Al menos tres departamentos del Ministerio de Fomento conocían las denuncias sobre las supuestas irregularidades cometidas por Carlos Bartolomé Marín, desveladas por este diario, antes de que fuera premiado con un ascenso a subdirector de Conservación, cargo del que fue destituido el pasado miércoles, tras las publicaciones de este medio.

Público ha accedido a documentos que acreditan que la subsecretaria del Ministerio, Rosana Navarro Heras, y la directora general de Organización e Inspección, Virginia Pérez Alegre, habían sido informadas por representantes sindicales de que Marín simultaneaba su cargo político con competencias en materia de personal con su actividad como socio único de la empresa que controla una academia de preparación de oposiciones para ingenieros de Caminos (PremFom).

A estos departamentos se uniría la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio, como recoge el acta de la reunión de la Junta de Personal de Fomento del pasado 9 de febrero, y como confirman fuentes de UGT a este diario. Los representantes de este sindicato aseguran que mantuvieron una "reunión informal" con la subdirectora general, Margarita Gómez de Bonilla, y reiteran que la vinculación de Marín con la academia era "vox pópuli" entre los trabajadores del Ministerio. 

Cerca de dos meses después de la reunión de la Junta, a finales de marzo, y a pesar de las peticiones de investigación de los representantes sindicales a la subsecretaria y a la directora general de Organización e Inspección, Bartolomé Marín fue premiado con uno de los departamentos con mayor dotación económica. Fuentes del Ministerio afirman que el presupuesto estimado para la Dirección General de Carreteras es de cerca de 1.700 millones -la "madre de Fomento", según los sindicatos-, de los que más de 800 corresponden a la Subdirección que hasta el pasado miércoles ostentaba Marín.

De hecho, a raíz de la denuncia por la supuesta incompatibilidad, la Dirección General de Organización e Inspección de Fomento inició un procedimiento de actuaciones previas a la apertura de un expediente sancionador -el protocolo estándar cuando existe una denuncia de este tipo-, aunque esta actuación se produjo el 30 de marzo, días después de que Marín fuera ascendido. 

Desde el departamento que dirige Íñigo de la Serna aseguran que Bartolomé Marín "firmó un documento en el que se señalaba que no estaba incurriendo en ninguna incompatiblidad". Insisten en que la apertura del procedimiento de actuaciones previas se realizó cuando la directora general de Organización e Inspección y la subsecretaria del Ministerio "recibieron la petición para que se investigara", a pesar de que esta apertura de procedimiento tuvo lugar el 30 de marzo. Reconocen que hubo un encuentro entre el ministro con los representantes sindicales, pero subrayan que al ser "una reunión informal, no hay acta". No obstante, cuando el Ministerio tuvo conocimiento de este procedimiento, "el ministro solicitó al secretario general de Infraestructuras que le relevara de sus funciones". Sobre su nuevo paradero, matizan que "vuelve a ser funcionario de nivel 28".

CSI-F: "El ministro tenía constancia de sobra"

Cuando este diario desveló las actividades de Marín desde Fomento aseguraron que el ministro, Íñigo de la Serna, no conocía las denuncias que salpican al exsubdirector y exjefe de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Carreteras. No obstante, desde CSI-F afirman que "el ministro tenía constancia de sobra". Las mismas fuentes aseguran que la situación de "mangoneo" en el departamento que dirige Jorge Urrecho Corrales había sido trasladada a de la Serna por parte de la Junta de Personal en una encuentro celebrado el 18 de enero.

Según el acta de la reunión ordinaria de la Junta del 9 de febrero, el ministro incluso habría tenido constancia de la labor de "regente" de un cargo de confianza de Urrecho, aunque en este encuentro no se explicitara su nombre. El documento recoge que en la reunión del 18 de enero, a la que asistieron el secretario de Estado de Infraestructuras, el director de Gabinete del ministro y el propio Íñigo de la Serna, el presidente de la Junta de Personal alertó de la responsabilidad de este "regente" en la generación de un "entramado del nepotismo" y de "amiguismo", con la complicidad de la Dirección General de Carreteras.

El documento recoge que el ministro fue informado de que este "regente" colocaba y movía "con su influencia y a su libre albedrío a los funcionarios, por supuesto a sus amigos". 

CGT: "Es una incompatibilidad manifiesta"

Los sindicatos CSI-F y CGT aseguran que Marín sí ha incurrido en incompatibilidad. "Es una incomatibilidad manifiesta", afirman desde la Confederación General del Trabajo (CGT). Por su parte, fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) aseguran que el exsubdirector de Conservación tendría que haber solicitado la correspondiente autorización de compatibilidad, aunque "moralmente" no debería haber simultaneado su cargo como número dos del director general de Carreteras - y posteriormente como suddirector- con la titularidad de la academia PremFom. "Para nosotros es totalmente impresentable esta actitud", apostilla CSI-F. "Es poco ético que un cargo con competencias en personal tenga una academia y que a la vez forme a la gente que entra en el Ministerio", señalan desde Comisiones Obreras (CCOO)."Por el cargo que tenía como jefe de gabinete, lo lógico es no tener otra cosa", insisten.

Para CGT tampoco es "viable, ni tiene ninguna lógica" que Marín sólo dedicase 30 horas anuales -menos de 35 minutos a la semana, como aseguró a este diario- a su trabajo en la academia, de la que es socio único.  Además, cuestionan que efectivamente pudiera tributar como "actividad profesional" por este trabajo, como él afirma, antes de registrar la empresa Cabama SL, propietaria del centro, en 2016, tras casi 15 años operando. "CGT entiende que no se puede operar limpiamente sin estar registrado. Creemos que no es lo habitual pero se dan casos", apuntan.

Preguntados por las medidas que, a su juicio, deberían tomarse desde el Ministerio, desde CSI-F aseguran que la actuación de Marín supone "mínimo, una falta grave", mientras que desde CGT piden "tomar todas las medidas que 
existan en cuanto al régimen disciplinario del Ministerio de Fomento".

Por su parte, desde UGT no han contestado a las peticiones de información cursadas por este diario al respecto de las actividades de Marín. 

"Una grave incompatibilidad", según la Junta de Personal

La directora general de Organización e Inspección del Ministerio conoció la situación del exsubdirector de Conservación el 13 de febrero, en una reunión mantenida con el CSI-F. Un comunicado del sindicato recoge que entonces trasladaron a Virginia Pérez su "preocupación" por velar "por la transparencia en los procesos de selección" y le instaron a investigar a Bartolomé Marín. El documento al que ha tenido acceso este diario denuncia la "presunta relación entre una academia de preparación de oposiciones al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado y la persona que tiene asignadas por el director general de Carreteras la tarea y la función de gestionar y tramitar las competencias que tiene él atribuidas por la normativa en materia de gestión de personal". Según el texto, el sindicato insistió en que "si esto fuera cierto", Marín estaría incurriendo en una "incompatibilidad".

Por otro lado, una carta enviada el 10 de marzo de este año a la subsecretaria del Ministerio por la Junta de Personal pedía a Rosana Navarro Heras que investigase "la relación del administrador único de la empresa Cabama SL, Carlos Bartolomé Marín", con la academia en cuestión. La Junta de Personal entendía que las "tareas encomendadas por el director general de carreteras al subdirector", "podrían estar haciéndole incurrir en una presunta y grave incompatibilidad como presunto empresario". La misiva iba acompañada por una carta de Urrecho en la que se describen las competencias de Bartolomé Marín en su anterior cargo, cuando tenía delegadas "todas las competencias del director general en materia de personal".