Sus relaciones son cada vez peores, pero sólo de cara a la galería. El distanciamiento entre PP y Ciudadanos se ha recrudecido especialmente esta semana hasta el punto de que muchos medios hacen prever ya el fin de la legislatura. Sin embargo, el pacto entre ambas formaciones sigue vivo y las acusaciones mutuas no son más que "parte del juego político". 

Así lo dejan entrever los conservadores, convencidos de que los ataques de sus socios no son más que "postureo" -en palabras de un miembro del Gobierno-  que se agotará cuando el "suflé" de las encuestas "se desinfle". No obstante, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha desaprovechado la ocasión para acusar a los de Albert Rivera de "deslealtad" y arremeter contra ellos con el fin de frenar su crecimiento.

Todo empezó en la campaña catalana, cuando el presidente de Cs espetó que apoyar al PP sería tirar el voto a la basura y en Génova contrarrestaron advirtiendo de los peligros de su campaña del voto útil. Tras confirmar los resultados (Inés Arrimadas ganó sin mayoría suficiente para arrebatar el poder a los independentistas, mientras Xavier García Albiol se quedó sólo con 4 diputados), la estrategia de los conservadores se recondujo para acusar a los naranjas de "irresponsables" por no querer gobernar. "Ciudadanos se ha autodescartado como partido de Gobierno", espetó el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo en una entrevista en RNE.

En esa línea continúan ahora, instándoles a que se presenten a una investidura que se sabe fallida de antemano para que, al menos, echen a correr los tiempos electorales y se puedan repetir los comicios. Rivera respondió rotundo: "Arrimadas no es una artimaña jurídica", zanjó.

Además, esta semana aprovechó la primera sesión de control del nuevo curso parlamentario para forzar a Rajoy que explicara si se habían destinado fondos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la causa independentista, como sospechan los jueces.  El presidente negó la mayor y devolvió el ataque: "No se equivoque de rival en Catalunya", le espetó desde la tribuna del Congreso.

Otro de los focos de conflicto desde hace algún tiempo es el de la equiparación salarial de Policía nacional y autonómica. Ciudadanos puso dicha medida como condición para dar su apoyo al Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, se comprometió a ello y así lo fijaron ambas formaciones en su preacuerdo sobre las cuentas. Pero los PGE siguen retrasados sine die y los naranjas siguen presionando al Ejecutivo con esta cuestión. 

Por su parte, el PP ha contraatacado marcando agenda con la prisión permanente revisable. No sólo ha impulsado su campaña para evitar la derogación de la normativa, sino que este mismo viernes ha presentado un anteproyecto de ley para ampliarla introduciendo cinco delitos más que estarán penados con la más conocida como cadena perpetua.

Ello les sirve para diferenciarse de los naranjas y arremeter contra sus constantes cambios de opinión. Rivera pactó la derogación de la norma con Pedro Sánchez, luego se abstuvo en el Congreso y ahora ha presentado su propia enmienda para endurecer el tercer grado, dejando el debate sobre la prisión permanente revisable en stand by hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional. "Ciudadanos revisa permanentemente sus principios", lamentó el propio Rajoy el pasado domingo. 

En lo que a regeneración democrática se refiere, el PP lo tiene claro: "Lecciones, de Ciudadanos ni una", suelen responder. Y es que no ha sentado muy bien en las filas conservadoras que los de Rivera hayan puesto una nueva condición para apoyar los PGE: la dimisión de la senadora imputada en Púnica, Pilar Barreiro.

Rajoy se ha limitado a prometer que estudiará dicha petición cuando la reciba de forma directa, pero desde Génova sí han contraatacado con el informe desfavorable del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de Cs: el próximo jueves se tratará dicho tema en la comisión correspondiente que el PP abrió en el Senado para contraprogramar la que la oposición impulsó en el Congreso para investigar la presunta caja B del PP.

Por otro lado, el trasvase de concejales y cargos públicos entre PP y Ciudadanos también ha contribuido al enfrentamiento entre ambos. Los primeros aseguran que los segundos están realizando "barridos" para intentar llevarse a sus restos a sus filas,aunque dicen no estar preocupados por ello. Los segundos, todo lo contrario: dicen que son los conservadores desencantados con Rajoy quienes llaman a la puerta del "lado bueno". 

Esta misma semana, además, Ciudadanos ha anunciado su retirada de la subcomisión del pacto por la Justicia acusando a PP y PSOE de no tener intención alguna de despolitizar los tribunales. Para Génova, esto es una prueba más de que sus socios intentarán complicarles la legislatura, no sólo con los PGE, sino también con otras iniciativas legislativas. "Más que un socio de Gobierno, parece el jefe de la oposición", criticó el número tres del PP en la citada entrevista. 

Maillo también aseguró que la reforma de la ley electoral que promueve Ciudadanos en "sintonía" con Podemos no se debe a su intención de mejorarla, sino de sacar beneficio propio de la misma. "Están buscando votos. Lo que no consiguen en las urnas quieren conseguirlo con una reforma de la Loreg (Ley Orgánica del Régimen Electoral General)", opinó insistiendo en su propia propuesta de modificación para que gobierne el partido más votado.

Las encuestas, de parte de los naranjas

En cualquier caso, ni Génova ni Moncloa se creen del todo que vaya a llegar la sangre al río. Creen que la nueva actitud de Ciudadanos se debe a su crecimiento en las encuestas -la última, de El País, vuelve a colocarles en primera posición y ganando cada vez más terreno al PP-, que, para ellos, son sólo "una foto fija de un momento concreto".

Por ello, creen que el éxito de los naranjas será momentáneo y que, en ningún caso, supondrá un motivo de inestabilidad hasta el punto de forzar a Rajoy a convocar unas elecciones anticipadas. "Cada uno hace política como la quiere hacer, pero el pacto se está cumpliendo", valoran desde Moncloa. También Rivera reconoce este punto: "Si Rajoy cumple, no habrá problema", insiste volviendo a prometerle su apoyo si acepta sus condiciones.

El líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, y la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, en una de sus reuniones previas al acuerdo de investidura. Archivo EFE

Una situación similar vivieron ya sus compañeros de Cs en Madrid, liderados por Ignacio Aguado, con su pacto con Cristina Cifuentes. La comisión de investigación de la corrupción en la Comunidad no deja de ser fuente de conflicto entre ambas formaciones, pero su acuerdo nunca ha llegado a romperse. Lo mismo ocurrió en Alcorcón, por ejemplo, donde Cs pidió la dimisión del alcalde -David Pérez- pero no se atrevió a apoyar la moción de censura que promovió el resto de la oposición. 

Tanto David Pérez como Cristina Cifuentes siguen en sus puestos. La segunda incluso logró aprobar los presupuestos de la Comunidad a tiempo. Rajoy, todavía no, dado que no depende sólo de Cs (necesita también a PNV, CC y NC), pero podría llegar a hacerlo. El PP así lo cree. Para ellos Rivera es sólo un perro ladrador, poco mordedor.