PGE 2022 Las medidas que los "enemigos de España" han introducido en los Presupuestos... y que van más allá de Catalunya y Euskadi

Desde el inicio de la legislatura, en cada debate parlamentario, la derecha de PP y Cs, así como la ultraderecha de Vox, han acusado al Gobierno de pactar con los "enemigos de España", con los "independentistas radicales" o los "bilduetarras". Unos descalificativos usados para referirse a ERC y EH Bildu, especialmente, pero que también hacen extensivos a la mayoría de aliados del Ejecutivo, como PNV, Más País, Compromís o el PDeCAT, por ser "cómplices".

Como era de esperar, durante la tramitación de las cuentas públicas en el Congreso, aprobadas por una holgada mayoría parlamentaria por segunda vez en esta legislatura, estas referencias hacia los partidos independentistas, nacionalistas y territoriales que han votado a favor del proyecto presupuestario se han repetido una y otra vez desde la tribuna de oradores por parte de los diferentes representantes de las bancadas de la derechas.

"Después de los vetos y las enmiendas, han conseguido empeorar los PGE. Parecía imposible hacer unos Presupuestos peores, pero hoy nos encontramos con unos Presupuestos peores a lo que fueron el proyecto de Presupuestos. Han establecido un matrimonio, imagino con carácter indefinido, con Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y PNV. Un sí quiero que es un no quiero a España", ha reprochado el portavoz de Cs, Edmundo Bal, al grupo socialista.

Un PSOE que, empujado por la aritmética parlamentaria, empieza a perder complejos al pactar con ERC o EH Bildu al mismo tiempo que la alianza de los partidos de izquierda independentista cobra cada vez más fuerza para influir en las políticas que transcienden las fronteras de Catalunya y Euskadi, especialmente en lo relativo a la conquista de derechos sociales.

"ERC y otras fuerzas políticas del Congreso estamos empujando al PSOE a avanzar en cuestiones sociales, a dar pie o a mejorar iniciativas políticas que dignifiquen la vida de la gente, vivan donde vivan", expuso el pasado martes el portavoz del grupo republicano, Gabriel Rufián, tras explicar los acuerdos alcanzados con el Gobierno a cambio de su sí a los Presupuestos.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, también se ha pronunciado en varias ocasiones en la misma línea. "Somos las independentistas de izquierdas las que trabajamos para ampliar los derechos de la ciudadanía vasca y catalana, así como de las clases populares y trabajadoras del Estado", ha expresado este jueves desde la tribuna.

También se ha dirigido a los diputados de las derechas para poner frente al espejo sus políticas neoliberales y de recortes, que "humillan y precarizan a su propia ciudadanía". "Esto es lo único que ustedes quieren ofrecer, por tanto, entiendo que tengan que estar enfadados. Tiene que ser duro que los enemigos de España mejoren las vidas de los ciudadanos, vengan de donde vengan", ha remachado.

Como en cada negociación presupuestaria, las reivindicaciones de los diferentes partidos que representan a un territorio van en la línea de las necesidades y problemas que afectan a sus respectivos lugares. Por ello, y en un momento en el que el Congreso es el más fragmentado de la historia con un Gobierno en minoría, usan su fuerza en el Parlamento para lograr introducir mejoras a las cuentas en forma de inversiones territoriales (infraestructuras municipales, ferroviarias, carreteras, o culturales).

Partidos autonómicos poco sospechosos de querer "romper España", como Compromís, Nueva Canarias, PRC o Teruel Existe, que han reeditado su apoyo a los Presupuestos, han logrado incorporar inversiones millonarias para sus territorios en el proyecto presupuestario que continua su tramitación en el Senado. 

Más País ha pactado con el Ejecutivo 10 millones para el proyecto piloto de reducción de jornada laboral sin reducir sueldos; cinco para un nuevo plan de salud mental; otros cinco millones para la nueva Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial; 1,5 millones para mejorar infraestructuras de transporte en la Comunidad de Madrid y otro millón para estudios de recuperación en el Mar Menor o 400.000 euros para un mapa de vías ciclistas.

Reforma de las pensiones

Por su parte, ERC y EH Bildu, conjuntamente, han conseguido incorporar a través de la negociación presupuestaria importantes medidas al proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones, que será avalado previsiblemente el próximo jueves en el Congreso. En este sentido, destaca el complemento a la pensión para carreras de cotización de 40 años que no alcancen 900 euros y el mandato al Gobierno a realizar en el primer semestre de 2022 un informe de auditoría de los ingresos en cotizaciones sociales y los gastos de Seguridad Social, de naturaleza contributiva y no contributiva, para cuantificar los gastos asumidos por el sistema entre 1967 y 2019.

También se han modificado, a iniciativa de ERC y EH Bildu, respectivamente, las condiciones de jubilación de los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra para su equiparación a las de la Policía Nacional y la Ertzaintza.

El pacto que ERC ha sellado con el Gobierno también amplía hasta los 60 millones de euros las partidas para adquirir libros de texto y material didáctico, además de incorporar 7,5 millones para financiar proyectos de Investigación y Desarrollo destinados en la lucha contra el cáncer, la industria 4.0, la computación cuántica, y la financiación de infraestructuras científico tecnológicas.

Por su parte, EH Bildu ha acordado con el Ejecutivo hacer permanentes por ley las medidas de protección social adoptadas por la pandemia y que actualmente están prorrogadas mediante decretos, esto es, la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y el aplazamiento temporal en el pago de la renta del alquiler destinada a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Asimismo, han conseguido llevar a cabo un reclamo histórico en lo relativo a las víctimas del amianto al incluir en los PGE un fondo de compensación con una aportación inicial de 25 millones de euros, para poder activar y satisfacer las solicitudes de indemnización de los afectados.

Otra mejora en las cuentas es la enmienda pactada con el PNV para ampliar a 23 años la prestación por cuidado por enfermedad grave, limitada hasta ahora hasta que el hijo o menor a cargo cumpliera 18 años, o la acordada con el PDeCAT para abrir los fondos europeos a entidades sin ánimo de lucro que presten servicios sociosanitarios y no sean de titularidad pública.