La representación legal de Podemos ha presentado este jueves en el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid un escrito pidiendo al juez Juan José Escalonilla, que investiga el contrato entre la formación morada y la consultora Neurona, que no admita las diligencias de investigación solicitadas por la asociación de abogados ProLege por carecer de sustento e interés para la causa.

Se refiere Podemos en su escrito al  "ya nada disimulado propósito de propiciar el clima de sospecha y señalamiento público de personas vinculadas a Podemos".

"Tras reconocer la acusación popular la carencia de indicios obrantes en la causa, ProLege interesa iniciar una investigación de una entidad mercantil vinculada a un cargo del Ministerio de Igualdad, "por si acaso" tuviera algún tipo de relación con la entidad Neurona, con el apoyo de una combinación de diversos recortes de prensa de supuestas "noticias" de hace más de seis meses de fuentes desconocidas", consta en el escrito de Podemos. 

ProLege ha solicitado al juez Juan José Escalonilla que investigue si parte de los 363.000 euros que Podemos pagó a Neurona Comunidad durante la campaña de las elecciones generales del 2019 regresó a las arcas de la formación a través de una empresa cuyo socio único sería un miembro del equipo de prensa de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Esta petición de la acusación popular coincide con el testimonio en el juzgado de trabajadores de Podemos y de su exgerente, que han evidenciado la inexistencia de irregularidades en aquel contrato con Neurona. La asociación de abogados asegura en su escrito que vincula de "forma indiciaria las actividades de la empresa La Nave de Comunicación Digital, desarrolladas en el año 2019, con el destino final de los fondos transferidos por Neurona Comunidad al extranjero ese mismo año".

Podemos critica la pretensión de ProLegue por tener una finalidad "prospectiva", es decir, no estar amparada por ningún hecho concreto y plantearse sólo como una posibilidad: "Propone la acusación iniciar una investigación que pueda combinar elementos de hecho como: tener alguna vinculación con Podemos o algunos de sus miembros; tener algún vínculo personal o comercial, así sea puntual como haber estado en alguna ocasión de viaje, en Latinoamérica; y tener participación, vinculación con cualquier tipo con entidad mercantil que se haya creado en cualquier momento anterior al 28 de abril de 2019. Creemos que no ha lugar a acordar las diligencias solicitadas por tratarse de diligencias abiertamente prospectivas", consta en el escrito de Podemos.

Así mismo, el partido morado recuerda al juez Escalonilla que "no existe gasto electoral subvencionado con fondos públicos, ni tuvieron los fondos en origen la condición de públicos porque partían de los fondos propios de la formación política, ni la tuvieron después por no ser subvencionables ni electorales por el criterio expreso del Tribunal de Cuentas". 

También alega el partido que "no existe financiación ilegal": "Tras más de diez meses de instrucción, siguen sin constar en la causa ni la acreditación de esos supuestos indicios contenidos en las afirmaciones de Calvente [el abogado despedido por Podemos José Manuel Calvente], ni los elementos de hecho sometidos a investigación. Afirmaciones, además, desmentidas por el testigo principal al que el propio Calvente hacía referencia en su denuncia, el exgerente Pablo Fernández Alarcón, el cual ha negado las manifestaciones vertidas por los denunciantes y ha desmentido las manifestaciones al mismo atribuidas".