la crisis del coronavirusMujeres transfronterizas en Melilla: cuando el cierre de la frontera por coronavirus acaba con su empleo

Hayat, Karima y Chirifa (nombres ficticios para evitar ser identificadas) no se conocen de nada, pero tienen algo en común: son ciudadanas marroquíes que se ganan la vida como empleadas del hogar en Melilla. Al menos esa era su rutina hasta que el pasado 13 de marzo Marruecos cerró sus fronteras terrestres con las ciudades autónomas españolas para evitar la propagación del COVID19, dejando también sin sustento a las porteadoras.

Desde entonces estas tres mujeres viven una situación de incertidumbre por verse incapaces de hacer frente a los pagos del alquiler y facturas o simplemente de poder llenar la cesta de la compra con los productos de primera necesidad. "Tengo unos pocos ahorros para aguantar, pero al final del próximo mes no tendremos dinero para pagar las facturas del hogar", relata Hayat, vecina de Beni Enzar, divorciada y con dos hijos a su cargo.

Lleva 15 años dedicándose a la limpieza a domicilio. Hasta ahora trabajaba para dos familias españolas desde las ocho y media o nueve de la mañana hasta las dos o tres del mediodía, aunque en ocasiones puede alargarse hasta las cuatro o cinco de la tarde. No tiene contrato. Por cada jornada le pagan 25 euros, pero día que no va, día que no cobra, por lo que no puede enfermar, aunque dice que en alguna ocasión ha ido a trabajar resfriada por no perder ese dinero.

Karima cuidaba a la abuela de la familia, "una señora de unos 80 años en silla de ruedas". Entre sus tareas destaca la de asear a la anciana, darle la comida y acompañarla a pasear. "Tenía que hacer esfuerzo físico para levantarla de la cama y del sofá a la silla y de eso se resiente mi espalda", comenta esta trabajadora de 50 años, viuda y con tres hijos. Karima tampoco tenía contrato, cobraba 100 euros que le daban en un sobre a final de la semana por cuidar a la señora unas seis horas diarias. "Quieren que me reincorpore cuando todo esto haya pasado, pero mientras tanto no tengo nada y no sé cómo seguir adelante".

La única que tenía contrato y estaba dada de alta en la Seguridad Social era Chirifa. Vive sola con su marido. Sus tres hijas están casadas y tienen su propia familia en Melilla, mientras que sus dos hijos residen en Almería. "No puedo ir a trabajar y en casa estamos fatal. Mi marido tiene una tienda de alimentación y, aunque la mantiene abierta, apenas viene nadie por miedo al contagio y por los controles del Ejército", explica.

"Fregaba, limpiaba toda la casa, hacía la comida, lavaba la ropa y la planchaba… Lo hacía todo de ocho a dos", afirma. Todo ello por un contrato de media jornada por el que le corresponderían 475 euros brutos de Salario Mínimo Interprofesional. Chirifa dice ser incapaz de confirmar esta cifra porque no sabe leer y aceptó lo único que le ofrecieron.

Empleo feminizado y racializado

Estos son solo tres testimonios de trabajadoras marroquíes y de cómo la pandemia del coronavirus ha cortado de un día para otro su única fuente de ingresos. La asociación Melilla Acoge define el sector de las empleadas del hogar como una "realidad altamente racializada y feminizada" y una "tendencia generalizada" con "un número alto de mujeres que practican la actividad dentro de la economía sumergida", como es el caso de Hayat y Karima.

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en Melilla, en el último trimestre de 2019, había en el Régimen Especial del Empleo del Hogar un total de 1.711 personas, de las cuales 1.656 eran mujeres y 55, hombres. Del total, 1.576 son mujeres extranjeras y 53 también son hombres extranjeros. No obstante, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla (APDHM) elevan esta cifra hasta prácticamente las 3.000 empleadas marroquíes, considerando que una gran parte trabaja sin contrato.

Desde Melilla Acoge definen los perfiles de mujeres que ejercen este trabajo: contratadas y sin contratar. Las primeras, si están contratadas por particulares, pueden tener una tarjeta de residencia con autorización para trabajar, DNI o permiso de trabajo transfronterizo, aunque "una constante que se encuentra en las mujeres contratadas es la realización de más horas de las que aparecen en el contrato y que en muchas ocasiones no son retribuidas".

Las segundas, en algunas ocasiones, "reciben una cantidad menor al Salario Mínimo Interprofesional por la que realizaron el trabajo".

Economía sumergida

Esta entidad alerta de que las trabajadoras contratadas "no tienen derecho a prestación por desempleo si solo han cotizado a través del Sistema Especial del Empleo del hogar" y que haya mujeres con "contratos de media jornada haciendo las funciones de internas". Por todo esto, esta asociación insiste en que "más que de alternativas laborales, se debería de hablar de alternativas en lo laboral: que respeten sus derechos laborales, que la sociedad melillense se conciencie de la necesidad de la contratación y respete lo derechos de estas mujeres".

A todo ello añaden que "también es necesario que las instituciones faciliten la contratación y la no vulneración de derechos con medidas como la ampliación de plazos administrativos en el caso del permiso transfronterizo (más de un año para la renovación), la ratificación del Convenio 189 de la OIT y el respeto al artículo 15.5 del Estatuto de Trabajadores".

El principal problema al que se enfrentan ahora es al cierre de fronteras.

"Se quedan sin alternativas laborales. Si no entran a la ciudad, no trabajan y, en consecuencia, no cobran". Además, dada su situación laboral, no pueden recibir ayudas sociales y no se le puede aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), "ya que este colectivo no tiene reconocidas las prestaciones por desempleo".

Por ahora no se han aprobado medidas concretar en este sector y, por ello, se encuentran especialmente indefensas, por ser un colectivo especial que no entra dentro del sector de autónomos, pero tampoco del de trabajadores por cuenta ajena, concluyen desde Melilla Acoge.