El PP rechaza la sentencia que absuelve a quienes protestaron frente al Parlament

Aunque los conservadores siempre apelan al "respeto por las decisiones judiciales", hoy sí han mostrado abiertamente su rechazo a una sentencia judicial. "Lo mejor que se puede decir de esa sentencia es que es recurrible", ha manifestado este martes Alfonso Alonso sobre la decisión de la Audiencia Nacional de absolver a los acusados por la protesta frente al Parlament que tuvo lugar en 2011. "No la ha comprendido nadie", agregó.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha hecho estas declaraciones tras haber participado en la Diputación Permanente de la Cámara baja, donde la oposición se ha rebelado contra la tramitación de urgencia del Real Decreto-Ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y que, entre otras medidas, privatiza el Registro Civil. Al margen de la bronca suscitada por esta cuestión entre conservadores y el resto de los grupos, el portavoz del PP insistió en que los 19 acusados sí realizaron "un ataque a una institución democrática". "Cuando esos ataques quedan impunes sin duda se tiene una sensación muy negativa para la convivencia democrática", continuó Alonso.

Así, ha coincidido con la postura del conseller de Interior de la Generalitat, Ramón Espadaler, que ha defendido el voto particular del magistrado Fernando Grande Marlaska, que abogó por que 10 de los acusados deberían haber sido condenados, ya que "alteraron el funcionamiento y dignidad del Parlament". "Me quedo con el contenido del voto particular", concluyó Alonso.

Para la Izquierda Plural, en cambio, la decisión de la Audiencia Nacional refuerza el derecho de libertad de reunión, por lo que, mientras la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, se ha limitado a "respetar las decisiones judiciales", en este grupo parlamentario (que integra a IU, ICV y Cha) se han mostrado satisfechos con la buena noticia. "Esto demuestra que el Gobierno, cuando quiere criminalizar las protestas, se encuentra con sentencias que le dicen que las protestas no se pueden criminalizar", celebró el diputado de IU José Luis Centella.

Su compañero Joan Coscubiela (ICV) considera también que la sentencia es "una interpretación muy amplia del derecho de libertad de reunión y de manifestación que deberían debería llamar la atención de todos los responsables gubernativos". "Con esa sentencia hubiera sido imposible que los sindicalistas hoy amenazados de entrar en la cárcel por participar en actos de huelga hubieran sido condenados", continuó Coscubiela. "Espero que tomen buena nota, que  [el anterior conseller de Interior] Felip Puig tome nota de lo que le dice esa sentencia, que posiblemente lo que sucedió tenga bastante que ver con la negligencia con la que puso en marcha su sistema de seguridad", concluyó.