La Federación Plataforma Trans, el Observatori contra l'homofòbia e Ikusgune, el Observatorio contra la LGTBIfobia de Vitoria-Gasteiz, han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cree "con urgencia" un Comisionado Especial contra la LGTBIfobia para frenar la "escalada de violencia de los últimos meses" contra el colectivo LGTBI y estudiar una posible reforma del Código Penal para incluir un delito específico de odio contra las personas LGTBI. A día de hoy, según indican, se han registrado 800 agresiones contra personas LGTBI en España.

"Estamos en un contexto de violencias terribles nunca conocidas para el colectivo LGTBI y el asesinato de Samuel fue un antes y un después, un punto de inflexión y ya tuvimos que salir en tromba porque se quiso decir que había muerto", ha explicado el presidente del Observatori contra l'homofòbia, Eugeni Rodríguez, este lunes en declaraciones a los medios de comunicación frente al Congreso de los Diputados.

Las tres organizaciones han registrado una carta dirigida a Pedro Sánchez en la que solicitan una reunión para abordar el aumento de los delitos de odio contra el colectivo LGTBI y plantearle su propuesta de creación de un Comisionado interseccional en el que estén presentes todos los ministerios, la Oficina nacional contra los delitos de odio y todas las entidades territoriales que trabajan a diario con las víctimas.

Dicho Comisionado especial habría de ser nombrado por el Gobierno y, según las entidades, tendría que realizar una diagnosis de la situación de violencia, en colaboración con las entidades y observatorios especializados en todos los territorios; llevar a cabo acciones de prevención y campañas divulgativas, y dar apoyo económico a las entidades y víctimas.

Asimismo, las organizaciones proponen crear una comisión para estudiar una posible reforma del Código Penal para introducir un delito de odio específico contra la LGTBIfobia, en el que también se penen las llamadas terapias de reconversión.

"Que se haga una comisión en la que estén los expertos, los juristas, la sociedad civil, los grupos políticos. Creemos que en el siglo XXI hay diferentes lacras y una es la LGTBIfobia, por lo tanto hay que estudiarlo. Estamos hablando de un delito, todo lo de las terapias reconversión..., un delito cerrado con sus secciones, en el cual específicamente se tratara el ilícito penal de la LGTBIfobia", ha indicado Rodríguez.

"Hay que erradicar esta ola de odio que no solamente es que atente contra las personas LGTBI, atenta contra la sociedad, contra la democracia", ha señalado la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé.

Además, ha tachado de "desfasada en el tiempo" la comisión de delitos de odio a la que reunió el presidente del Gobierno el pasado viernes pues considera que las organizaciones que están presentes en este órgano no representan a todas las entidades que trabajan con las personas LGTBI y que tienen presencia en los territorios. "Es una iniciativa desfasada en el tiempo, hoy las realidades son otras, hay grandes ausencias", ha detallado.

En concreto, sobre las agresiones a las personas trans, Cambrollé ha alertado de que vienen soportando "una violencia brutal en redes sociales" desde que saltó el debate sobre la ley trans. Según ha precisado, se les está llamando "pederastas, violadoras de niños" y se está "frivolizando con la identidad" diciendo "que un tío se puede disfrazar de mujer".

"Es una violencia que no tiene que ver con la libertad de expresión sino que entra en la vejación, en la humillación o en equipararnos con una conducta delictiva. Nos están señalando como peligro social, como la diana a la que agredir", ha lamentado.

Multar a las redes sociales

Ante esta situación, avisa de que "son estériles las condenas" y pide al Gobierno español que sancione a las redes sociales cuando se difundan mensajes de odio contra el colectivo LGTBI. "Hay que dar un paso adelante como ha hecho Alemania que multa a Twitter cuando estas plataformas son el espacio para que los discursos de odio puedan circular de manera impune", ha añadido.

Para Cambrollé, es el momento de que "España también ponga freno, no a la libertad de expresión pero sí al odio en las redes sociales, porque ese discurso de odio es la antesala que precede a las agresiones y asesinatos, que está creando algo deleznable, que las juventudes LGTBI tengan que revivir los peores momentos de las personas que venimos de un franquismo o postfranquismo". "Es injusto que la juventud tenga que salir con miedo, que sus padres tengan miedo", ha enfatizado.

Las organizaciones también han insistido en la necesidad de llevar a cabo acciones de prevención. "El patrón son jóvenes que actúan en manada, que se impregnan de un odio que se está produciendo desde hace unos años, detrás del cual hay organizaciones políticas con la suficiente fuerza para generar estos discursos. Tenemos que ir a estos jóvenes para prevenir que vuelvan a atacar", ha remarcado Eugeni Rodríguez.

Para el presidente del Observatori contra l'homofòbia, son necesarios unos "cimientos" que "sustenten realmente los derechos y libertades de la comunidad LGTBI para que "no dependa del político de turno o de un viento que se lo pueda llevar" y para ello, ha indicado que también hace falta financiación.

No poner a subasta los derechos LGTBI

"Garantizar los derechos LGTBI no es gratis, requiere recursos económicos, tener una red en todo el Estado. Por lo tanto, este Comisionado no es que venga y luego se vaya sino que tiene que dejar cómo construimos para que, independientemente del Gobierno que haya, no se puedan poner a subasta constantemente los derechos LGTBI", ha apostillado.

Sobre el caso del joven de Malasaña, Cambrollé y Rodríguez han precisado que "desde el punto de vista jurídico no ha habido denuncia falsa" sino "un relato más o menos apropiado". En todo caso, concretan que "la balanza del odio y de la LGTBIfobia en España no cambia ni un gramo si es o no falsa".

"La agresión existió, otra cosa es el relato, no es fácil para una persona LGTBI ir a denunciar un hecho. Los indicadores cuando lo conocimos daban credibilidad, porque la Policía lo dio a conocer. La reacción fue la correcta, ante la duda hay que condenar. Es un relato que pasará tiempo... porque está claro que alguien en contra de su voluntad le puso en el glúteo la palabra maricón", ha afirmado Rodríguez.

Además, Cambrollé ha tachado de "pueril e incluso perverso" que este caso se pueda "utilizar para tapar la gravedad de cerca de 800 casos de agresiones". "No lo va a eclipsar este caso insólito", ha zanjado