Los escándalos asociados a la monarquía allanan el camino a los defensores de la república, para disgusto del Partido Popular. El pasado viernes el rey emérito Juan Carlos I volvía a ser noticia tras pagar más de cuatro millones de euros por rentas no declaradas en aras de saldar la deuda tributaria que tiene con Hacienda. Se trata de su segunda regularización en menos de tres meses, después de realizar otro pago en el mes de diciembre por 678.000 euros.

La respuesta inmediata del principal partido de la oposición fue situar esa operación financiera en el "ámbito privado" del monarca, reivindicar su papel en la transición e, incluso, aplaudirle por regularizar sus cuentas. "Me quedo con el legado de don Juan Carlos para ser arquitecto de la transición y pieza imprescindible de la recuperación de las libertades. Sus asuntos privados entran en otro poder del Estado, que tendrá que decidir. Yo me quedo con su legado", dijo el máximo líder del PP, Pablo Casado, el pasado mes de diciembre.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso expresó su "absoluto respeto" a la "decisión" del emérito de regularizar sus cuentas y aseguró que todos los ciudadanos tienen derecho a regularizar su situación con Hacienda "cuando consideran en tiempo y forma". "Por supuesto que la ley es para todos la misma pero no todos iguales ante la ley", señaló en la Asamblea madrileña. Unas declaraciones que su equipo tuvo que matizar después.

Tras conocerse esta nueva regularización, la reacción del PP ha sido idéntica, apenas unos días después de celebrarse el homenaje del 40 aniversario del intento de golpe de Estado de 1981 en el Congreso, en el que el emérito fue el protagonista pese a estar ausente. Fuentes de la formación conservadora reivindican que la importancia de Juan Carlos I  no se puede tapar con cuestiones "privadas" y destacan que si el rey emérito "actúa dentro de esa cobertura legal "no hay más que opinar". 

Estas declaraciones contrastan con las de otras formaciones que también defienden la monarquía parlamentaria como modelo de estado, como son el PSOE y Ciudadanos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su rechazo a las conductas "incívicas" del emérito; la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, admitió que estaba "decepcionada". También censuró la actuación de Juan Carlos I el expresidente José María Aznar: "Si el que representa a la institución no cree en ella, ¿por qué van a creer los demás?", dijo en La Sexta.

Juan Carlos I abandonó España por sus escándalos

El exmonarca decidió abandonar España el pasado mes de agosto tras un continuo goteo de informaciones comprometedoras con sus supuestos negocios opacos. El destino elegido fue Emiratos Árabes, un país de escasa calidad democrática cuyo gobierno oprime y discrimina a mujeres, homosexuales y minorías, en el que Juan Carlos I goza de privilegios por su estrecha relación de amistad con la familia real. Mohamed Bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dabi y hombre fuerte del emirato, ha ejercido siempre de anfitrión durante las visitas del antiguo monarca.

En el PP, lejos de hacer ninguna crítica al respecto, reclaman su vuelta. El presidente andaluz Juanma Moreno, dijo recientemente en la Cadena Ser que el emérito "tendría que estar en España" para "normalizar" su situación fiscal. El conservador también pidió que se hiciera "una diferencia" entre Juan Carlos, la persona, y el rey Juan Carlos I, que, en sus palabras, "es una figura alargada en la historia con una enorme vocación de servicio al Estado".

Una opinión compartida por su homólogo en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que apostilló: "Cualquier persona que quiera regularizar, en el caso de que estemos hablando de regularizar algo, me parece bien". Fuentes de la formación conservadora explican a Público que ninguno de los dirigentes del PP está emitiendo opiniones más contundentes porque no quieren "alentar el debate sobre monarquía o república" como pide Unidas Podemos.

Almeida defiende la vacunación de las infantas y del rey

Entre críticas a la falta de ejemplaridad de la institución y la promesa —que todavía no ha llegado— de mayor transparencia por parte de la Casa Real para mejorar la imagen de Felipe VI, saltaba otro escándalo. El diario El Confidencial publicó que las hermanas del actual rey, las infantas Elena y Cristina, ya se han vacunado contra el coronavirus aprovechando un viaje a Emiratos Árabes para visitar a su padre, que también se ha vacunado en el país.

En un comunicado emitido por la infanta Cristina, se justifica esta decisión alegando que tanto a ella como a su hermana se les "ofreció la oportunidad" de vacunarse con el objeto de tener "un pasaporte sanitario" para ver a su padre, aunque según la embajada de Emiratos Árabes, viajar al país y pagar para recibir la inyección contra el virus es ilegal. "De no ser por esta circunstancia habríamos accedido al turno de vacunación en España, cuando nos hubiera correspondido", reza el escrito.

Varios miembros del Gobierno, entre ellos el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, el de Política Territorial, Miquel Iceta, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la de Trabajo, Yolanda Díaz, han criticado esta vacunación. Para el líder de Unidas Podemos el comportamiento de las infantas con la vacuna y el de Juan Carlos I con sus presuntos negocios ocultos en el extranjero empujan el debate en España hacia "un horizonte republicano".

Sin embargo, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, ha defendido la decisión de las infantas. "A diferencia de todos los que se han aprovechado de su cargo, (ellas) no lo han hecho, ni han quitado la vacuna a ningún español; no ha habido perjuicio", ha argumentado este miércoles. Martínez-Almeida también ha remarcado que "no conviene mezclar a la monarquía con el debate que puede suscitar eso", ya que "desde 2011 no son Familia Real sino familia del rey", por lo que "no es una cuestión de monarquía, sino una cuestión privada".

PP, PSOE y Vox, en contra de eliminar la inviolabilidad del rey

El Partido Popular se unió recientemente a PSOE, Ciudadanos y Vox en contra de una propuesta de Esquerra Republicana para eliminar la inviolabilidad del jefe del Estado y retirar el aforamiento a Juan Carlos I y otros miembros de la Familia Real. La iniciativa, que será rechazada con toda seguridad por la Cámara Baja, pedía que se eliminen "por completo del ordenamiento jurídico y en virtud del principio democrático y de igualdad las prerrogativas de inviolabilidad e irresponsabilidad que puedan amparar comportamientos delictivos o irregulares de la persona del jefe del estado, la Casa Real y cualquier miembro de la Corona".

"El momento más indigno de la historia democrática de España fue abortado por el emérito", argumentó el diputado del PP Jaime Miguel Mateu, defendiendo los aforamientos: "La inviolabilidad no es un privilegio, no se establece en beneficio de la persona sino como salvaguarda en beneficio de sus funciones".