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Perú suma decenas de muertos mientras se buscan enemigos internos y externos

Inna Afinogenova en La Base
Inna Afinogenova en La Base.

Dina Boluarte lleva apenas 40 días al mando del Gobierno de Perú, pero este tiempo le bastó para marcar toda una serie de récords. No los récords que a ella le hubiera gustado, probablemente, pero aquí está: con más muertos en protestas que días de gobierno, con decenas de heridos, con más renuncias ministeriales que Pedro Castillo en un mismo período, con un estado de emergencia prolongado por un mes más, con un índice de desaprobación de más del 70%. Y con una etiqueta consolidada ya en redes para referirse a ella: Dina Balearte.

Hoy les hablaré de lo que ha pasado en las últimas semanas desde que se retomaron las calles, de los atropellos que llevamos observando un día sí y otro también, y de las explicaciones que le da este nuevo gobierno del Perú, arropado por los medios de información y con las organizaciones internacionales haciendo la vista gorda ante todo lo que ocurre.

El 7 de diciembre se puso la banda presidencial, comenzando una espiral de violencia que cosecha ya 50 muertos. El 9 de enero, en un solo día, en la ciudad de Juliaca, al sur del país, fueron asesinados 19 manifestantes. Según la autopsia, todos fueron abatidos como resultado de una desmedida respuesta policial. A nueve de esas víctimas se les encontraron municiones metálicas dentro del cuerpo, a uno restos de bala, a seis de ellos restos de perdigones de metal. Entre los muertos había menores de edad y jóvenes de 18 años. 

En medio de ese panorama el Ministerio del Interior informó que allí mismo, en Juliaca, una turba de manifestantes prendió fuego a un policía de 29 años acabando con su vida. Y esa fue la muerte que, sorprendentemente, llamó la atención de los medios: finalmente empezaron a hablar de las víctimas que a esas alturas ya sumaban más de 40, aunque la atención mediática se concentrara en una sola muerte en concreto que sirvió para presentar al conjunto de manifestantes como terroristas, vándalos y desestabilizadores. 

Desde el Congreso se propuso declarar al policía asesinado como mártir de la defensa de la democracia. Medios de información buscaron a sus padres para entrevistarlos, unos campesinos de Cusco, se trasladaron hasta allí, les pusieron sus micrófonos delante, pero las declaraciones del padre del policía hicieron que su presencia en la pantalla fuera fugaz y efímera.

Pues mira, a principios de enero dijo, literalmente, que no se entendía qué es lo que piden los manifestantes, que lo único que buscan son pretextos para generar caos, que protestas de qué. Más de un mes de manifestaciones con unos reclamos clarísimos desde el día 7 de diciembre, de los que Dina Boluarte parece no haberse enterado todavía. De hecho, los reclamos siguen siendo a día de hoy exactamente los mismos que formularon el 7 de diciembre: renuncia de Boluarte, elecciones, asamblea constituyente. 

Pero se ve que es mucho más fácil hacer oídos sordos y tirar de la vieja confiable: el enemigo interno y, ya para asegurar, sumarle al enemigo externo también. 

El viernes pasado dio un discurso a la nación en el que pidió perdón por la violencia aunque con tantos "peros", que no quedó muy claro quién era el responsable de la misma, si su gestión, si los militares en las calles o, usando sus propias palabras, "esta gente que genera odio".

Días antes de que pronunciara el discurso llegó al país la Comisión Interamericana de los DDHH que, en su informe preliminar, había advertido de un "deterioro del debate público" en el que algunas autoridades se refieren "con generalizaciones hacia todas las personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas -por Sendero Luminoso- o indios". 

La búsqueda del enemigo interno y el "terruqueo" se han convertido en una suerte de "especialidad de la casa" en Perú, pero en estas semanas ha llegado a unos niveles un tanto grotescos. La semana pasada, en Ayacucho, detuvieron a ocho integrantes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho.

Se les detuvo y se emitió un orden para, ojo, buscar en sus casas libros de Marx, de Lenin y de Stalin, un tipo de cosas que nos recuerdan a otras épocas vividas en varios países de Latinoamérica y que nunca acabaron nada bien, especialmente para la gente de izquierdas. 

Como a todo ese cacao de "esta gente que genera odio", de estos desestabilizadores, cuyo delito es leer El manifiesto comunista, le faltaba algo de picante, aparecieron en el argumentario el malvado de Evo Morales y Los Ponchos Rojos. 

Un diputado de ultraderecha de Bolivia afirmó, sin pruebas, que una agrupación que él llamó "ponchos rojos" supuestamente vinculada a Evo Morales, había ingresado armamento y municiones en Perú. La denuncia no iba acompañada de nada que no fuera la "palabra de honor" de ese diputado, pero fue suficiente para empezar a rodar. Llegó hasta Chile donde la retomaron círculos pinochetistas, porque cualquier excusa es buena para usarla en su cruzada contra el progresismo. 

Según la Fiscalía peruana, la idea de Morales consiste en impulsar protestas en la región de Puno (el mismo lugar donde se asesinó a 19 personas en un día) para separarla de Perú y así poder anexionársela a Bolivia. Todo en el marco de su plan para promover el "socialismo del siglo XXI". Para frustrárselo, la Fiscalía le prohibió la entrada en el país. 

Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP),  el Congreso goza de una desaprobación del 88%, ocho puntos más de desaprobación que hace un mes. Dina Boluarte es rechazada por el 71% de la población y el 52% de los peruanos creen que tienen que adelantar elecciones, algo que Boluarte dijo que no haría, así que el futuro es más que incierto. 

En los últimos tres años hemos visto brutales represiones de manifestaciones en países de Latinoamérica. Decenas de personas murieron en la Colombia de Duque, en la Bolivia de Añez y en el Chile de Piñera. 

En ningún lado fueron tantas las víctimas como las que acumula Perú en estos días. En todos esos países esas manifestaciones le costaron muy caro a los gobiernos: se fueron derechitos a la oposición o, en el peor de los casos, a la cárcel. 

Está claro que son lecciones que Dina no ha acabado de aprender y parecería que esperar a ver cuál es su destino comiendo palomitas es algo hasta divertido, si no fuera porque esto le está costando la vida a decenas de personas que protestan por una situación y una inestabilidad que ya les parece insostenible.

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