La Ley Orgánica de Modificación de la LOE, Lomloe, continúa su tramitación en el Congreso. La Ponencia de la Comisión de Educación de la Cámara Baja ha concluido este jueves la ronda de reuniones en las que se han debatido y cribado las más de 1.160 enmiendas parciales presentadas por los grupos a la norma que sustituirá a la ley Wert. 

El proyecto de ley orgánica pasó su primer examen en el Congreso el pasado 6 de junio, cuando la Cámara Baja rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Cs. Grupos nacionalistas como PNV, Bildu y Coalición Canaria afearon entonces al Gobierno la falta de negociación y de acuerdo. Ahora, la ley continúa su camino parlamentario con algunos guiños a los grupos nacionalistas, después de que PSOE y Unidas Podemos hayan pactado varias enmiendas transaccionales con ERC, PNV y EH Bildu, entre otros grupos.

Entre las enmiendas transaccionales que han salido adelante destacan las pactadas por PSOE, Unidas Podemos y ERC para blindar la inmersión lingüística -sustituye el castellano como lengua vehicular- y prohibir los conciertos con escuelas que segregan por sexo. También, se dejará de ceder suelo público a aquellos centros que no sean de titularidad pública. Los grupos, además, han acordado aumentar la oferta de plazas públicas para incrementar los recursos y equipararlos al resto de países de la UE.

Estos tres grupos, junto al PNV, han acordado el incremento competencial en el currículum para "garantizar la formación integral" de los alumnos y prepararles para el "ejercicio de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual".

PSOE, UP y Bildu, han acordado, entre otras medidas, dar a la repetición un carácter "excepcional" con la nueva ley educativa. Esto es, se permitiría al alumno pasar al siguiente curso a pesar de contar con más de dos asignaturas suspensas.

Polémica por la inmersión lingüística

La enmienda por la inmersión lingüística, que garantizará que el castellano y las lenguas cooficiales tengan las mismas competencias, ha levantado ciertas ampollas en el seno de JxCat y entre los tres partidos de la derecha. Por un lado, el texto de la enmienda transaccional 29 aprobada este jueves con 26 votos a favor, 16 en contra y la abstención del PNV, recoge que "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios".

Sin embargo, los diputados de JxCat Sergi Miquel y y Ferrán Bel anunciaron este miércoles su oposición a la propuesta al entender que la "Administración pública" se refiere al Ministerio de Educación, una afirmación que los tres grupos que pactaron la enmienda niegan: "La descripción habla de 'administraciones educativas', que son los departamentos de educación de cada comunidad autónoma", matizó este miércoles Montserrat Bassa, la portavoz de Educación de ERC en el Congreso. 

Por otro lado, PP, Vox y Cs han anunciado su intención de acudir al Tribunal Constitucional si la ley finalmente "elimina el castellano como lengua vehicular", tal y como han expresado. "Han votado en bloque, por lo que comparten su intento de politizar la educación y la lengua, un gran gesto de irresponsabilidad política", ha justificado este jueves Joan Mena, portavoz de Educación de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común.

Próximos pasos

Una vez concluido el informe de la Ponencia, comenzará el debate en Comisión, que se hará artículo por artículo, tal y como recoge el Artículo 114.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados, un debate que está previsto para el próximo 13 de noviembre, según informan fuentes parlamentarias a Público.

Durante la discusión de los artículos de la nueva ley, la Mesa de la Comisión de Educación, presidida por Sergio Gutiérrez (Grupo Socialista), podrá admitir a trámite nuevas enmiendas que se presenten por escrito por un miembro de la Comisión, "siempre que tiendan a alcanzar un acuerdo por aproximación entre las enmiendas ya formuladas y el texto del artículo", según establece el Artículo 114.3 del reglamento. 

Después, al término del debate, el dictamen de la Comisión será remitido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para su posterior deliberación en el Pleno de la Cámara Baja. Por último, el texto pasará al Senado.