Pedro Duque, el ministro astronauta que hace un año y medio se estrenó en política con el beneplácito de todos los sectores, afronta nuevamente el reto de encargarse de la I+D+i, uno de los campos peor parados durante la crisis que, diez años después, sigue sin recuperarse.

Cierto es que la inestabilidad política de los últimos tiempos no ha ayudado, como tampoco ayuda trabajar con unos presupuestos prorrogados que no gustan a casi nadie y una legislatura demasiado corta para emprender las reformas necesarias pero, por unos motivos u otros, lo cierto es que Duque arranca esta nueva etapa con menos carta blanca que hace un año y sin las universidades en su cartera.

Y es que, cuando fue nombrado por primera vez, la comunidad científica interpretó la creación de un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como un cambio de rumbo en las políticas científicas: por fin la ciencia contaba con una butaca en el Consejo de Ministros pero, un año y medio después, las dudas arrecian.

Desde este viernes, Duque se pone de nuevo al frente de la Ciencia, un sector al que España lleva dedicando la misma cantidad desde hace más de 10 años: el 1,2% del Producto Interior Bruto (PIB).

Una cantidad lejos del 2,07% de la media de la Unión Europea y de países como Alemania, Suecia o Austria que apuestan por la industria, la innovación y el valor añadido frente a los salarios bajos, con porcentajes superiores al 3%.

Junto a un aumento de la inversión, los científicos le piden dos cosas más: que suprima de una vez el capítulo ocho de los presupuestos que se lleva hasta el 60% de los fondos del Estado y que año tras año se quedan sin gastar, y más transparencia y agilidad en los procesos de evaluación para eliminar la burocracia.

Además –y con el respaldo total de Duque–, los científicos reclaman a los partidos políticos que suscriban un pacto de Estado que dé estabilidad a la I+D+i y que deje al colectivo al margen de los vaivenes políticos.

Sin competencias en Universidades

Al frente de la Universidad, cartera que pasa a manos del nuevo ministro Manuel Castells, Duque ha instado al sistema español a tener la cabeza "bien alta" y no ha dejado en reclamar el consenso de todos los partidos para hacer una nueva ley universitaria.

Una norma en la que se puso a trabajar nada más llegar al Ministerio y que ha quedado en el tintero por la disolución de las Cortes, pero que Duque considera imprescindible y que confía en que saldrá adelante en esta legislatura.

Le ha quedado también como asignatura pendiente la especialización de las Universidades, tras unos años en que estos centros "han crecido muy deprisa", en sus propias palabras.

En estos dieciocho meses como ministro del Gobierno también ha tenido sus polémicas, unas con más base que otras, como cuando le acusaron de haberse comprado una casa en Javea, Alicante, a través de una sociedad patrimonial para eludir el pago de impuestos, una incómoda "fake" que, sin embargo, le persiguió durante más tiempo del debido.

Además, como ministro de Universidades, decidió incorporar la cotización a la Seguridad Social de las prácticas académicas externas.

Para ello se reformó un real decreto ley del Ministerio de Trabajo que levantó las críticas de los rectores, empresas y estudiantes, que no tenían claro quién debía afrontar el pago de esas cuotas a la Seguridad Social y si la medida supondría una reducción de la oferta de las prácticas.

Él mismo advirtió "los cargos los carga el diablo", y ser el máximo responsable de la Ciencia en un país que dedica prácticamente lo mismo a la I+D+i desde hace 15 años es una tarea casi heroica, propia de alguien que ha subido en una Soyuz y ha viajado al espacio, pero a Duque se le agota el crédito.