Las negociaciones en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para designar a los dos aspirantes al Tribunal Constitucional (TC) que competen al CGPJ han encallado por cuanto los vocales progresistas insisten en mantener la candidatura del magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés y sus pares conservadores en reclamar otros nombres, lo que supone que, por ahora, el único acuerdo es celebrar una primera votación el próximo 22 de diciembre.

Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas, la serie de reuniones que se han sucedido desde que el Gobierno designara el pasado martes a sus dos aspirantes al Constitucional –el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez– han servido para que los portavoces progresistas y conservadores confirmen a la otra parte que se mantienen en las posiciones fijadas el 16 de noviembre.

Ese día, los vocales conservadores manifestaron a sus interlocutores la necesidad de cambiar el método de negociación. Planteaban que, en lugar de que cada bloque propusiera un candidato que fuera asumido automáticamente por el otro, ambas corrientes pusieran varios nombres sobre la mesa para elegir los dos aspirantes al Tribunal Constitucional de forma conjunta.

Este movimiento se produjo después de que el 3 de noviembre los vocales progresistas postularan a Bandrés, reduciendo así la lista de nueve candidatos que lanzaron el pasado octubre, por lo que desde este sector el cambio de reglas propuesto por los negociadores conservadores se percibe como un veto encubierto al magistrado del Tribunal Supremo, ya que formalmente –apuntan– no han formulado tacha alguna.

En esta coyuntura, la comisión negociadora –integrada por José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, del lado conservador; y Álvaro Cuesta y Roser Bach, del lado progresista– se citó para el 30 de noviembre, el pasado miércoles, para intentar desatascar las conversaciones, pero dicho encuentro quedó eclipsado por la designación de Campo y Díez.

Los conservadores pidieron más tiempo a los progresistas para valorar el impacto de los nombramientos de Moncloa en las negociaciones del CGPJ y ese mismo día por la noche celebraron un cónclave interno en el que acordaron dejar la cuestión de Campo y Díez al margen –aunque algunos vocales creen que son perfiles excesivamente politizados que el Consejo debería compensar enviando al TC candidatos intachables desde la óptica de la imparcialidad–.

Resuelto el asunto de Campo y Díez, la comisión negociadora volvió a verse el jueves por la mañana. Los conservadores incidieron en reclamar a los progresistas más nombres, además de Bandrés, y estos últimos lo debatieron en una reunión interna esa misma tarde que acabó con la decisión de mantener la candidatura única de este magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

Así, este mismo viernes los vocales progresistas han trasladado a sus compañeros conservadores que no están dispuestos a debatir la "idoneidad y oportunidad" de la candidatura de Bandrés, ni tampoco la "idoneidad y oportunidad" de los aspirantes que pueda anunciar el sector conservador.