La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha avanzado este viernes que si la Mesa del Congreso no rectifica y la ley de antecedentes penales no vuelve a ser votada en la Cámara Baja, entonces la Cámara Alta, en la que su partido tiene mayoría, planteará un conflicto de atribuciones al Tribunal Constitucional.

García lo ha indicado así en una rueda de prensa en el Senado, tras considerar que es "inadmisible" que la Mesa del Congreso haya decidido que se publique la ley que permitirá que algunos etarras computen sus tiempos de prisión en otros países de la UE para su condena en España, obviando que "el veto" del Senado está avalado por los letrados.

La portavoz del PP ha informado de que su grupo ha registrado una solicitud para que el Senado requiera formalmente a la Mesa del Congreso una rectificación, y ha adelantado que si no lo hace, acudirán al Tribunal Constitucional mediante el conflicto entre órganos constitucionales, algo inédito entre las dos cámaras legislativas.

Este medio ya explicaba el martes que el choque entre el Congreso y el Senado por la ley que permitirá conmutar sus penas a los presos en el extranjero ―y que beneficiará a unos 40 presos de ETA― podía acabar en el Tribunal Constitucional y, aparentemente, así va a ser.

Desde el Congreso se han mostrado, desde el primer momento, muy firmes en su decisión de enviar la ley al Boletín Oficial del Estado (BOE) entendiendo, previa consulta con los letrados de la Cámara, que el veto que interpuso el Partido Popular desde el Senado estaba fuera de tiempo y, además, no seguía los procedimientos necesarios. El presidente del Senado, Pedro Rollán, llegó a exigir por carta a Francina Armengol, su homóloga en el Congreso, que rectificara su decisión, pero la socialista no lo ha hecho. 

El planteamiento de un conflicto de atribuciones, la amenaza que ha lanzado el PP este viernes, sería, en cualquier caso, el paso definitivo para involucrar al Tribunal Constitucional en el asunto.

Ya desde los inicios de la legislatura, el Partido Popular ha venido llevando a cabo movimientos desde la Cámara Alta para ganar terreno al Congreso. El primero de todos fue la reforma del articulo 133 del Reglamento del Senado, que modificó para retrasar la ley de amnistía.