El PP registrará una enmienda con texto alternativo a la reforma para usar las lenguas cooficiales
El PP se suma así a la que Vox ya ha registrado y en la que solicita que se añada un único apartado al artículo 15 del reglamento.
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Madrid, Actualizado:
El PP tiene previsto registrar este miércoles en el Congreso una enmienda de totalidad con texto alternativo a la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el uso de lenguas distintas al castellano y avisa de que una reforma de este tipo "debe realizarse por consenso".
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La enmienda a la totalidad del PP se suma a la que Vox ya ha registrado y en la que solicita que se añada un único apartado al artículo 15 del reglamento, para que los diputados, además de estar obligados a asistir al pleno y a las comisiones de las que forman parte, empleen el español tanto en sus intervenciones orales como en los escritos que presenten.
Este martes se abrió el plazo de presentación de enmiendas a la proposición de reforma del Reglamento de la Cámara para oficializar el uso de las lenguas cooficiales. Esta fase se inició tras el Pleno que aprobó tramitar dicha iniciativa y en el que ya se usó el catalán, el gallego y el euskera tras la decisión de la Mesa.
El PP subraya en que presenta su iniciativa "con el objetivo de que no se modifique el Reglamento del Congreso" y señala que "cualquier reforma del mismo debe realizarse por consenso en el marco de la Comisión del Reglamento".
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El pleno del Congreso para debatir estas dos enmiendas a la totalidad comenzará este jueves a primera hora, ya que UPN ha señalado que pese a estar en desacuerdo con esta reforma del Reglamento no registrará ninguna enmienda a la totalidad.
La reforma del Reglamento de la Cámara fue avalada este martes en el pleno por mayoría absoluta, con los votos favorables del PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts, BNG y CC; los mismos que previsiblemente rechazarán ambas enmiendas del PP y Vox.
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La reforma prevé implantar el uso del catalán, euskera y gallego con traducción en toda la actividad parlamentaria y que prevé un plazo máximo de seis meses para disponer de los medios necesarios para tramitar los escritos presentados en alguna lengua oficial distinta al castellano.