Los negocios de la familia del alcalde de Zaragoza anticipan un conflicto institucional con el Gobierno de Aragón

Los negocios inmobiliarios de la familia del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón (PP), se perfilan como uno de los ejes del debate político en la capital aragonesa al tiempo que anticipan un conflicto institucional por la aplicación de la Ley de Ética y Responsabilidad Pública, una norma autonómica que, por otra parte, lleva camino de dejar sin efecto el cortafuegos en forma de rodillo que hace unas semanas impusieron PP, Cs y Vox para rechazar la comisión de investigación que reclamaban PSOE, ZeC (Zaragoza en Común) y Podemos.

La legislación autonómica obliga a abrir expedientes para aclarar si los altos cargos y los empleados públicos sospechosos de haber incurrido en conflictos de intereses han cometido esa conducta, un procedimiento que, al margen de otras posibles sanciones en función de la gravedad de los hechos y de sus consecuencias, se cierra con una declaración en ese sentido que se publica en el boletín oficial de la comunidad, el BOA, y que queda como mancha en el historial del afectado.

Sin embargo, esa normativa, que cuatro años después de su aprobación todavía no ha sido estrenada en lo referente a los conflictos de intereses de los altos cargos y los funcionarios, incluye una laguna que, según distintas fuentes, augura un debate político y jurídico, y con toda probabilidad un conflicto institucional, al no dejar claro si en un caso como el del alcalde de Zaragoza la investigación debe correr a cargo del Gobierno de Aragón o del propio Ayuntamiento.

Se trata, con el ecuador de la legislatura superado, de las dos principales instituciones de la comunidad, la primera gobernada por un cuatripartito que preside Javier Lambán y que integran PSOE, Par, Podemos y Cha y la segunda en manos de una coalición PP-Cs ( ) que actúa bajo la supervisión de Vox.

El voto favorable del alcalde a los negocios de sus familiares

La historia arranca oficialmente al 24 de mayo, cuando Azcón vota en la Junta de Gobierno local junto con la vicealcaldesa Sara Fernández (Cs) y otros siete concejales de PP y de Ciudadanos a favor de la aprobación inicial de una promoción inmobiliaria de 533 viviendas en la que sus padres son socios, con una expectativa de negocio de 300.000 euros a un millón para su parcela, y de otra de 409 pisos en los terrenos colindantes en la que uno de sus hermanos firma como arquitecto.

El asunto, adelantado por Público, sacude la política municipal: la oposición reclama explicaciones mientras denuncia el evidente conflicto de intereses que supone para cualquier cargo público no abstenerse en expedientes que afectan a familiares directos mientras el alcalde asegura que desconocía qué estaba apoyando.

"Si lo hubiera sabido no habría votado", dijo Azcón. "Hubiera preferido salirme de la votación para evitar los malentendidos que hubiera podido generar esta situación", añadió. Pero se quedó. Y votó. Y lo hizo a favor del proyecto en el que sus padres son socios y también del que diseña su hermano. Y eso abre un camino de consecuencias inciertas en el plano político en Aragón, cuya Ley de Ética y Responsabilidad Pública, vigente desde mediados de 2017, establece estrictas restricciones y una clara obligación de abstenerse en este tipo de situaciones.

Las lagunas de una normativa poco desarrollada

La norma es clara a la hora de definir el conflicto de intereses: su artículo 58 lo define como "una colisión entre el interés público y el privado, derivado del interés particular, económico, personal o profesional, que pudiera tener la autoridad o cargo del sector público autonómico que afectase a la forma en que cumple sus obligaciones y responsabilidades", mientras el 48 establece que "se considerarán intereses privados o personales" los de los “familiares, incluyendo (...) parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad" y también "los de las personas jurídicas o entidades privadas" a las que "estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración".

La ley, cuya disposición transitoria segunda posponía a primeros de julio de 2018 la aplicación de "la normativa sobre conflictos de intereses e incompatibilidades" para "las autoridades y cargos del sector público de Aragón", en el que se incluyen los de "las entidades locales", establece con claridad quién debe instruir esos expedientes en el caso de los cargos autonómicos, algo que no ocurre con los del resto de administraciones. O quizás sí. Depende de la interpretación que se dé a la textualidad de la norma.

En este sentido, la disposición adicional quinta asigna a la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno de Aragón "las competencias en materia de conflictos de intereses e incompatibilidades", sin más especificaciones, lo que señalaría a ese órgano como el encargado de instruir ese expediente.

Paralelamente, la norma asigna a la Agencia de Integridad y Ética Públicas la función de "investigar o inspeccionar posibles (…) conductas opuestas a la probidad que comporten conflicto de intereses". Sin embargo, este organismo dependiente de las Cortes de Aragón aún no existe, ni tampoco el reglamento con las reglas de tramitación del "expediente contradictorio y sumario" del procedimiento sancionador, aunque sí se contempla aplicar las normas autonómicas "en lo que no se regule de manera específica".

Fuentes del ejecutivo autonómico explicaron que el espíritu de la ley indica que esas investigaciones deberían ser desarrolladas por las propias administraciones en las que se dan los episodios susceptibles de ser considerados como conflicto de intereses, lo que remitiría a algunos de los órganos administrativos de mayor nivel del propio consistorio, ya fuera la Secretaría o la Intervención.

¿Por qué se agilizó el expediente de los padres del alcalde?

El equipo de gobierno municipal intenta dar por cerrado el asunto de los negocios inmobiliarios de la familia del alcalde desde que el pleno de finales de junio rechazó la comisión de investigación que reclamaban los grupos de la izquierda.

Sin embargo, y al margen del conflicto con las familias cuyas viviendas van a ser expropiadas para sacar adelante esas promociones, después de esa votación han continuado aflorando algunos datos que proyectan interrogantes sobre la tramitación del expediente referente a la promoción en la que aparecen como socios los padres del alcalde Azcón.

Entre ellos destaca el que puso de manifiesto en una comisión de Urbanismo el portavoz del PSOE en esta materia, Horacio Royo, al que le llamó la atención una de las afirmaciones que plasma la jefa del Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística en el informe favorable que remitió a la Junta de Gobierno el 21 de mayo, tres días antes de la votación en la que participó el alcalde.

"Se ha solicitado por el Coordinador General del Área de Urbanismo la agilización de la tramitación de este procedimiento en la medida de lo posible por el interés público que concurre", señala el documento. Tanto ese proyecto como el colindante que diseña como arquitecto uno de los hermanos de Azcón llevaban parados desde 2009, cuando comenzaba la anterior crisis.