El magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido ha decidido apartarse de todos los procedimientos relacionados con el proceso soberanista de Catalunya ante los incidentes de recusación presentados por varios líderes independentistas.

Conde-Pumpido ha presentado esta mañana un escrito al presidente del TC, Juan José González Rivas, en el que le comunica formalmente su abstención en los recursos de amparo presentados contra la sentencia que dictó el Supremo.

En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado se aparta "a fin de garantizar preventivamente el derecho a un proceso con todas las garantías de quienes son parte o se ven afectados por el contenido de las resoluciones cuestionadas".

Lo hace "con el propósito de reforzar la apariencia y confianza en la imparcialidad del Tribunal Constitucional destacando de nuevo la singularidad política y social del objeto de los recursos presentados por los demandantes en relación con su enjuiciamiento".

El magistrado señala que "es conocida y pública la controversia constitucional, social y política que ha ocasionado el enjuiciamiento penal" de las decisiones del Govern y el Parlament en favor de la independencia unilateral de su territorio.

Y que "esta circunstancia excepcional impone y justifica, de forma singular, el mayor cuidado y exigencia en mantener la confianza en la imparcialidad de la actuación de este Tribunal, de manera que, cualquiera que sea su sentido, no se puedan deslegitimar fundadamente las resoluciones que habrán de ser dictadas".

Se trata del segundo magistrado del TC que adopta esa decisión tras Antonio Narváez, quien se apartó ante los incidentes de recusación presentados por los mismos implicados en el procés.

Las renuncias tienen especial relevancia debido que Conde-Pumpido, un magistrado de dilatada experiencia en derecho penal, coordinaba al equipo de letrados que ha revisado hasta la fecha los recursos del procés, una tarea en la que estuvo acompañado precisamente por Narváez, también especialista en asuntos penales.

La recusación de Conde-Pumpido fue promovida por el expresident Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull y el dirigente de la ANC Jordi Sànchez, además de Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig, fugados como el que fuera su jefe en el Govern.

Los incidentes se basan en una conferencia pronunciada en el Congreso de los Diputados el 23 de noviembre de 2017 por Conde-Pumpido de la que informó Libertad Digital el pasado 3 de marzo, en la que mostró su preocupación por que se invocase "la democracia directa para derrocar la Constitución".

Además señaló que "disponen por ello de la preeminencia, de los medios y de los instrumentos que les proporciona el propio marco constitucional para garantizar el autogobierno de su comunidad, incluida la disposición de cantidades relevantes de dinero público o incluso la disposición de armas proporcionadas a sus fuerzas de seguridad (...) Unos instrumentos que pueden, en determinados casos, desviarse de su finalidad esencial".

A juicio de los líderes independentistas, el magistrado se alineó "plenamente con todas y cada una de las tesis del Ministerio Fiscal en su querella de 30 de octubre de 2017", con alusiones a la malversación, a un alzamiento y a los Mossos, lo que le "priva de cualquier apariencia de imparcialidad" para resolver los recursos, más aun cuando su situación es "análoga" a la de Narváez.

Pero al margen de apartarse, el magistrado sí se defiende negando cualquier prejuicio sobre la culpabilidad de los demandantes.

"Con tales referencias no pretendí anticipar un juicio de culpabilidad penal sobre las decisiones parlamentarias allí analizadas, sino únicamente dar cuenta de su ilegitimidad constitucional; una conclusión que había sido ya expresada por el Tribunal Constitucional actuando como tal", añade el magistrado.

Es más, destaca que "determinadas actuaciones que luego pudieron considerarse relevantes en el procedimiento penal ya habían sido declaradas constitucionalmente ilegitimas, como las leyes del procés, por tanto, "no cabe confundir la ilegitimidad constitucional de una conducta con su relevancia penal".