La muy probable ruptura de ERC y Junts en seis actos
La convivencia entre los socios del Govern ha estado muy lejos de ser idílica durante la actual legislatura y ha estado marcada por las constantes tensiones, sobre todo vinculadas a la cuestión nacional. Repasamos el enfrentamiento en seis episodios clave, a la espera de la consulta a la militancia de Junts de la próxima semana.
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Barcelona, Actualizado:
El cese de Jordi Puigneró como vicepresident del Govern ha desatado el episodio más intenso de las sucesivas crisis entre Junts y ERC de esta legislatura, a la espera de ver si las bases de Junts per Catalunya confirman o no la que ahora mismo parece muy probable ruptura entre los socios de la Generalitat. Con todo, la realidad es que la convivencia ha sido cualquier cosa menos idílica desde el minuto cero, una relación tortuosa que, como mínimo, ya se arrastraba desde el anterior mandato, cuando Quim Torra estaba al frente de la Generalitat.
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El factor personal en política tiene su peso y no puede decirse precisamente que los líderes respectivos -Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en un primer momento, nombres a los que habría que unir el de Pere Aragonès como president del Govern y el de Laura Borràs como la principal dirigente de Junts desde hace meses- mantengan una relación de confianza y complicidad personal, más bien todo lo contrario.
Para evitar las constantes tensiones que ya vivieron ambos socios el pasado mandato, teóricamente en la actual legislatura se habían definido una serie de órganos de coordinación para engrasar el funcionamiento del ejecutivo y alejarlo de enfrentamientos partidistas. Casi año y medio después de la investidura de Aragonés, es evidente que estos organismos no han funcionado -en algunos casos directamente ni se han constituido- y las constantes reuniones entre ERC y Junts para resolver el último incendio a la larga han servido para poco. Aunque encontraríamos más ejemplos, resumimos en seis episodios clave el enfrentamiento entre las dos grandes formaciones independentistas.
Una investidura al límite
De entrada, la propia conformación del Govern fue problemática, con un acuerdo cerrado a última hora que permitió garantizar la investidura de Pere Aragonès como president después de un par de meses de negociaciones varadas y de posiciones enrocadas. Finalmente, el 17 de mayo de 2021 se selló un pacto, que el tiempo ha convertido en papel mojado en algunas de las cuestiones claves.
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El acuerdo establecía, por ejemplo, que Junts asumía la mesa de diálogo entre gobiernos "con lealtad", pero la realidad es que desde el primer minuto ha menospreciado y boicoteado este espacio. ERC, a su vez, se comprometía a afrontar un nuevo "embate" democrático contra el Estado si la mesa no funcionaba, sin concretar exactamente en qué se traduciría.
Asimismo, también se hablaba de una coordinación de la actuación en las Cortes españolas, que no ha existido, ya que cada uno de los dos partidos ha defendido sus propios intereses. ERC, por ejemplo, ha contribuido a aprobar buena parte de los grandes proyectos del Gobierno de Sánchez -como los presupuestos-, mientras que Junts casi siempre se ha opuesto. Paralelamente, tampoco se ha articulado de forma efectiva el espacio de coordinación independentista, en el que aparte de los dos socios de Gobierno debían participar la CUP y las dos principales entidades soberanistas, la ANC y Òmnium Cultural. Este espacio, que no ha existido debía trabajar en común con el Consell per la República, el ente presidido por Carles Puigdemont, una relación que obviamente no ha existido. Precisamente el rol que debía jugar el Consell fue uno de los grandes elementos de tensión que dificultó la investidura de Aragonès.
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Diferencias sobre la mesa de diálogo
Apuesta estratégica de ERC, la mesa de diálogo entre los gobiernos catalán y español para abordar el conflicto político catalán nunca ha generado entusiasmo en Junts, pero ha sido durante el actual mandato cuando, directamente, ha pasado a oponerse frontalmente a ella. El primer gran encontronazo en torno a esta cuestión llegó en septiembre del año pasado, justo cuando la mesa se reactivaba después de un año y medio de parálisis.
La intención de Junts de acudir con dirigentes de fuera del Govern -como los expresos políticos Jordi Sànchez y Jordi Turulll y la diputada en el Congreso Míriam Nogueras- topó con el rechazo tanto de ERC como del PSOE, que alegaban que era un foro limitado únicamente a integrantes de los respectivos ejecutivos. Finalmente, en medio de fuertes tensiones con ERC, Junts optó por no participar en la mesa de diálogo, una decisión que ha mantenido desde entonces. Con el paso de los meses, además, su rechazo al espacio ha ido en aumento, con el argumento principal de que no servirá para conseguir un referéndum pactado. ERC, en cambio, lo defiende con el argumento que ha permitido que el Gobierno reconozca la naturaleza política del conflicto y es donde se puede abordar bilateralmente la resolución.
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La suspensión de Borràs
Representante del sector más vehemente nacionalmente de Junts y presidenta del partido desde el congreso del pasado junio, Laura Borràs ha sido una de las dirigentes que más ha alimentado tensión entre ambos partidos. Crítica furibunda de la mesa de diálogo, la decisión del Parlament de suspenderla como presidenta de la Cámara -después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya anunciara la apertura de un juicio oral contra ella por varios delitos de presunta corrupción a raíz del troceamiento de contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes-, desató una nueva y previsible tormenta política entre ambos socios.
Una vez se conoció la suspensión, aquel 28 de julio Borràs hizo una comparecencia en el propio Parlament con críticas durísimas tanto a ERC como a la CUP, hasta el punto de acusar a las dos formaciones independentistas de vestirse de "jueces hipócritas" y actuar "en sincronización" con el poder judicial para apartarla del cargo. Desde entonces Borràs ha acentuado su perfil propio, con críticas constantes a ERC -por su apuesta por la mesa de diálogo, por no asistir a la manifestación independentista del 11 de septiembre o por dejarla caer de la presidencia del Parlament- y ha alimentado a los sectores de Junts partidarios de romper el Govern.
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Estrategias nacionales divergentes
Aunque las turbulencias entre los socios han sido constantes desde hace años, en el actual mandato las principales han girado en torno a la cuestión nacional, con el rechazo de Junts a la apuesta de ERC por la mesa de diálogo como a principal expresión. De hecho, en agosto Junts presentó los resultados de su auditoría sobre el cumplimiento del acuerdo de Govern, en el que suspendía la actuación del Ejecutivo justamente a nivel nacional. Directamente, la formación manifestó que la acción de gobierno estaba alejando a Catalunya de la independencia y concluyó que "no podemos seguir así".
La idea de realizar una auditoría sobre el grado del cumplimiento del acuerdo de gobierno -que sí hizo una valoración positiva de las políticas sectoriales- fue una iniciativa de Borràs. A nivel más específico, Junts planteaba básicamente tres puntos de desacuerdo: la mesa de diálogo, la falta de coordinación de los grupos independentistas en Madrid, y la dirección estratégica del Procés. Justamente los tres puntos sobre los que el presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, le pidió a Aragonès "claridad y garantías de cumplimiento" durante el debate de política general, antes de soltar la bomba de la cuestión de confianza.
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Aparte de criticar la apuesta de ERC por la mesa de diálogo y cuestionar su estrategia basada en la necesidad de que el independentismo gane apoyos sociales antes de volver a intentar dar pasos hacia la República catalana, Junts no ha detallado un plan concreto sobre cuál es su hoja de ruta para alcanzar la independencia, más allá de las apelaciones recurrentes al "mandato del 1 de octubre". En este sentido, una parte del partido se ha alineado con los sectores más intensos del independentismo -conocidos como hiperventilados desde otros actores-, que ahora mismo se acercaría a las tesis de la ANC.
La entidad independentista mantiene un discurso muy crítico con los partidos del Govern, como se comprobó en la reciente y masiva manifestación de la Diada del 11 de septiembre. Junts acudió en bloque, con todos sus principales dirigentes y consellers, mientras ERC rehusó ir justamente por entender que iba contra los partidos. El discurso de la presidenta del ANC fue muy duro contra los dos socios de Govern y, directamente, les advirtió con que la entidad articularía una candidatura para las elecciones si ERC y Junts "no hacen la independencia".
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La ampliación del aeropuerto
Que Junts y ERC tienen modelos sociales y económicos distintos es una obviedad y estas diferencias también se han dejado ver en el día a día del Govern, aunque con menor intensidad que los choques vinculados a la cuestión nacional. Uno de los casos paradigmáticos es la ampliación del aeropuerto del Prat, que el ahora cesado vicepresidente Jordi Puigneró negoció directamente con el Gobierno. El proyecto tenía un fuerte impacto ambiental -dañaba irremediablemente un espacio natural del Delta como es la laguna de la Ricarda-, algo que llevó a ERC a rechazarlo tal y como estaba planteado y a reclamar una reformulación. Finalmente, el Gobierno decidió paralizar la inversión, por el rechazo que generaba tanto en ERC como en los Comuns, que se opusieron con fuerza al proyecto desde el Ayuntamiento de Barcelona y desde el propio ejecutivo español.
La cuestión de confianza
El inicio del choque final entre ERC y Junts se vivió el martes por la noche en el debate de política general, cuando el líder parlamentario del segundo partido, Albert Batet, le planteó a Pere Aragonès someterse a una cuestión de confianza. La idea, desconocida por ERC, fue la gota que colmó el vaso y desató una tormenta política que se tradujo en un frenético el miércoles de reuniones en el Palau de la Generalitat, que culminarían con el anuncio del cese del vicepresidente y dirigente de Junts, Jordi Puigneró.
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Notablemente molesto, un Aragonés que en ningún momento se planteó someterse a una cuestión de confianza en el Parlament –el presidente del Govern es el único que puede convocarla– concluyó que el simple hecho de anunciar una medida de este tipo suponía "retirar la confianza al Govern y al president". A partir de ahí, horas frenéticas de reuniones y decisiones hasta llegar al escenario actual.