La presión sobre el delito de sedición crece, pero el Gobierno no avanza en la reforma

Mucho ruido y pocas nueces. La reforma del delito de sedición se ha vuelto a hacer un hueco en la actualidad política hasta el punto de que el PP ha utilizado este asunto como excusa para congelar por enésima vez la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando, en palabras del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el acuerdo en esta materia ya estaba listo. Lo cierto es que, pese al revuelo, no hay ningún avance en esta materia.

Según los populares, unas palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desde la tribuna durante el debate presupuestario, de las que luego se desdijo para recalcar la postura sostenida por el presidente del Gobierno, dieron la voz de alarma para paralizar la renovación del órgano de los jueces, cuyo mandato lleva caducado cerca de cuatro años por el bloqueo del PP.

En ese cruce de reproches cabe destacar que fueron los propios conservadores quienes días antes desligaron la reforma de esta figura jurídica de las conversaciones del CGPJ. "Son cuestiones distintas donde el PP tiene un papel diferente", alegó entonces Cuca Gamarra, la número dos de la formación presidida por Aberto Núñez Feijóo.

El compromiso del Gobierno por reformar el delito de sedición y homologar las penas de cárcel a las recogidas en otros países europeos no es nuevo, pues el propio Sánchez lo asumió como un reto a desarrollar durante esta legislatura. No obstante, el Ejecutivo ha aparcado esta cuestión varias veces bajo el argumento de que no existe una mayoría clara en el Congreso. 

En un principio, los republicanos utilizaron las negociaciones de las cuentas públicas del próximo año para introducir este asunto ante el riesgo de que la legislatura finalice sin ningún avance en lo que denominan la desjudicialización del conflicto político catalán.

Si bien, a medida que las conversaciones con el PSOE se han indo produciendo en las dos últimas semanas, los republicanos han diluido este tema en la negociación presupuestaria para subrayar otras prioridades, como es el desbloqueo de la ley de vivienda y la reforma de la ley mordaza o la ejecución de las inversiones en Catalunya ante el bajo porcentaje actual (solo el 16% en los primeros seis meses de 2022).

El que este asunto se haya puesto de nuevo encima de la mesa ha evidenciado la existencia de una mayoría clara a favor de una reforma, para la que se necesitan al menos 176 síes. Y es que, además del PSOE y ERC, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís y BNG son partidarios de la reforma penal para modificar el delito de sedición.

"Ninguna novedad" pese a la campaña de la derecha

No obstante, a pesar de esta predisposición, el Gobierno no ha avanzado en esta materia que, en cualquier caso, se empeña en desligarla de los Presupuestos y enmarcarla en la mesa de diálogo. Pese al ligero avance en las palabras de María Jesús Montero desde la tribuna afirmando que "lo traeremos [la reforma del delito de sedición] a esta cámara, que tendrá que decidir sobre esta cuestión", la propia ministra se desdijo de sus declaraciones minutos después en los pasillos del Congreso.

"En el fragor de este debate de presupuestos no siempre uno termina de completar las frases, y lo que he querido decir es que es un compromiso firme cuando tengamos las mayorías suficientes para poder impulsarlo, cosa que hoy no ocurre. Disculpad si habéis entendido que estaba haciendo algún anuncio añadido a lo que ya existía. Para nada. Estaba reproduciendo lo que el presidente ya había dicho. Ninguna novedad", remachó la titular de Hacienda.

Desde Moncloa insisten en que "no hay ninguna fecha" prevista para impulsar la medida toda vez que la actividad en el Congreso estará copada hasta final de año por los Presupuestos y por la tramitación de otras normas relevantes y aún pendientes, como la ley de vivienda, la reforma de la ley mordaza o la ley trans. Y a la vuelta de la esquina espera el ciclo electoral con las autonómicas y municipales de mayo y las generales de finales de 2023, unos acontecimientos que a ojos de ERC pueden torpedear dicha reforma, como ha ocurrido meses atrás con las convocatorias electorales de Madrid, Castilla y León y Andalucía.

Más allá de utilizar este asunto para retrasar de nuevo la renovación del CGPJ, el PP lo aprovechará para atacar al PSOE al anunciar que presentará mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos para que los socialistas de cada territorio "digan alto y claro" si están de acuerdo con que se rebaje el delito de sedición.

Sobre la actitud del primer partido de la oposición y de esta nueva campaña, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha afeado que es un intento de desviar la atención de su falta de responsabilidad y de "tapar sus vergüenzas", mientras que sobre el delito de sedición ha confirmado que "no ha cambiado nada". "No hay novedad. El Gobierno tiene un compromiso, que pasa por homologar el Código Penal español de este tipo al resto de ordenamientos jurídicos", ha señalado Rodríguez.