MADRID.- La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, un movimiento integrado por jueces, fiscales, secretarios, abogados y catedráticos, ha realizado un estudio sobre los últimos nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que muestra cómo los altos cargos de la Justicia son copados por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora y que sólo aglutina al 20% de los jueces y magistrados ejercientes.

El estudio revela cómo cuatro de los cinco elegidos últimamente por el CGPJ para presidir tribunales superiores de justicia pertenecen a la APM, al tiempo que expresa su preocupación porque los candidatos que no salieron elegidos renuncian a recurrir el nombramiento “alegando desánimo, falta de motivación y de fe” en que pueda prosperar un recurso ante el CGPJ y luego ante el Tribunal Supremo.

En concreto, la Plataforma ha analizado las convocatorias de las presidencias, para los próximos cinco años, de Aragón, Asturias, Canarias, Extremadura y Navarra. El estudio no cuestiona la valía de los elegidos por el CGPJ, pero revela que cuatro de ellos son de la APM y el quinto de la Asociación Francisco de Vitoria, de tendencia moderada. No hay independientes.

La Plataforma analiza los criterios seguidos por el CGPJ para elegir a los candidatos, entre cuyos méritos se encuentran el tiempo de servicio activo como juez, el tiempo que se ha ejercido en un órgano colegiado -no en vano en un TSJ tiene que dirigir debates colegiados-, así como las aptitudes para la coordinación de personas, especialización, la calidad técnica de las resoluciones y el conocimiento de idiomas cooficiales en las autonomías donde existan dos idiomas.

De las cinco presidencias estudiadas, la Plataforma encuentra que en dos de ellas –Aragón y Navarra- se han saltado alguno de estos méritos. Es más, el nuevo presidente de Aragón pertenece al Comité Ejecutivo de la APM, mientras que el de Navarra es coordinador territorial de esta organización.

Así, de los seis candidatos que se presentaron para presidir el TSJ de Aragón, se escogió al que no tenía experiencia en órganos colegiados y con menos años de ejercicio profesional. Manuel Bellido Aspas, el nuevo presidente, tiene 22 años de servicio como juez y no ha ejercido en órganos colegiados.

El estudio del Observatorio destaca que el actual presidente de Aragón era el candidato con menos méritos fácilmente verificables de entre todos los que se presentaron al cargo. Carece de experiencia en un órgano colegiado, cuando es un mérito específico que se valora y los otros cinco candidatos que fueron rechazados tienen entre 9 y 17 años más de antigüedad que el elegido. Los candidatos rechazados poseen, además, entre 24 y 34 años de experiencia en órganos colegiados.

La otra presidencia que el Observatorio resalta es la del TSJ de Navarra, que recayó en el magistrado Joaquín Galve Sauras, coordinador territorial de la APM en la comunidad foral. Si bien el resultado del estudio no es tan llamativo como en Aragón, el informe destaca que el otro candidato que se presentó al cargo tenía 11 años más de experiencia y 21 en órgano colegiados, frente a los cuatro años del elegido.

Este es el tercer informe del Observatorio sobre nombramientos judiciales que ha realizado la Plataforma. Y concluye que el actual procedimiento de designación de cargos judiciales discrecionales no reúne las garantías suficientes para asegurar el respeto a los principios constitucionales de mérito y capacidad exigidos.

En esta tercera oleada de análisis, el Observatorio agrupa todos los nombramientos acordados por el CGPJ tras iniciar su mandato en el año 2013. Y concluye que sobre un total de 16 presidencias estudiadas – de Audiencias y de TSJ-, once han recaído en asociados de la APM, cuatro en Jueces para la Democracia y uno en la Asociación Francisco de Vitoria.

Cerca la mitad de los 5.500 jueces y magistrados en activo no pertenecen a ninguna asociación. Sin embargo, los principales beneficiados han sido los asociados a APM –aproximadamente 1.100 - y los asociados a JpD –unos 600- que, juntos, no comprenden más que el 30% de toda la carrera judicial.

La Plataforma denuncia que las probabilidades de que un candidato no asociado sea nombrado presidente son escasas y propone que se excluyan de las elecciones a los candidatos que son miembros de comités ejecutivos o delegados territoriales de asociaciones, mientras permanezcan en el cargo y durante los dos años siguientes a su cese.