La Audiencia Nacional ha imputado este martes a Alfredo Prada, consejero de la Comunidad de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre, por las presuntas irregularidades en la construcción del Campus de la Justicia, un macroproyecto para aunar todas las sedes judiciales de la autonomía.

El juez instructor José de la Mata ha adoptado esta decisión en un auto en el que llama a declarar al exdirigente el próximo 27 de marzo a las 10 de la mañana en calidad de "responsable del desarrollo económico y contractual de la sociedad".

El hombre elegido por Casado para vigilar las corruptelas del PP al frente de la Oficina del Cargo Popular del partido es uno de los primeros padrinos políticos del
actual líder del partido. Fue precisamente Prada quien dio a Casado su primer sueldo público como asesor parlamentario de la Conserjería de Justicia de la comunidad de Madrid, pese a que este aún no había finalizado sus estudios en derecho. Ni un año ha pasado desde esa decisión y la Audiencia Nacional ya lo cita como investigado.

De la Mata, que estudia delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y otros, señala en su escrito que "la sociedad no seguía ningún criterio de racionalidad económico-organizativo", y presentaba "un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal sumamente débil".

Además, prosigue el auto, todos los puestos de trabajo "se cubrieron con personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados", e incide en la falta de documentación que cotejo la Cámara de Cuentas cuando trató de fiscalizar la actividad de la Ciudad de la Justicia.

El magistrado señala que el informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de marzo de 2018 concluye que CJM no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público.

Entre otros elementos, denuncia la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad, la falta de rendición de las cuentas, presentadas incompletas o fuera de plazo en varios ejercicios, las deficiencias en la información sobre las inversiones financieras, de tesorería o del inmovilizado.

Observa que las "carencias en la determinación del objeto de los contratos conllevan que, en prácticamente todas las licitaciones realizadas por CJM, se hayan utilizado criterios de valoración que tienden a suplir la falta de precisión en la definición de las prestaciones, exigiendo a los licitadores que la completen con sus proposiciones".

Tampoco existe en el archivo de la empresa desde septiembre de 2009 a diciembre de 2010. "No existe ningún tipo de facturas que demuestren la realidad de los gastos efectuados", mientras que de los otros ejercicios "es significativo el desorden en materia de facturación".

Por eso, tras un detallado escrito de 20 páginas donde se enumera una larga lista de presuntas irregularidades, el juez ha adoptado la decisión de imputar a Prada en un auto en el que llama también lama a declarar como imputados a otros tres ex altos cargos del Campus de la Justicia: Isabelino Baños, ex director general técnico; José Sanz Piñar, subdirector técnico; y Alicio de las Heras, director de Área Financiera.

Todos ellos a la vista de la valoración de los contratos y gastos que contiene el informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre el CJM, debido
a que ocuparon puestos clave en la empresa, que dejó un endeudamiento patrimonial superior a los 105 millones de euros.