La doble condición de Susana Díaz como presidenta de Andalucía y candidata a liderar el PSOE federal trae consigo una serie de conflictos de intereses, muy a tener en cuenta por su equipo de campaña, sobre todo cuando visita otros territorios. Las mismas exigencias que ayer se leían como reclamaciones legítimas para la comunidad que ella gobierna, hoy resultan difíciles de defender desde Ferraz, porque chocan frontalmente con los intereses de otra región.

Como autoridad máxima del PSOE en España, ¿puede Díaz defender los intereses de los andaluces sin enfrentarse a socialistas catalanes, valencianos, gallegos o vascos? “No tengo ningún roce porque soy socialista, no nacionalista, y defiendo en mi tierra lo mismo que fuera”, asegura Díaz. El discurso lo aguanta todo, pero el problema de fondo es sencillo de entender: los recursos del Estado son limitados. Si se invierte en una región, se deja de invertir en otra.

La mayoría de “facturas pendientes” de Andalucía tiene que ver con el modelo de financiación autonómica y con el reparto de recursos del Estado a las comunidades, cuya reforma está pendiente desde hace cuatro años. Es un debate que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene previsto volver a tratar con los presidentes autonómicos a final de año. Susana Díaz acudirá en representación de Andalucía, pero si vence a Pedro Sánchez en las primarias, también tendrá que consensuar con los líderes territoriales del PSOE, gobiernen o no, una posición común de partido.

Durante muchos años, Díaz y otros líderes territoriales han jugado la baza del agravio comparativo, achacando al Gobierno central (cuando no a Cataluña) que invirtiera en unas regiones a costa de otras. Esto da votos en casa, pero resta credibilidad a cualquier político que aspire a ostentar un liderazgo integrador para el conjunto del país. La presidenta andaluza ha sido singularmente dura al denunciar los “privilegios” de Catalunya durante una campaña en la que atizar a los catalanistas daba rédito electoral en Andalucía. Ahora ese recuerdo es un handicap para la sevillana entre la militancia del PSC. Catalunya es, sin duda, el territorio que le es más hostil, y en el que pondrá todo su esfuerzo por recomponer su imagen.

Roces con Catalunya

Es muy significativo, por tanto, el silencio atronador con el que Susana Díaz respondió a la visita de Mariano Rajoy a Catalunya hace unos días, cuando anunció una inversión extraordinaria de 4.200 millones para los próximos cuatro años. En el pasado, ese anuncio habría provocado una reacción inmediata de la presidenta andaluza y de todo su Gobierno, denunciando el agravio con el sur, rechazando cualquier acuerdo bilateral entre el Gobierno central y Catalunya y acusando a Rajoy de ofrecer prebendas a los catalanistas a costa de los demás. Son palabras gruesas que se han usado en el pasado, no hace mucho.

Esta vez, en cambio, el Ejecutivo andaluz tardó 48 horas en reaccionar, y lo hizo finalmente en boca de su vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, que reivindicó el mismo trato para Andalucía, con una inversión de 10.000 millones en el mismo periodo de tiempo. Esta vez, Susana Díaz evitó exponerse en la defensa de un discurso institucional que, claramente, entra en conflicto con sus aspiraciones orgánicas.

La cifra de los 10.000 millones nace del cálculo que hace el Gobierno andaluz sobre el déficit acumulado por el incumplimiento del Estatuto de Autonomía, según el cual, entre 2007 y 2014 el Ejecutivo central estaba obligado a destinar a Andalucía un presupuesto para infraestructuras equivalente a su peso poblacional (en torno al 18%). Ese compromiso, con rango de ley orgánica, no se cumplió en ninguno de los siete años de vigencia, ni en los últimos años de Gobierno de Zapatero ni durante todo el mandato de Rajoy. La Junta reclama una “deuda histórica” por el déficit de inversiones del Estado en Andalucía superior a 2.298 millones. También Catalunya tiene su propia “deuda histórica” por la maltrecha salud de sus infraestructuras, sobre todo las líneas ferroviarias de Cercanías. Pero ambas exigencias chocan entre sí.

Para ganarse una imagen de mujer de Estado, Susana Díaz ha abandonado el lema del agravio andaluz como arma arrojadiza contra otras las comunidades del norte, pero no contra Rajoy. El borrador de los últimos Presupuestos Generales del Estado apenas destinan a Andalucía un 13,5% del total de inversiones regionalizadas (1.156 millones de euros), lo que supone un 36,6% menos que el año anterior. Díaz ha acusado directamente a Rajoy de “maltratar a Andalucía por razones estrictamente políticas”.

Roces con Madrid y Catalunya

Hasta ahora, la sevillana ha sorteado los inconvenientes de compaginar la presidencia de Andalucía con la candidatura a liderar el PSOE federal apelando al concepto de “amortización fiscal”. Díaz exige al Gobierno central una financiación más justa que tenga en cuenta la igualdad de acceso a las políticas sociales de todos los españoles vivan donde vivan.

Andalucía se siente discriminada en el actual modelo de financiación autonómica, una situación que comparte con la Comunidad Valenciana y con Extremadura, igualmente infrafinanciadas, pero que le enfrenta a Catalunya y Madrid. El PSOE gobierna en las tres primeras regiones mencionadas, pero no en las dos últimas. Además en éstas, Díaz cuenta con menos adeptos que Pedro Sánchez.

Su tendencia a compararse con Madrid y Catalunya desde la perspectiva del agravio con el sur le puede pasar factura en las primarias. Las críticas de la sevillana al modelo actual de financiación llevan aparejada una factura: Andalucía estima que pierde 1.000 millones de euros al año por la mala aplicación del modelo. De donde se detrae ese dinero para compensar a esta región es algo que Díaz no aclara.

Su propuesta es cambiar el reparto de fondos atendiendo a la singularidad de cada territorio: la insularidad, en el caso de Canarias, la población, el envejecimiento de la misma, la dispersión, el número de inmigrantes en las aulas, por ejemplo. “Hay que cuantificar todos esos condicionantes”, dice, sin alejarse del discurso de la “igualdad en el acceso a los servicios públicos”. La presidenta andaluza aboga por cuantificar el coste promedio de cada servicio en España (haciendo una media con lo que cuesta una plaza escolar o una cama hospitalaria en la provincia más rica y en la más pobre). También quiere revisar la financiación por habitante, pero teniendo en cuenta el criterio de eficiencia.

Roces con Extremadura y Canarias

Otra de las viejas reivindicaciones de Susana Díaz al Gobierno central es la petición de un plan de empleo extraordinario para Andalucía, con fondos específicos para esta región, como los que consiguió Extremadura en el pasado, y como los que ha conseguido Canarias en el último proyecto de Presupuestos Generales, presentado hace unos días. Extremadura, al ser la región con menor PIB de España, logró fondos extra por primera vez en 2004, siendo Zapatero presidente.

El Gobierno andaluz no puso peros ni habló de agravio comparativo hasta que en los presupuestos de 2012 y 2013, ya con Rajoy en Moncloa, Extremadura volvió a percibir fondos extra. Entonces la Junta volvió a acusar al Ejecutivo central de favorecer a la Administración de José Antonio Monago (PP). Ahora, Díaz ha cuestionado con la boca pequeña que las últimas cuentas del Estado incluyan un plan de empleo para Canarias y no para Andalucía. “No vamos a pelear con otras comunidades, porque es el Gobierno quien debe garantizar la solidaridad interterritorial. Pero si Canarias se lo merece, Andalucía también”, avisa el portavoz de la Junta.

Roces con Aragón y Comunidad Valenciana

Otro mensaje difícil de articular desde la doble condición de presidenta andaluza y líder virtual del PSOE es la reclamación del eje ferroviario de Algeciras Bobadilla, que aspira a conectar el puerto algecireño (el que mueve mayor volumen de mercancías del país) con todo el continente europeo. Existen dos tramos programados, uno es el corredor central, que pasa por Madrid y atraviesa Aragón hasta la frontera con Francia, y el otro es el corredor Meditaráneo, que pasa por Almería y asciende por la Comunidad Valenciana.

Los intereses andaluces chocan aquí con los de dos barones territoriales, el aragonés (Javier Lambán) y el valenciano (Ximo Puig), ambos aliados de Díaz en las primarias. La sevillana trata de solventar el conflicto trazando una solución salomónica -“para nosotros los dos son prioritarios, queremos los dos”- que resulta inviable económicamente. Gran parte de los recursos para costear las vías férreas vendrán de la Comisión Europea, y Bruselas no está dispuesta a pagar dos trazados paralelos a la vez, por mucho que ya estén planificados. La obra para conectar Bobadilla y el puerto de Algeciras con el resto de Europa necesita 1.300 millones de euros.

El Gobierno central ha destinado sólo 20 millones en los últimos presupuestos para realizar un estudio preliminar, algo que la Junta ha tildado de “surrealista”, porque considera esta infraestructura “indispensable” para impulsar la economía andaluza. Díaz ha firmado recientemente una alianza estratégica con Lambán en Aragón para reclamar conjuntamente el corredor central (que está más avanzado), lo cual ha despertado susceptibilidades en su socio valenciano, Ximo Puig.

Roces con el PSOE que necesita a Podemos

Al margen de lo estrictamente institucional, hay otra vertiente política en la compleja compatibilidad de cargos de Susana Díaz. ¿Puede la andaluza defender ahora la misma posición política en el conjunto del país, donde el PSOE gobierna algunas regiones y ciudades importantes gracias a Ciudadanos y en otras gracias a Podemos? La animadversión de Díaz por el partido de Pablo Iglesias es pública y notoria, la andaluza considera que la formación morada es “el enemigo del PSOE”, como explicitó hace unos días su hombre en el Congreso, el líder provincial de Málaga, Miguel Ángel Heredia.

La presidenta de la Junta no necesita los votos de Podemos en Andalucía, donde les aventaja por 99.000 papeletas y 32 escaños. Disfruta de estabilidad política y presupuestaria gracias al apoyo sólido de sus socios, Ciudadanos, lo cual le permite denostar abiertamente a un partido que le disputa la hegemonía de la izquierda, y al que considera un rival serio. Pero fuera de Andalucía no es así. Algunos barones territoriales que la apoyan, como los presidentes de Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana o Aragón sí dependen directamente de Podemos.

Esto ha obligado a Díaz a modular su discurso, haciendo una distinción estratégica entre el Podemos aragonés o el valenciano, y el Podemos andaluz, al que retrata como “el más radical de todos”. De momento, la dependencia del PSOE de los partidos nuevos para desbancar al PP del poder no le permite una posición más firme respecto a Iglesias: también permite a regañadientes que gobierne el Ayuntamiento de Cádiz, uno de los emblemas de las ciudades del cambio de Pablo Iglesias, pero no por ello deja de atizar a diario a la formación de Teresa Rodríguez.