MADRID.- La Audiencia Provicial de Sevilla ha confirmado una sentencia pionera en España, que condena a Luis Pineda, presidente de la Asociación de Usuarios Bancarios, por intromisión ilegítima en el honor del portavoz de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez.  La resolución no es firme.

La novedad reside en que, de confirmarse, Pineda deberá tuitear durante 30 días el fallo de la sentencia, además de indemnizar al perjudicado con 4.000 euros, además de borrar 57 mensajes referidos a Sánchez, donde sostenía preguntas como "por cobrar fondos ilegales se puede ir a la cárcel, no?", "cuándo explicas tus facturas fraudulentas y dimites de FACUA", además de insultos como "golfo", "imbécil", "corrupto", "vago", "sinvergüenza"…

La razón por la que Pineda está obligado a publicar el fallo en Twitter y durante 30 días es que utilizó dicha red social para difamar a Sánchez y por haber sido ésta tan reiterada y constante como lo habrá de ser ahora la corrección, según concluyó el juzgado de primera instancia 22 de Sevilla en una sentencia confirmada ahora por la Audiencia, según anuncia Facua.

En un auto fechado el 8 de septiembre, la Sección 8ª de la Audiencia de Sevilla confirma que Pineda ha utilizado en Twitter "expresiones y comentarios vejatorios e insultantes" contra Sánchez que "evidentemente lesionan su honor" y cuya "reiteración" representa "una muestra clara de la intención de atentar contra el honor ajeno".

La sentencia acepta la petición de Sánchez y obliga al presidente de Ausbanc "a publicar el fallo de la sentencia a través de la cuenta de Twitter del demandado, mediante la transcripción del fallo en un tweet usando una herramienta creada al efecto para aumentar el número de caracteres permitidos, publicándolo durante 30 días en el horario de mañana (de 9 a 14 horas) o tarde (de 17 a 22 horas)".

@LuisPineda_ aún no ha comenzado a tuitear el fallo ,ya que la sentencia aún no es firme. Hace unas horas difundió, en cambio, este mensaje “Rubén esta siendo investigado por la Guardia Civil por emitir y cobrar facturas falsas de fondos destinados a desempleados. Causa Penal”