Álvaro García Ortiz comenzó su andadura como fiscal general del Estado en septiembre de 2022 realizando un polémico nombramiento: el de su predecesora, Dolores Delgado, como fiscal jefa de la Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo. Aquella designación, que no contó con la mayoría del Consejo Fiscal, supuso de facto el ascenso de Delgado a la máxima categoría del Ministerio Fiscal. 

Ahora, en la recta final de su mandato, Álvaro García Ortiz ha vuelto a efectuar un controvertido nombramiento en relación a la exfiscal general del Estado: la jefatura de la Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. De nuevo, la mayoría del Consejo Fiscal se ha opuesto, negándose si quiera a participar en la deliberación, en señal de protesta, pues alertaban de intereses personales del fiscal general en dicho nombramiento. 

La polémica por el nombramiento de Delgado, ratificado este martes en el Consejo de Ministros, podría saldarse con un recurso ante el Supremo por esta designación igual que ocurrió con su ascenso, cuestión que aún no ha resuelto el Alto Tribunal. La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han anunciado que estudian judicializar el nombramiento.

La sombra de Dolores Delgado

La controversia en torno a Dolores Delgado ha salpicado el mandato de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado desde su toma de posesión, en septiembre de 2022, con un Consejo Fiscal a la contra, la mayoría de las veces, debido a sus lazos de amistad con Delgado, que le había nombrado en 2020 jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

De los 12 integrantes del Consejo Fiscal, incluido el fiscal general, siete vocales [seis de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) y uno de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)] han mostrado a lo largo de este mandato sus suspicacias hacia un fiscal general que parecía condicionado por su predecesora, según indican fuentes de estas asociaciones. Delgado dimitió como fiscal general en julio de 2022 por problemas de salud.

Pero ha sido este reciente nombramiento lo que ha provocado incluso las críticas de los suyos, de los asociados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que cuenta con dos vocales en el Consejo Fiscal; la misma asociación a la que pertenecía Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado. Varios fiscales se han dado de baja en los últimos días de la UPF por el polémico nombramiento, por ejemplo, Almudena Lastra, la fiscal jefa de Madrid, y el exfiscal jefe de la Audiencia Nacional y actual fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza. 

El adelanto al día 8 de junio del pleno del Consejo Fiscal fijado para el 19 fue el detonante de una polémica por una plaza que podría tener los días contados, en caso de un nuevo gobierno de PP y Vox que derogaría previsiblemente la Ley de Memoria Democrática, y con ello la Fiscalía Especial aparejada, que ahora ya dirige Dolores Delgado.  

El fiscal general adujo que el adelanto del pleno estaba justificado por las elecciones anticipadas, para que la campaña no entorpeciera la toma de posesión de los nuevos cargos fiscales.

También indicó que los nombramientos en periodo electoral no eran nuevos, que hubo otros cuatro nombramientos discrecionales "una vez disueltas las Cortes Generales el 4 de marzo de 2019" y tras la celebración del pleno de 13 de marzo de 2019 y posterior propuesta de la entonces fiscal general del Estado, María José Segarra". 

Uno de los plenos más tensos

Los siete vocales de la AF y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales se negaron a participar en la deliberación, en el pleno del pasado 8 de junio, sobre la plaza para la que se postulaban Dolores Delgado; Juan Calparsoro, fiscal provincial de Gipuzkoa; el fiscal antidroga Luis Ibáñez Cuesta; y Carlos Castresana, fiscal del Tribunal de Cuentas. Pidieron la abstención del fiscal general por tener un presunto interés directo.

Además señalaron como causa de impedimento para que Delgado asumiera la jefatura de la Fiscalía de Memoria Democrática el hecho de que su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, cuenta con una fundación dedicada precisamente a estas cuestiones, lo que puede implicar un "conflicto de intereses con la actividad de su pareja sentimental", explican fuentes fiscales.

Álvaro García Ortiz acabó designando a Dolores Delgado. Castresana es uno de los fiscales que se ha dado de baja en la UPF tras la designación, según ha podido saber este diario. El fiscal general tiene potestad para efectuar los nombramientos que considere, siendo el parecer del Consejo Fiscal preceptivo pero no vinculante. Como la mayoría del órgano se negó a participar, los vocales discrepantes adujeron que el nombramiento había sido nulo, pues carece de informe preceptivo. 

De nada han servido las protestas de AF y APIF. El Consejo de Ministros ha ratificado este martes el nombramiento de Delgado. APIF había comunicado el día anterior a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y secretario del Consejo de Ministros, el incidente acaecido en el pleno del 8 de junio e informándole de las posibles consecuencias judiciales. 

El Gobierno ha cerrado filas en torno a Dolores Delgado, que fue la primera ministra de Justicia de Pedro Sánchez. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha incidido tras el Consejo de Ministros que el nombramiento de Delgado "no supone un ascenso" en su carrera y ha subrayado que se trata de un procedimiento "absolutamente transparente".