Cuando Victoria Rosell se quejaba en el peor momento de su carrera política de que sufría una conspiración, se topó siempre con un muro: la acusaban un ministro y un juez. Ella sobrevivió a "las cloacas", como les gusta decir en Podemos, y en breve cargará con una de las banderas del nuevo Gobierno: la lucha contra la violencia machista. 

La futura delegada del Gobierno para la Violencia de Género lleva menos de cinco años en política, pero no han podido ser más intensos. Cabeza de lista en una de las provincias que más alegrías electorales ha dado a Podemos, Las Palmas, solo había llegado al Congreso cuando todos los focos se posaron en ella el día que Pablo Iglesias dijo que, si por él fuera, la nombraría ministra de Justicia. 

Eso fue en Madrid, porque en Canarias su vida ya comenzó a agitarse casi desde el mismo día en que se sentó en un parque a dar una rueda de prensa en la que anunciaba que dejaba temporalmente su juzgado de Instrucción en Las Palmas de Gran Canaria para presentarse como candidata independiente por Podemos. 

Era octubre de 2015 y, al mismo tiempo que Rosell colgaba temporalmente la toga, se hacía público que la Fiscalía había decidido abrir una investigación "disciplinaria" contra ella tras haber recibido un sobre de remitente anónimo en la que se le acusaba de la peor mancha que puede recaer sobre un juez: haber prevaricado en una causa bajo su tutela para procurar ventajas para su familia. 

En esa primera rueda de prensa en el parque de Doramas, en el centro Las Palmas de Gran Canaria, la entonces candidata se arriesgó a poner nombre al inspirador del anónimo: detrás de esa acusación ella veía la mano de José Manuel Soria, el rival más poderoso al que se enfrentaba en aquellos momentos en las urnas, ministro en ejercicio y líder indiscutible del Partido Popular en Canarias. 

Le costó una querella por calumnias. Rosell fue ganando todas las batallas: el Consejo General del Poder Judicial la exoneró de cualquier falta, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la investigación de la Fiscalía y, mucho tiempo después, el asunto quedó archivado en la Justicia penal y su expediente, limpio. 

Pero la querella de Soria acabó con su carrera, porque el ministro la amplió y llevó al Tribunal Supremo la sospecha de que había retrasado en su propio beneficio una importante instrucción penal por fraude a la Seguridad Social contra un importante empresario de Canarias, el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. 

Ya no solo era la palabra del denunciante. Un juez había elevado al Supremo un informe que avalaba esas acusaciones y era nada menos que el magistrado que la había sustituido, Salvador Alba. El día que Manuel Marchena admitió a trámite la querella en la que se le acusaba de cohecho y prevaricación, a Rosell no le quedó otra que dimitir. 

El tiempo ha pasado y las cosas han cambiado mucho: es la carrera de Soria la que ha terminado, arrastrada por los papeles de Panamá; el juez que la acusaba ha sido condenado a seis años y medio de cárcel por conspirar contra ella y enviar al Supremo informes falsos, y desde hace unos meses ella se sienta de nuevo en el Congreso. Hasta se sabe el autor del anónimo que comenzó todo: Alba reconoció en una denuncia contra otro juez que él envió el sobre a la Fiscalía. 

Rosell aprovechó el juicio contra Salvador Alba para explicarse más allá de lo judicial. Dijo que le robaron tres años de su vida, detalló las muescas que todo ello le dejó en su salud (en forma de ansiedad y problemas para concentrarse) e incluso relató la desesperación que pasó al ver determinadas portadas y no conseguir que le hicieran caso. El periodista David Jiménez, protagonista de aquella historia, lo cuenta en primera persona en El director. 

Nacida en 1968 en Murcia por circunstancias del trabajo de su padre, ingeniero de Obras Públicas, Rosell creció y estudió en Valladolid y ha desarrollado toda su carrera como jueza en Canarias, primero en La Orotava (Tenerife) y la mayor parte del tiempo en Las Palmas de Gran Canaria, al frente de un juzgado de Instrucción. 

Desde hace tiempo no pasaba desapercibida, no solo porque era portavoz adjunta de Jueces para la Democracia, sino por su feminismo militante, por sus informes contra los abusos que sufrían los inmigrantes en los CIE (como jueza, le tocó tutelar el de Gran Canaria) y por su posición combativa en la política que ahora va a dirigir: la lucha contra la violencia machista. 

"Me ha tocado bailar con gente tan sucia que te lleva al barro", dijo tras la última sesión del juicio a Salvador Alba. Rosell no será ministra, pero Pablo Iglesias ha cumplido su palabra con ella y estará en su Gobierno, en un cargo de segundo nivel, pero de importancia clave para combatir toda una lacra social y hacer frente a quienes niegan la existencia misma de ese problema. 

La jueza, activista feminista, deberá lidiar con los sectores negacionistas de la violencia machista y tendrá como reto el desarrollo completo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un instrumento aprobado en 2017 con el apoyo de todos los grupos políticos, con excepción de Unidas Podemos, que se abstuvo al considerar que era poco ambicioso.