El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la la reforma de la Ley de Ciencia, una medida clave impulsada desde el gabinete de Diana Morant que busca atajar la precariedad crónica de los investigadores españoles. El Gobierno ha dado impulso a esta iniciativa, en parte, gracias a la partida presupuestaria de 3.842 millones de euros que llega de Europa. De esta forma se pone sobre la mesa un nuevo marco que eleve las masas salariales de programas y becas y que dé estabilidad laboral a los contratos. Según las estimaciones del Ministerio de Ciencia, las malas condiciones del sector han propiciado que España perdiera en torno a 5.000 investigadores e investigadoras entre 2011 y 2016.

Una de las medidas estrellas de esta reforma es el cambio en el modelo de contratación, ya que los contratos por obra y servicio desaparecerán –la reforma laboral así lo requiere– y pasarán a ser indefinidos. Además, el personal predoctoral y posdoctoral, por primera vez, tendrá reconocido el derecho a indemnización salarial de 12 días por año trabajado. Una medida que, gracias a la movilización de los colectivos sociales, se aplicará también sobre los contratos vigentes y no sólo sobre los contratos que se firmen tras la entrada en vigor de la norma. "Esta reforma mejora la vida de las personas que mejoran la nuestra con la investigación", ha valorado la ministra Diana Morant.

"Blindamos por ley que nuestro sistema publico de investigación tenga los recursos suficientes para seguir creciendo. Lo blindamos para el futuro porque el Gobierno está ya en la senda. Los Presupuestos del Gobierno supusieron un aumento del 60% en ciencia e innovación en 2021 y en 2022 se dobló el presupuesto heredado", ha indicado Morant. De hecho, la Ley plantea que el sector científico reciba la financiación del 1,25% del PIB. El objetivo marcado por el Gobierno es ir elevando ese porcentaje hasta el 3% en 2030.

La pandemia ha puesto en valor el sector sanitario y la nueva Ley lo tendrá en cuenta. Tanto es así que se establece que el personal sanitario que acceda a categorías específicas de investigación tendrá que dedicar, al menos, un 50% de la jornada a esas tareas de investigación. 

Además, la reforma que se pretende acometer otorga más independencia en los procesos de selección para combatir la endogamia profesional en laboratorios y departamentos. De esta forma, los investigadores posdoctorales realizarán una prueba para recibir el certificado R3 que acredite su nivel y que, según la ponderación, tendrá un peso mayor o menor para acceder puestos en los organismos públicos de investigación.

Se busca con este proyecto legislativo acabar con el exceso de burocratización para acceder a becas o solicitar financiación. De esta forma, se pretende rebajar la carga administrativa a la hora de justificar ayudas públicas y no hará falta repetir todo el proceso de solicitud si el mismo proyecto ya ha sido evaluado con anterioridad por los organismos públicos. 

El punto polémico de la reforma tiene que ver con el apartado de transferencia de conocimiento. Este punto refuerza los vínculos entre ciencia y el sector empresarial. Los colectivos de investigadores consideran que se abre la puerta a medir el conocimiento a través de criterios productivos, algo que no beneficia a sectores determinados como el de las ciencias sociales.

Por último, la norma pretende atajar la brecha de género, de modo que se crea un distintivo de igualdad de género para centros universitarios y centros de investigación. Así, los agentes públicos estarán obligados, según el texto de este proyecto de reforma, de elaborar planes de igualdad de género. Los procesos de selección y de evaluación tendrán que asegurar una composición paritaria con un mínimo de 40% de mujeres.