Navarra debate una ley de memoria que obliga a la Administración a asumir las exhumaciones

Cuestiones capitales para los familiares de víctimas del franquismo como que la Administración asuma las exhumaciones, la creación de un banco de ADN, actos de reconocimiento público institucional y la eliminación de símbolos, entre otras, se desarrollan en la Ley Foral de memoria histórica que aprobará el parlamento navarro este jueves 14 de noviembre.

La previsión es que la norma salga adelante con el voto favorable de todos los grupos políticos y las abstenciones, o votos negativos, del Partido Popular y de Unión del Pueblo Navarro. El texto nace de la Ponencia sobre las víctimas del 36, en cuyos trabajos han tenido un papel importante las víctimas, familiares y asociaciones. De la Ponencia salió el texto casi definitivo de la norma, aprobado por el parlamento de Navarra el pasado abril.

Posteriormente, el proyecto de ley -presentado por el grupo de Izquierda-Ezquerra- se elevó al pleno de julio, y en septiembre se votaron las enmiendas. Las conclusiones de todo el proceso se reflejan en la norma cuya aprobación se debate en la cámara este jueves.

La ley dice que los gastos originados en las labores de exhumación corran a cargo de los Presupuestos navarros 

Cerca de 200 familiares de víctimas y miembros de asociaciones seguirán la sesión desde la tribuna de invitados y salas aledañas. La expectación ante la aprobación de la ‘Ley Foral de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936' es máxima gracias al carácter avanzado de sus preceptos en comparación con la ley estatal aprobada por el Gobierno socialista en 2007.

El objetivo, tal y como se establece en la exposición de motivos, es "rectificar años de olvido institucional (...), evitar en la medida de lo posible la persistencia de la desaparición de personas que fueron ejecutadas en aquella época (...) y deslegitimar social e institucionalmente a la dictadura franquista". El texto, al que ha tenido acceso Público, recuerda que en Navarra no hubo frente bélico, "ni dos bandos enfrentados", y que las 3.400 víctimas fueron asesinadas "por pensar diferente".

La Ley Foral aborda todas las cuestiones necesarias que establecen una política pública de recuperación de memoria histórica. En primer lugar, dota a las administraciones públicas de Navarra de responsabilidad a la hora de iniciar el proceso de localización y exhumación en fosas comunes. Se trata de un paso avanzado en comparación con la "autorización" para exhumar que contempla la ley estatal sobre memoria histórica.

Las obras realizadas con el trabajo esclavo de presos republicanos estarán señalizadas 

Asimismo, establece medidas como la creación de un mapa de fosas con el que "dar a conocer a la sociedad esa realidad y contribuir al esclarecimiento de la verdad"; la retirada de símbolos franquistas; proteger los monumentos de recuerdo a las víctimas y desarrollar convenios para el estudio y el conocimiento de los hechos ocurridos en Navarra durante la dictadura.

Para poder ejecutar estos preceptos, la norma indica que se establecerán en los Presupuestos Generales de Navarra las partidas económicas necesarias. El artículo 7 reconoce explícitamente que los gastos originados en las labores de exhumación corran a cargo de los Presupuestos navarros. Este punto es el que más dudas acarrea a los familiares y asociaciones, ya que Navarra lleva dos ejercicios prorrogando sus Presupuestos.

En el apartado de los reconocimientos público,s los políticos y funcionarios represaliados tras el golpe militar de 1936 tendrán sendas placas recordatorias en las sedes del parlamento y gobierno de Navarra.

Otra demanda tradicional de los colectivos que trabajan en la recuperación de restos de desaparecidos es la creación de un banco de ADN, medida que impulsa la nueva Ley Foral. Según el texto, se creará un banco dependiente del Instituto de Medicina Legal de Navarra "en el que se conservarán muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones con su secuencia de ADN".

"El tiempo se acaba para muchos familiares, por eso es necesaria esta ley" 

La norma estable también la figura de Lugar de la Memoria Histórica de Navarra, denominación con la que se podrán declarar sitios vinculados a hechos relevantes durante la Guerra Civil o la dictadura, como fosas comunes, centros de detención u obras públicas realizadas con el trabajo esclavo de presos republicanos. En este último caso, se prevé que la señalización incluya las condiciones de vida de esas personas, el número de esclavos y demás datos necesarios para para el conocimiento público de estos episodios.

El olvido de las instituciones hacia los españoles recluidos en campos de concentración europeos es evidente. Incluso en el campo austríaco de Mauthausen, donde permaneció el mayor grupo de españoles, el estado español es el único que no se ocupó de erigir un monumento a sus víctimas. Los gobiernos del resto de países que tuvieron ciudadanos allí presos sí se encargaron de rendirles homenajes. Para paliar esta situación, la nueva ley navarra establece colocar menciones especiales en todos los campos de concentración de Europa por donde pasaron ciudadanos navarros.

Dos placas en sedes de gobierno y parlamento navarro recordarán a políticos y funcionarios represaliados Relacionado con la protección de los lugares de memoria, el Gobierno foral se encargará de la preservación del Fuerte de San Cristóbal, el penal por el que pasaron en durísimas condiciones cientos de presos republicanos. 

Con el objetivo de promover el conocimiento de la historia vedada durante muchos años, la Ley Foral establece la creación de un Centro Documental de la Memoria Histórica de Navarra, que elaborará un censo de personas desaparecidas con información sobre las circunstancias del fallecimiento o desaparición. Desde el ámbito educativo, la norma incluye la revisión de los textos escolares "con el fin de garantizar que ofrezcan información veraz, extensa y rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo".

La conquista de una ley completa, que aborda todas las demandas de las víctimas, ha sido posible gracias al impulso de las familias y colectivos que trabajan por la memoria histórica. "Han escuchado las demandas que llevamos haciendo durante años, y la conclusión es esta Ley Foral", comenta Olga Alcega, de la Asociación de Familiares, Fusilados y Desaparecidos de Navarra. "El tiempo se acaba para muchos familiares, por eso es necesaria esta ley que promueve la investigación, el banco de ADN. Las familias quieren saber", añade.

El texto incluye también materias que exceden la competencia de la Comunidad Foral, pero que se traducen en demandas hacia el estado. "Sabemos que esta ley no puede anular los juicios sumarísimos ni las incautaciones de bienes, pero pedimos al estado que lo haga", señala Olga Alcega.

La Ley Foral de memoria histórica reconoce que las exhumaciones llevadas a cabo en los años 70 por los propios familiares de las víctimas "suplieron una tarea que debiera haber sido abordada por las instituciones públicas".

 Olga, nieta de Antonio Alcega -que trabajaba de cartero en Bureta (Zaragoza) cuando fue asesinado en 1936- participó en las labores de búsqueda de fusilados en fosas comunes que se dieron a mediados de los 70 al sur de Navarra. Tras la muerte del dictador Francisco Franco, los familiares salieron a la búsqueda de las fosas comunes cargados de palas, azadas y cajas de cartón. "Íbamos al campo con muchas ganas de encontrarles; cuando aparecían los restos, los limpiábamos con una esponja y se guardaban en el depósito del cementerio en una caja con el nombre del lugar donde habían aparecido", explica Olga. Después, se fijaba una fecha para darles sepultura según los ritos tradicionales.

En aquellos años se recuperaban restos de grupos hallados en fosas pequeñas. "Sabíamos que, por ejemplo, habían sacado del pueblo para matar a un grupo de siete, y cuando abríamos la fosa había siete, así que decíamos: ‘estos son'. También localizamos objetos que nos permitían saber quiénes eran", rememora Olga.

Según recuerda esta nieta de un fusilado, hubo gente que participó en aquellos trabajos. "El sacerdote de mi pueblo pedía información en misa, y decía que se la dieran bajo secreto de confesión o con un anónimo".

El abuelo de Olga, en cambio, estaba en una fosa grande, de las que "no se tocaban". "Mi padre intentó exhumarlo, pero no fue posible hasta 2009; era una fosa de 81 personas mezcladas, y de varios municipios. No se podía exhumar porque decías, ‘y a quién me llevo'".ç

Antonio Alcega fue recuperado en la fosa de Magallón, en Zaragoza, hace cuatro años, e identificado con ADN. Olga recordaba que una vecina le comentó lo "guapo" que estaba su abuelo el día que se lo llevaron, "con una camisa blanca remangada al codo". Ella nunca supo si ese recuerdo sería real o creado, pero lo cierto es que su abuelo apareció con unos botones colocados justo a la altura del codo.

"Cuando llevas años buscando, poder decir ‘este es mi abuelo' es algo impresionante; y que ya esté enterrado dignamente es un descanso para mí", confiesa Olga. "Si puedo hacerlo por otros abuelos más, lo seguiré haciendo", concluye.