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Nuevas revelaciones del 'caso Stampa' avivan las sospechas de parcialidad de Dolores Delgado en la Fiscalía General

Un correo electrónico entre el ex fiscal jefe de Madrid y la fiscal general del Estado demuestra que esta sí que tuvo conocimiento en tiempo real de la investigación que afectaba al fiscal del 'caso Villarejo', que acabó fuera de Anticorrupción, desmintiendo así la versión de Dolores Delgado.

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Dolores Delgado, fiscal general del Estado, durante la inauguración del nuevo curso judicial. — CGPJ

madrid,

El enrevesado recorrido de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, desde su nombramiento, en febrero de 2020, vive en estos momentos los baches más pronunciados. El llamado 'caso Stampa', sobre la presunta represalia sufrida por el fiscal Ignacio Stampa por investigar el caso 'Villarejo' o causa 'Tándem', en el que intervienen como abogados defensores varios letrados del bufete de Baltasar Garzón, pareja de Delgado, ha resurgido estos días con fuerza, cuando a los medios han llegado nuevos documentos que cuestionan la versión ofrecida por la fiscal general sobre su imparcialidad en el caso.  

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El fiscal Stampa denunció haberse quedado sin una plaza en la Fiscalía Anticorrupción para que así no pudiera proseguir al frente de la investigación del caso 'Villarejo'. Denunció que Delgado debió abstenerse en la adjudicación de las plazas dado que tenía "un interés personal" por los vínculos con Garzón.

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Delgado siempre ha mantenido que ella no participó ni tuvo conocimiento de la investigación contra Stampa por haber presuntamente filtrado datos de la investigación a una abogada de Podemos, algo que se demostró falso, y por lo que se archivaron las pesquisas de la Fiscalía contra el fiscal. Pero con tanto retraso y presuntas maniobras de ocultación al Consejo Fiscal que tenía que decidir sobre las plazas, que Stampa se quedó sin uno de esos puestos en Anticorrupción y, en consecuencia, tuvo que dejar la investigación de 'Tándem'. 

Ahora se sabe que Delgado sí tuvo cierta participación en el proceso seguido contra Stampa, en contra de su propia versión ante el Consejo Fiscal, insistiendo en que ella no participó. Una documentación a la que ha tenido acceso Público demuestra que sí estuvo al tanto y que solicitó información sobre el procedimiento abierto y que iba a significar su descalabro profesional. 

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Delgado solicitó información

Se trata de un correo electrónico enviado por el entonces fiscal jefe de Madrid Jesús Caballero Klink, el 4 de diciembre de 2020, a Dolores Delgado en respuesta a su petición de información urgente. "En atención a lo solicitado, tengo el honor de informar a V.E. de lo ocurrido el día de ayer (...) en el marco de las Diligencias de Investigación 32/2020, seguidas por un presunto delito de revelación de secretos de la que es objeto de investigación el Ilmo Sr. Fiscal Don Ignacio Stampa Fuente (...)". Es decir, Delgado estuvo informada al minuto del avance de las pesquisas. 

Correo electrónico enviado por el exfiscal jefe de Madrid a Dolores Delgado. — Público

Al finalizar su correo, Caballero Link expresa: "El presente informe, por la urgencia de la información solicitada, se configura exclusivamente con datos de carácter objetivo, sin realizar valoraciones, si V.E. lo considerara oportuno se ampliaría el mismo en ellos términos que se consideren necesarios". 

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Correo electrónico enviado por el exfiscal jefe de Madrid a Dolores Delgado. — Público

¿Por qué presumiblemente Dolores Delgado quería apartar a Stampa del caso 'Villarejo'? Porque el fiscal estaba poniendo contra las cuerdas a los policías compañeros y jefes del ínclito comisario y al mismo Villarejo, amigo de la fiscal general del Estado y de su pareja, el exjuez Garzón.  

Vínculos con Villarejo

El motivo de la polémica en torno a la fiscal general tiene hundidas sus raíces en un negro episodio de la reciente historia política española, las cloacas del Estado, de las que tanto ha informado este diario. La presunta conexión de Dolores Delgado con algunos de los protagonistas del 'caso Villarejo' o macrocausa 'Tándem', empezando por el propio comisario jubilado, que en realidad es un peón más de una red corrupta de empresarios, policías, jueces, abogados y periodistas para enriquecerse. 

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A raíz de la difusión en septiembre de 2018 de una grabación efectuada por Villarejo durante una comida con Dolores Delgado y Baltasar Garzón, entre otros comensales, Delgado, entonces ministra de Justicia, no pudo negar la evidencia y envió un comunicado afirmando que según recordaba había coincidido en tres encuentros con Villarejo, a quien se lo presentó Baltasar Garzón.

La amistad entre Garzón y Villarejo se remonta a mucho tiempo atrás y alguna de las conversaciones entre ellos, grabadas por el comisario, se ha incorporado a la causa 'Tándem'. El bufete de abogados del exjuez, ILOCAD Baltasar Garzón Abogados, representa a varios imputados en la causa, entre ellos el comisario Enrique García Castaño y el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino

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El fiscal Ignacio Stampa se encargaba de la investigación del caso 'Villarejo' estando en comisión de servicios en la Fiscalía Anticorrupción. Podemos se personó en la causa, ya que entre las acciones del comisario y del resto de la llamada brigada política del exministro de Interior Fernández Díaz se produjo presuntamente el robo del teléfono de una asesora de Podemos y sus datos acabaron publicados en ciertos medios de comunicación. 

Vox denunció que los fiscales del caso habrían filtrado información a la abogada de Podemos y se abrieron diligencias de investigación, que concluyeron en archivo, pero se ocultó presuntamente este archivo a los miembros del Consejo Fiscal que en octubre de 2020 descartaron a Stampa para una de las ocho plazas en Anticorrupción ya que para ellos estaba 'manchado' por un presunta revelación de secretos. 

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Un decreto de archivo a la carta

Ignacio Stampa acusa a la Fiscalía General del Estado de dilatar el procedimiento en su contra. "Es notorio que no se ha comunicado a toda la opinión pública el archivo de ninguno de los múltiples procedimientos que se han incoado, ni lo que aquí se menciona ni el resultado de lo practicado sobre el fondo del asunto investigado, a pesar de la alarma social creada respecto de la actuación de dos miembros de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada", expresaba Stampa en una carta a la Asociación de Fiscales, en marzo de 2021. 

El 16 de febrero de 2021 se archivaron definitivamente las diligencias de investigación contra Stampa. Dos veces recibió el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García --mano derecha de Delgado--, la propuesta de archivo. Y dos veces Álvaro García sugirió al fiscal jefe de Madrid practicar más diligencias para así presuntamente dilatar el procedimiento, que arrojaba nulos indicios de criminalidad.

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Pero además el decreto de archivo definitivo se modificó para suprimir de él los elementos más favorables para la reputación de Stampa, según desvelan nuevos documentos a los que ha tenido acceso Público. Así, el Fiscal Superior de Madrid modificó el decreto en un lapso de dos días--entre el 2 y el 4 de febrero de 2021-- y del documento primario se suprimieron cinco folios con argumentos en favor de Stampa, dejando otros para reforzar la tesis de la necesidad de haber abierto la investigación, arrojando sombras de sospechas contra el fiscal, pese a que en el decreto se le exoneraba. 

Por ejemplo, se eliminó la prolija descripción sobre la declaración del fiscal Miguel Serrano, que había trabajado con Stampa en el caso 'Villarejo', y que despejaba las dudas sobre la inexistente relación sentimental entre su compañero y la abogada de Podemos y que negaba las filtraciones. 

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La Asociación de Fiscales (AF)--la mayoritaria en la carrera-- y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han pedido la dimisión de Dolores Delgado por sus actitudes "erráticas y sectarias" en relación al caso 'Stampa'. El Gobierno no puede destituirla salvo por las causas tasadas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: dimisión; por incurrir en alguna de las incompatibilidad o prohibiciones que contempla el Estatuto; incapacidad o enfermedad; por incumplimiento de sus funciones; y cuando cese el Gobierno. 

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