El PP instaura con su 'ley mordaza' el "derecho administrativo del enemigo"

"Para el Gobierno del PP el ciudadano que protesta es el enemigo", afirma Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia. Así lo ponía de manifiesto el propio Jefe Superior de la Policía valenciana, Antonio Moreno, cuando mandó cargar duramente contra "el enemigo", que en ese momento para él eran los jóvenes que protestaban en defensa de la Educación Pública durante la llamada Primavera Valenciana. Según Bosch, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que se anunció este lunes y que el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz llevará al Congreso, el ejecutivo está recurriendo al derecho penal del enemigo, aquél que en pos de la seguridad castiga al autor por el hecho de ser peligroso, es el enemigo, el que está fuera de la ciudadanía que sí se rige por las normas ordinarias. Pero la mayoría de personas que protestan no cometen delitos penales, por eso, para ellos, "se impone ahora el derecho administrativo del enemigo".

Los temores de muchos se han cumplido. Según establece el anteproyecto, los escraches de la PAH frente a las viviendas de representantes políticas, las concentraciones no comunicadas cerca de instituciones tales como el Congreso de los Diputados o la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones serán consideradas infracciones muy graves y, por tanto, podrán ser castigadas con una multa de entre 30.001 a 600.000 euros. Ya empezado a denominarse como "ley mordaza". O #LeyAnti15M, como ha sido bautizada en Twitter por miles de usuarios.

No ha tardado en despertar un aluvión de reacciones en contra. Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial, entiende que esta ley queda dentro de la línea de "restricción de derechos" que lleva siguiendo el Gobierno conservador desde que ganó las elecciones hace dos años, éste sería "sólo un eslabón más". De este modo, entiende que "hay que ponerla en el mismo rango del nuevo código penal, rezuma una gran demagogia populista". Añade que lo que está intentando el PP es "poner el foco en ese tema y obviar otras cuestiones como los recortes en Educación y Sanidad".

Margarita Robles (TS): "Esta ley rezuma una gran demagogia populista" Bosch es más rotundo: "Con el pretexto de la seguridad, y según una perspectiva autoritaria, el Gobierno criminaliza determinadas formas de protesta social que los ciudadanos usan para expresar su malestar con los recortes sociales". El portavoz de Jueces para la Democracia explica, en declaraciones a Público, que el PP estaría intentando castigar a los ciudadanos que protestan fuera de las leyes penales, pues los tribunales no son tan contundentes como le gustaría, y utilizar para ello las faltas administrativas.

Un ejemplo serían los escraches, que el presidente del Tribunal Supremo llegó a describir como "un ejemplo de la libertad de manifestación". Así, "el Gobierno saca de un espacio donde hay tribunales independientes la valoración de estas conductas y las lleva al ámbito administrativo. Además, cuando el ciudadano quiera defenderse ahí deberá pagar unas tasas desorbitadas", que muchos no podrán pagar.

También entiende que en las medidas sancionadoras "hay claros elementos de desproporción". Aunque valora que, efectivamente, hay una obvia situación de conflictividad social en el país en estos momentos, en su opinión un gobierno democrático debería convencer con argumentos en vez de castigar a quienes protestan. Y para él el argumento de la seguridad es sólo un pretexto "para restringir derechos", pues "en nuestro país no hay ningún problema de seguridad. Las encuestas revelan que a la gente le preocupa la situación económica, el paro, la corrupción, pero no la seguridad ciudadana".

La tasa de criminalidad no ha parado de bajar durante los últimos años

De hecho, la criminalidad no ha parado de bajar durante los últimos años. Los delitos y faltas registrados en España en 2012 se han reducido un 0,7% con respecto al año anterior, lo que mantiene el índice de criminalidad en nuestro país como uno de los más bajos de la Unión Europea, según cifras del propio Ministerio de Interior. En cuanto al aumento de la conflictividad social, sí ha habido un aumento cualitativo y cuantitativo de las protestas. Sin embargo, en otros países de Europa en situaciones similares a la nuestra, como Grecia o Italia, hay una mayor cultura de confrontación en las calles con las autoridades. Si de algo ha sido símbolo el 15-M en España ha sido precisamente de la protesta pacífica y la desobediencia civil.

José María Benito, secretario de Comunicación del Sindicato Unficado de Policía (SUP), el mayoritario en el cuerpo, ha negado que esta legislación vaya a mejorar la protección a los policías, ya que las agresiones o amenazas a los agentes ya estaban penadas en el Código Penal y la Ley reguladora del derecho de reunión y manifestación, informa Europa Press. Así, ha recordado que el Código Penal contempla incluso penas de prisión para algunas de las conductas ahora incluidas en la Ley de Seguridad Ciudadana. A su juicio, "bajo la apariencia de proteger a los policías", el Gobierno sólo quiere proteger a "la casta política" y evitar los escraches en sus domicilios o las manifestaciones frente al Congreso de los Diputados.

José María Benito (SUP): "El Gobierno sólo quiere proteger a la casta política"Los diferentes colectivos y organizaciones de la órbita del movimiento 15-M consideran que con la nueva ley orgánica el Gobierno "criminalizar cualquier acto de protesta". "Es una vuelta de tuerca. Intentan amedrentarnos e imponer la ley del miedo. Es una salida autoritaria. El PP tiene un problema con la democracia y los Derechos Humanos y lo están acreditando en la legislación. Es una ley mordaza para callarnos la boca", ha asegurado en declaraciones a Europa Press el asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Rafa Mayoral. Según este letrado, se trata de "una ley escándalo para cualquier persona que se considere democrática".

En este sentido, el miembro de Democracia Real Ya Kike Castelló ha denunciado que la norma "recuerda a las peores épocas de la represión franquista" así como que supone "un ataque directo" a los modus operandi y las nuevas formas de protesta puesta en práctica por los movimientos sociales surgidos a raíz del 15-M hace dos años y medio, como es, por ejemplo, el uso que hacen de las redes sociales o las protestas en torno al Congreso. "Se criminaliza no solo la protesta sino también la difusión. Podría atentar incluso contra el derecho de manifestación. Quieren cambiar las leyes para que cualquier cosas que no sea votar al PP sea radical y violento", ha sentenciado Castelló.

En esta misma línea, la Comisión Legal de la Acampada Sol, cree que la futura ley es una "muestra evidente del aumento de las políticas represivas para la ciudadanía", así como una norma "hecha a medida de las protestas que han surgido desde el 15-M". Y añade: "Plantea todas las protestas como ilegítimas".

También desde la arena política han llegado las críticas. En una referencia a la actual Ley de Seguridad, de 1992 y conocida como Ley Corcuera, Joan Coscubiela y José Luis Centella, portavoces del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, han bautizado al anteproyecto de Fernández Díaz como "ley de la patada en la boca a la democracia". Para ellos, ésta es una "evidencia que confirma que el PP está a punto de empezar una ofensiva brutal contra los derechos civiles". Y, en nombre de los socialistas, Soraya Rodríguez la ha tildado de "un proyecto de represión ciudadana".

 

Constitución Española

Artículo 21

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Artículo 104

1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión

Preámbulo

La Constitución española de 1978 recoge, entre su diverso contenido, el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas, como uno de los pilares básicos, en el que se asienta el Estado social y democrático de Derecho.

El derecho de reunión, manifestación primordial de los derechos fundamentales, como derecho público subjetivo.

Artículo 1

2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada.

Artículo 4

1. Las reuniones, sometidas a la presente Ley, sólo podrán ser promovidas y convocadas por personas que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

2. Del buen orden de las reuniones y manifestaciones serán responsables sus organizadores, quienes deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas.

3. Los participantes en reuniones o manifestaciones, que causen un daño a terceros responderán directamente de él. Subsidiariamente, las personas naturales o jurídicas organizadoras o promotoras de reuniones o manifestaciones responderán de los daños que los participantes causen a terceros, sin perjuicio de que puedan repetir contra aquéllos, a menos que hayan puesto todos los medios razonables a su alcance para evitarlos.

Artículo 5

La autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos:

a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las leyes penales.

b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes.

c) Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes.

Artículo 10

Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación. La resolución deberá adoptarse en forma motivada y notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la comunicación prevista en el artículo 8, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.