El presidente de Murcia, camino de ser encausado

Un informe de la Intervención General del Estado sobre el “caso Auditorio”, cuyo principal implicado es el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, confirma punto por punto todas las irregularidades e incumplimientos legales cometidos en una construcción en Puerto Lumbreras, población de 14.000 habitantes de la que entre 2003 y 2013 fue alcalde el ahora mandatario murciano, que costó casi seis millones de euros, se recepcionó sin que estuviera terminada y a la que le faltan otros dos millones para poder ser acabada.

El informe fue solicitado por la juez instructora del caso, Pilar Andreo, del número uno de Lorca, antes del pasado verano, después de hacer una nueva y minuciosa –según fuentes jurídicas– recopilación jurídica del asunto debido a que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia se inhibió de la causa, que había sido investigada y denunciada por la Fiscalía regional, y la envió a aquel partido judicial del que depende Puerto Lumbreras.