El Partido Popular (PP) toma una decisión sin precedentes en el Senado al tumbar una ley y devolverla al Congreso sin que se haya registrado previamente ningún tipo de enmienda ni veto. El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, lo ha dispuesto así una vez terminado el pleno en el que el Partido Popular (PP) ha rechazado la reforma que permitirá a los presos en el extranjero conmutar sus penas. Según ha explicado, los populares fundamentan la decisión en un informe de los letrados del Senado.

Dicho informe, al que ha tenido acceso Público, reconoce que se trata de un "caso inédito". Con la interpretación que se había hecho hasta ahora y con la que también ha trabajado siempre el PP, para que el Senado tuviera capacidad de tumbar una ley y devolverla al Congreso tenía que haberse registrado previamente un veto, una enmienda a la totalidad. Si, como es el caso, hay una total ausencia de vetos y enmiendas, el Senado tendría la capacidad de posicionarse en contra, pero nunca de tumbar una ley y mandarla de vuelta a la Cámara Baja.

La mejor síntesis del informe de los letrados del Senado aparece en la página cinco de las doce que tiene. "El veto integra un rechazo frontal y global al proyecto o proposición remitidos por el Congreso, es decir, una enmienda a la totalidad. Este es el sentido del veto previsto en el artículo 90.2 de la Constitución Española", señalan. El quid de la cuestión es que consideran que "sería excesivamente formalista ignorar la voluntad real del Pleno del Senado de rechazo del texto por una aplicación de los preceptos reglamentarios que regulan el
procedimiento legislativo en el Senado en el sentido de entender que solo hay veto si se ha presentado este formalmente".

En otras palabras, los letrados dicen que, al haber demostrado el PP con una mayoría absoluta que el Senado rechaza la iniciativa, debe entenderse como un veto a pesar de no haberlo registrado. Es algo que ha sorprendido a propios y extraños; una lectura del reglamento alejada a las que se habían hecho hasta la fecha.

La secretaría general de la Cámara, que lidera Sara Sieira, sustenta su posición con un caso de 1995, que no considera un precedente en su totalidad porque no cumplía las mismas características que el actual. En cualquier caso, señala que "ante la falta de precedentes y a la vista de lo señalado por la sentencia del Tribunal Constitucional 97/2022, puede considerarse, de conformidad con el artículo 106.1 del Reglamento del Senado, como  un veto, dando lugar por consiguiente a la vuelta del texto al Congreso de los Diputados". 

El caso de 1995 en el que basan su informe los letrados es el referente a la ley que pretendía declarar reserva natural a Ses Salines (Ibiza), que fue rechazada por la mayoría simple de la Cámara.

Con todo, hoy por hoy la reforma que permite a los presos en el extranjero (entre ellos, según se ha señalado, 44 etarras) conmutar sus penas ha sido devuelta al Congreso por 148 votos en contra; 111, a favor y dos abstenciones. La Cámara Baja tiene la última palabra y podrá dar el "sí" definitivo, pero está por ver cuál es la reacción de la presidencia del Congreso al volantazo reglamentario del PP.

Fuentes de la presidencia del Congreso apuntan que "el Senado debe enviar oficialmente su inédita decisión" y, posteriormente, "los servicios jurídicos del Congreso lo estudiarán para que la Mesa de la Cámara Baja, el martes día 22, pueda decidir su posicionamiento".

Debate bronco antes del 'volantazo'

El tono exhibido por el PP ha sido durísimo. De hecho, ha sido María del Mar Blanco la senadora elegida para marcar la posición de los de Alberto Núñez Feijóo. La hermana de Miguel Ángel Blanco, concejal popular asesinado por ETA en 1997, ha acusado al PSOE de "pisotear a las víctimas" y de "obedecer a Arnaldo Otegi" a cambio "de siete votos manchados de sangre", en referencia a los de EH Bildu.

Hace solo una semana, en el Congreso, los populares ya escenificaron su oposición a la reforma con la interrupción de la sesión plenaria por la entrada de Blanco, que recibió una ovación cerrada, como la de este lunes, por parte de su bancada. Es el mismo pleno en el que Miguel Tellado zarandeó un collage con 12 miembros del PSOE asesinados por ETA, algo que fue ampliamente criticado incluso por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), que exigió al portavoz popular "quitar sus sucias manos" de sus "seres queridos".

La encargada de defender la reforma por parte de los socialistas ha sido María Elena Diego Castellanos, que ha acusado al PP de "utilizar a las víctimas del terrorismo, como siempre". La senadora ha defendido la postura socialista ―la reforma corresponde a una armonización de la legislación española con la europea― y ha reprochado al PP haber promovido "un espectáculo bochornoso" que coloca al país "en la confrontación y en la preocupación" creando una "realidad paralela" para tapar una "crisis interna" en su partido.