MADRID.- El juicio por el asesinato de la niña Asunta Basterra ha tenido que ser pospuesto hasta septiembre. Iba a comenzar el 23 de junio, pero pocas personas han accedido a formar parte del jurado. La ley requiere que el primer día del proceso estén presentes 20 miembros. Sólo hay 15.
De los 36 ciudadanos que salieron en el sorteo, dos no han podido ser localizados y otros 19 han presentado recusaciones y excusas.
Los 15 restantes han quedado ya seleccionados para el juicio. Pero faltan cinco más. Uno de los seleccionados ha comunicado a la Audiencia que sí que podrá formar parte del tribunal popular después del mes de agosto.
Por ello, la Audiencia de A Coruña convocará un nuevo sorteo del jurado a partir de la próxima semana para seleccionar a los cuatro miembros del jurado que faltan. Luego se dará a conocer la nueva fecha del juicio.
El juicio por el asesinato de la niña Asunta Basterra Porto tiene un alto interés mediático, pero será una prueba dura para los miembros del jurado. Tienen que decidir si los padres adoptivos de la niña urdieron su muerte durante al menos tres meses.
Penas de entre 18 y 20 años de cárcel
Los padres adoptivos, Rosario Porto y Alfonso Basterra, se exponen a condenas de entre 18 y 20 años de cárcel cada uno. El juez instructor concluyó que los padres adoptivos drogaron a la niña con ansiolíticos y que fue la madre la que la asesinó asfixiándola, cuando contaba con 12 años de edad.
La madre denunció la desaparición de la niña el 21 de septiembre de 2013, y su cuerpo sin vida fue encontrado en una pista forestal al día siguiente en el municipio coruñés de Teo.
En el proceso están citados a declarar un total de 84 testigos y más de 60 peritos y se prevé que dure aproximadamente un mes.
La figura del tribunal del jurado es un sempiterno debate que se suscita desde su implantación, en 1995.
La justicia emana del pueblo y el tribunal del jurado es un mandato constitucional. Pero hay quienes defienden la conveniencia de que los delitos de especial complejidad o de alto interés mediático sean juzgados por jueces profesionales para evitar una presión ambiental. Algunos juristas defienden que la selección trascienda al marco geográfico de la provincia. Y hay quienes abogan por tribunales mixtos, conformados por ciudadanos anónimos y jueces.
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