Dolores Moreno es la directora en funciones del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga. Fue nombrada por la Junta de Andalucía de forma provisional el pasado 14 de julio tras la jubilación del anterior director. Ocupará el puesto hasta que se abra el año próximo el procedimiento ordinario para elegir al nuevo director o directora.

Dolores Moreno es una de las hermanas del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP) y -hasta donde ha podido saber Público- está perfectamente capacitada para dirigir un conservatorio de danza, actividad a la que ha dedicado su vida con profesionalidad.

Sin embargo, el modo en que la delegación de Educación en Málaga, en manos de Ciudadanos, el socio de Gobierno de Moreno, la nombró directora en funciones la ha metido a ella y también al presidente en un embrollo del que no han terminado de salir.

A día de hoy, el Ejecutivo oculta a la oposición parte de la documentación que se generó en la delegación de Educación para justificar el ascenso de Dolores Moreno. El PSOE ya ha anunciado, en consecuencia, que pedirá amparo a la Mesa del Parlamento para obtenerla.

Todo ese papeleo -que ha causado un reguero de titulares y de dolores de cabeza en San Telmo, sede de la presidencia de la Junta- era en realidad innecesario, porque la norma, en el caso de jubilación de un director, establece que la delegada de Educación “nombrará director o directora en funciones a un profesor o profesora funcionario de carrera preferentemente del centro docente”.

El decreto que regula este supuesto añade: “El director o la directora así nombrado desempeñará el cargo hasta que, concluido el siguiente procedimiento anual de selección, se produzca el nuevo nombramiento de director o directora”.

En resumen, tal y como dijo el consejero de Educación, Javier Imbroda (nombrado a propuesta de Ciudadanos) el pasado 18 de septiembre en el Parlamento de Andalucía: “Es decir, con la norma en la mano, es la delegada territorial la que procede a nombrar sin que pueda hacerse ningún concurso de méritos”. O dicho de otra manera. La delegada puede decidir lo que quiere. Y optó por Dolores Moreno, una de las personas del conservatorio que podría, ciertamente, por sus méritos, ocupar esa plaza.

Sin embargo -y aquí comienza el embrollo-, la delegada eligió no de manera discrecional, como le permite la ley, sino con un informe sobre la mesa que fue elaborado por la Inspección Educativa y que contenía un concurso de méritos. Para hacer ese informe, en efecto, el inspector acudió a un baremo de puntos, en principio, objetivo. Y resultó que Dolores Moreno quedó en segundo lugar. Había en el conservatorio otras personas más que querían optar al puesto de directora en funciones. Y una de ellas, Esperanza Utrera, tenía, según la Inspección, más méritos, más puntos que la hermana del presidente.

Este es justamente el expediente que reclama el PSOE a la Junta y que el Gobierno, por el momento, oculta a la oposición -y a las propias afectadas- porque lo considera reservado. Fragmentos de su contenido los ha publicado la periodista Eva Saiz en el diario El País. Y, según lo publicado, no se justifican con claridad las razones por las que Esperanza Utrera, que obtuvo 49,5 puntos sobre 50, fue desplazada en favor de Dolores Moreno, quien sacó 38,20 puntos sobre 50 posibles.

La inspección relegó a Utrera -según la reseña que hace El País de ese informe- porque “responde a un perfil de dirección con unos antecedentes que desaconsejan su nombramiento”. Es decir, que propuso finalmente a Dolores Moreno sin explicar con claridad y contundencia las razones por las que lo hacía. Meses después, nadie en la administración autonómica ha logrado explicar con claridad cuáles son esos “antecedentes”. Y la oposición no ha tenido acceso al expediente.

El consejero de la presidencia, Elías Bendodo, mano derecha de Moreno en el Gobierno -en uno de los escasos errores que ha cometido hasta ahora- dijo a los medios de comunicación al día siguiente de la publicación en El País del ascenso de la hermana del presidente que “fue cesada por distintos problemas que hubo en la dirección”.

Sin embargo, esto no fue así, hasta donde ha podido saber Público. El sindicato CCOO, al que pertenece Utrera, salió en su defensa en estos términos: “Jamás fue sancionada ni cesada y es una gran profesional que no puede ser interesadamente cuestionada ni difamada para favorecer a la hermana del presidente de la Junta”. Utrera ha llevado el caso a los tribunales.

"Los técnicos"

El Gobierno andaluz ha venido aferrándose a ese expediente de la inspección que, por el momento, oculta para tratar de hacer ver que el nombramiento se produjo por decisión de “los técnicos” y no por una decisión discrecional de la delegada de Educación, algo a lo que le habilita la ley.

Así lo explicó el consejero Imbroda en el Parlamento el 8 de septiembre pasado: “¿Ha nombrado la delegada territorial, en este caso de Málaga, a esta señora como directora en funciones? Sí, y lo hizo con fecha 14 de junio de este año, hasta el 30 de junio de 2020. ¿Lo ha hecho de forma arbitraria? Rotundamente no. ¿Y por qué no? Porque, con fecha de 10 de junio de 2019, encima de la mesa de la delegada territorial de Málaga hay un informe firmado por el jefe de servicio de Inspección que dice, y lo leo textualmente: “Adjunto remito propuesta de nombramiento de directora de este centro de Málaga ante la próxima jubilación del actual director el próximo día 13 de junio. Se propone el nombramiento de doña María Dolores Moreno Bonilla como directora de este centro, desde el 14 de junio de 2019 hasta el 30 de junio del 2020”. Firma, el jefe de servicio de Inspección. Por tanto, la delegada nombra a quien le proponen los técnicos con criterios técnicos”.

Por ello, una de las preguntas en este caso hoy sin respuesta es: ¿por qué se hizo un concurso de méritos innecesario para finalmente, sin criterio objetivo alguno, nombrar a la hermana del presidente? El propio Imbroda reconoció también en su comparecencia que no había necesidad de tal concurso: “El concurso de méritos es de aplicación, insisto, para el procedimiento ordinario, pero en ningún caso está previsto en el procedimiento extraordinario”.

El PSOE cree que se hizo así para “disfrazar” el nombramiento “con vestigios de legalidad” y para que el peso de la decisión no recayera sobre la delegada, sino sobre los técnicos. Los socialistas consideran este un caso claro de enchufismo y han reclamado amparo a la Mesa del Parlamento para recibir el expediente sobre el ascenso. “¿Qué tienen que ocultar Moreno y su Gobierno" si no ha habido "enchufismo y las cosas están claras?”, se preguntó la semana pasada el parlamentario socialista Carmelo Gómez.