciende a la prensa, el patrocinio de la Mutua al popular torneo de tenis de élite se mantiene y "Benja" no solo no resulta querellado, sino que además sale del trance con el futuro laboral resuelto al ser recolocado en OHL, la constructora del Grupo Villar Mir, según anota el comisario el 27 de mayo de 2014, tras departir con Julio Corrochano (entonces jefe de seguridad de BBVA y al que apoda "KOL"): "Kol: Benja ya trabaja en OLH". Se da la circunstancia de que José Merino fue el letrado a quien el expresidente de la constructora Juan Miguel Villar Mir confió su defensa en los casos Púnica y Lezo, según informa la web de Business & Law, el bufete que el abogado funda en 2015 cuando se independiza de Arnaldo. Y por lo que respecta a las facturas cuyo cobro se pedía, aparentemente fueron anuladas, según la contabilidad de Fronterizza SL guardada en los dispositivos de memoria incautados a Villarejo y su equipo. 

La intervención clave del bufete de Arnaldo 

Pero, además, la impunidad de "Benja" a futuro y el secreto de lo sucedido quedaron garantizados cuando en enero de 2015 un supuesto exempleado de la empresa que prestaba "servicio de soporte informático" a Madrid Trophy Promotion SL borró de manera providencial sus servidores, "sin posibilidad de recuperar la información" (correos, contabilidad, base de datos comercial y de marketing, etc.).

Así consta en la sentencia del procedimiento instruido en el juzgado de instrucción nº 41 de Madrid, que se abrió tras la denuncia de Madrid Trophy y que Público ha localizado en la base de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial. Se dio por judicialmente probado que existió tal borrado, lo que en la práctica supone para "Benja" un escudo contra cualquier denuncia futura por parte de un tercero acerca del cobro de comisiones y una garantía más para el resto de las partes de que el asunto no trascendería. Como letrados de MTP en todo este procedimiento del borrado de servidores se personaron miembros del bufete de Enrique Arnaldo.

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AVISO ACLARATORIO
Esta noticia ha sido objeto de rectificación a solicitud del Sr. José Merino.