El plan de regeneración democrática anunciado recientemente por el Gobierno pone el foco en una asignatura pendiente, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, vigente desde 1968, por lo tanto, preconstitucional. Es una de las normas del ámbito de la Unión Europea más restrictivas, que condena a la ciudadanía al desconocimiento de por vida de cualquier cuestión clasificada como secreta por las autoridades competentes. Incluso es secreta la lista de los asuntos clasificados.   

Desde el lejano y opaco año 1968 español, cuando se aprobó la norma, los distintos gobiernos han ido clasificando innumerables cuestiones con el objetivo de apartarlas del conocimiento público, presumiblemente en aras de salvaguardar la seguridad nacional, pero no siempre es así. No existe ni control judicial ni control parlamentario, ni mucho menos, control periodístico, sobre las materias secretas, ni siquiera se conoce ni el número ni la identidad de esos secretos, impidiéndose así una adecuada vigilancia sobre la actividad gubernamental.

El Gobierno de Pedro Sánchez se abre a reformar esta ley franquista, consciente de que su Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, presentado en la pasada legislatura y que servirá de base para dicha reforma, según fuentes del Ejecutivo, no cuenta con el visto bueno de la mayoría de sus socios parlamentarios, que ven "exagerados" los plazos que proponen los socialistas. 

En cambio, la proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para modificar la ley de secretos oficiales, que ya está en fase de enmiendas en el Congreso, cuenta con más apoyos. El PNV es el partido que tradicionalmente ha reclamado la derogación de la ley vigente porque impide la desclasificación de los secretos oficiales; no existe marco temporal para esa desclasificación; en España los secretos oficiales son eternos.  

Qué propone el Gobierno: 65 años

El Gobierno es consciente de que tiene que adaptar la normativa sobre secretos oficiales al entorno europeo y dotar de una horquilla temporal para que las materias dejen de ser secretas. Francia, por ejemplo, desclasifica sus secretos oficiales pasados 75 años y Suecia lo hace a los 40 años.

En el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, el Gobierno propone nuevas categorías de clasificación: alto secreto, secreto, confidencial y restringido, en función del grado de protección del asunto.

La información clasificada en la categoría de alto secreto se desclasificará automáticamente transcurridos 50 años desde su clasificación, "pudiendo prorrogarse de manera excepcional y motivada, siempre antes del vencimiento del plazo, por 15 años más", dice el proyecto del Gobierno. 

Las materias clasificadas como secreto tendrán una vida menos larga, de 40 años, con una posible prórroga de 10 más. Los asuntos confidenciales se mantendrán fuera del dominio público entre siete y 10 años, sin posibilidad de prórroga; igual que los clasificados como restringidos, cuya caducidad ocurrirá entre los cuatro y los seis años.

Los nacionalistas vascos proponen 35 años

El PNV, por su parte, propone que los secretos sean desclasificados a los 25 años, pudiendo decretarse una prórroga excepcional y motivada de 10 años más. En cuanto a las materias reservadas, serán diez años sin posibilidad de prórroga el tiempo en el que permanezcan a buen recaudo de la opinión pública. 

La cuestión de los plazos es la principal diferencia entre ambas propuestas. Mientras que el Gobierno cree adecuado el plazo máximo de 65 años para mantener fuera del acceso público las cuestiones más delicadas que afectan a la seguridad nacional, el PNV considera que el tope de 35 años es más que suficiente. 

Para los vascos, la facultad de clasificar las materias debe corresponder solo al Gobierno, mientras que en el proyecto del Ejecutivo tendrán la capacidad también ciertas autoridades militares y autonómicas pero solo en relación a las categorías de confidencial y restringido.  

La cúpula militar puede clasificar

¿Qué asuntos están clasificados como secretos oficiales y quién puede hacerlo? Los acuerdos del Consejo de Ministros por los que se declaran secretas determinadas cuestiones no siempre se hacen públicos, por lo que no existe un conocimiento total de todas las materias clasificadas. 

Tienen esa potestad el Gobierno, a través del Consejo de Ministros, y la cúpula militar, a través de la Junta de Jefes de Estado Mayor (Jujem). Para que una materia se desclasifique, es necesario que lo apruebe el Ejecutivo o bien los jueces a través de un procedimiento contencioso-administrativo, algo que ha ocurrido en contadísimas ocasiones. 

La petición de plácet para el nombramiento de Federico Trillo, exministro de Defensa con Aznar, como embajador en Londres es, por ejemplo, una materia clasificada como secreto oficial en base al acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010.

Los suicidios de más de 235 guardias civiles y 160 policías en los últimos 20 años están clasificados como son materia reservada, según admitió el Gobierno en 2020.

Terrorismo de Estado

Los grupos vascos, PNV y EH Bildu, piden la desclasificación de todas las materias declaradas secretas en relación a la lucha antiterrorista y al terrorismo de Estado, tanto el perpetrado durante la transición democrática como el de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), durante el gobierno de Felipe González (1982-1996). 

Curiosamente un mes antes de celebrarse las elecciones generales que dieron la victoria al PP de José María Aznar, los socialistas declararon secretos los asuntos cruciales relacionados con la lucha antiterrorista. El acuerdo del Consejo de Ministros del 16 de febrero de 1996 echó el manto de silencio sobre "la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha antiterrorista por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". 

También se declaraban secretos los ficheros que sobre esta cuestión obren en la administración penitenciaria y a las personas informantes en materia antiterrorista.

En pleno escándalo por el terrorismo de Estado perpetrado a través de los GAL y a pocos meses para que arrancase el juicio contra el exministro del Interior José Barrionuevo y el secretario de Estado de Interior Rafael Vera, que los llevaría a la cárcel, se blindaron, como información inaccesible, los documentos sobre la 'guerra sucia' y los colaboradores de la misma. 

Sin embargo, ya con Aznar en el Gobierno, el 19 de abril de 1997 se produjo la histórica desclasificación por parte del Ejecutivo de 13 documentos relacionados con los GAL por mandato del Tribunal Supremo, conocidos como los papeles del CESID. 

Algunos de los datos clasificados podrían ayudar a la resolución de casos como el asesinato de Mikel Zabalza, detenido por la Guardia Civil en 1985, o José Miguel Etxeberria, Naparra, desaparecido en 1980 en el marco del terrorismo de Estado y cuyos restos aún no han aparecido.