Moreno Bonilla vuelve al modelo del ladrillo con su nueva ley andaluza de vivienda

El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), que goza de mayoría absoluta, tramita desde este verano, cuando aprobó el anteproyecto —ahora está en exposición pública—, una nueva ley de vivienda en Andalucía. 

La ley, en su filosofía, propone un regreso al modelo del ladrillo, con el impulso de la oferta de viviendas y, por tanto, del negocio, como clave de bóveda.

Así lo expresa en su preámbulo: "La falta de una política económica en materia de vivienda que garantice la seguridad jurídica de los propietarios, […] la problemática para financiar la urbanización de nuevos sectores […], el difícil acceso a la financiación de los promotores públicos y privados, y la debilidad económica de la población […], han generado un desequilibrio entre la demanda y la oferta de vivienda […] y la escasez de [...] viviendas protegidas".

El Gobierno andaluz añade que lo que pretende con este anteproyecto de ley —que recoge un plan de choque con el objetivo de aumentar la vivienda protegida— es "realizar una propuesta equilibrada y no simplista que facilite el acceso a la vivienda, que facilite a las personas su proyecto de vida, removiendo los obstáculos que a día de hoy existen para ello, sobre todo la escasez de la oferta".

La norma, cuyo borrador se puede consultar aquí, abandona la concepción de la vivienda como bien social, presente en las leyes anteriores, y la objetiva como un bien patrimonial, según se extrae de la lectura del anteproyecto. La ley autonómica, que el Ejecutivo prevé aprobar el primer semestre de 2025, impulsa así de nuevo un modelo mercantilista, que ya causó grandes desperfectos en España tras la caída de Lehman Brothers. 

El anteproyecto llega incluso al punto de mezclar la regulación de los desahucios con lo que llama "inquiocupas", un término de nulo valor jurídico, "grotesco", para Iban Díaz, profesor de Geografía en la Universidad de Sevilla, especialista en procesos de gentrificación urbana.

Crea así, en su artículo 43, un órgano llamado "comisión de coordinación en materia de desahucios y lucha contra la ocupación ilegal e inquiocupación". El proyecto no especifica muchos más detalles, porque deja su "composición y funciones" a un decreto posterior del Consejo de Gobierno.

"Quieren crear una comisión —lamenta Carmen Jiménez, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Sevilla— que coordine los desahucios y la lucha contra la okupación ilegal y los inquiokupas. Es una contradicción. En eso, creemos que no tiene mucho sentido que una cosa vaya con la otra. No sé como se puede gestionar una atención a una familia que van a echar de su casa. No sé cómo lo va a gestionar la comisión esta. No desarrollan nada de esto".

También insinúa la ley del Gobierno andaluz que la okupación, un asunto residual en España, es un factor que influye a la hora de lo que llama la "debilidad de la oferta en alquiler".

Dice así: "Los propietarios privados […] ante situaciones de inseguridad o incertidumbre en la aplicación de las normas de arrendamientos urbanos, o preocupación real ante la posible ocupación de su vivienda, optan por retirar del mercado del alquiler la escasa oferta disponible".

La norma ha generado cierto nivel de rechazo e incertidumbre en sindicatos, expertos y colectivos sociales consultados por Público por "aporofóbica", por "criminalizar" en ocasiones a los inquilinos y por ser una ley por el "derecho a especular" más que una ley "por el derecho a la vivienda".

Tampoco acomete la regulación de las viviendas turísticas, más allá de breves referencias tangenciales, con el argumento, expuesto en el preámbulo, de que este tipo de usos "en Andalucía suponen en torno a un 3-4% del parque de viviendas principales". "Lo que pone de manifiesto —escriben los juristas del Gobierno andaluz— que el problema de la falta de oferta de vivienda en alquiler persiste, independientemente de la vivienda de uso turístico".

"No incluyen nada sobre la vivienda turística, no hay ningún tipo de regulación. Es [en efecto] un porcentaje muy pequeño, pero si lo relacionamos solo con las viviendas de alquiler el porcentaje es mucho más alto y, sobre todo, en provincias como Málaga y Cádiz y las zonas turísticas. No nos oponemos a que haya viviendas turísticas, pero esto tiene que estar controlado", analiza Rosa Berges, de CCOO en Andalucía.

Así, el Gobierno de Moreno, paso a paso, después de más de un lustro en la Junta de Andalucía, sigue aplicando su ideario liberal. Andalucía hizo en la etapa del cogobierno de PSOE e IU, —impulsada por este último partido— una ley pionera, que la derecha llevó al Tribunal Constitucional, en la que se regulaba la vivienda como un bien social. Después, el PSOE también reguló el tanteo y retracto para poder comprar la vivienda en algunos casos. Estas normas quedarán derogadas si el anteproyecto se aprueba tal como está ahora.

La ley de vivienda estatal, aprobada por el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, también la llevó Moreno al Constitucional, lo que sirvió para que en mayo pasado el Tribunal reconociera que la vivienda es un derecho constitucional y que avalara la norma sin apenas cambios. En julio, entrado ya el verano, Moreno lanzó su propia norma, sin consenso, y ahora la ha clasificado como "prioritaria".

Suministrador de suelo

Los sindicatos mayoritarios, a quienes el Gobierno no consultó antes de lanzar el anteproyecto, tratan ahora de modificarlo, o, al menos de suavizarlo, en las mesas de negociación. Para Berges, la ley, como está hoy, pretende "fomentar la construcción, considerando la vivienda como un bien patrimonial y elimina la propia intervención de la autonomía en materia de vivienda: la Junta se convierte como un suministrador de suelo casi gratis o gratis para fomentar la vivienda en colaboración público-privada".

Ese enfoque es equivocado, según expone la sindicalista: "El suelo es finito, cuando hay más oferta, se dice que es más fácil [construir y vender], pero no es así. Ya vimos las consecuencias que tuvo esta política. Y no hemos salido de ese atolladero. No es un bien elástico la vivienda. No puedes construir infinitamente".

"Es una ley —abunda el geógrafo Díaz— que parte de un análisis erróneo de la realidad y, por otro, es una ley aporofóbica, dirigida a favorecer a los inversores y promotores mucho más que a los grupos vulnerables. Podríamos decir que es más una ley por el derecho a especular que por el derecho a la vivienda".

"La ley parte de un análisis erróneo de la realidad", afirma el geógrafo Iban Díaz

Lo que hay, expone Díaz, es "un planteamiento desarrollista: que es la falta de vivienda la que hace que los alquileres y las viviendas sean tan caras, con lo que hay que subvencionar a los constructores e inversores inmobiliarios".

"Pero esto, de nuevo, ignora las razones reales, que tienen que ver con el carácter hiper-especulativo del mercado inmobiliario. Cuando más se construía en España era en los años 2007-2008 y en términos relativos todavía no hemos alcanzado los precios que había en aquella época. La única forma de controlar los precios y adecuarlos a los salarios es un mayor control social sobre el mercado de la vivienda, justo lo contrario de lo que se propone".

"Choca también que, cuando hablan de vivienda protegida, hablan de vivienda asequible, que no sabemos lo que significa —expone Rosa Berges—. ¿Esto es la vivienda protegida? No sabemos a qué obedece ese cambio de denominación. No analizan la situación real del mercado de vivienda en Andalucía, no han hecho un análisis de la situación. Necesita una revisión bastante profunda".

No se trata, puntualiza Berges, de ir contra el sector de la construcción, al que apoyan: "Desde CCOO apostamos por el desarrollo equilibrado y sostenible del sector de la construcción y por su modernización, que está en plena transformación tecnológica en cuanto a materiales y las propias técnicas y sistemas de construcción. Lo que exigimos que se contemple también con formación de las personas trabajadoras y una especial atención a uno de los mayores problemas que es la prevención de riesgos para la salud. Es importante la creación de empleo y la calidad".

La vivienda, bien social

"La norma está prácticamente reducida en tres puntos. Que son puntos con poco relleno. Una bolsa de suelo. Aumentar el parque de viviendas, dando subvenciones a promotores, y un plan de choque, lo que más anuncian, para viviendas públicas, utilizando suelos turísticos y terciarios. Todo lo que sean mejoras en temas de vivienda son bienvenidas, pero es verdad que la ley de vivienda estatal ya recoge medidas como el aumento del parque público de viviendas", afirma Jiménez, de la PAH de Sevilla.

"Tampoco recoge [el anteproyecto] las recomendaciones de la UE, que van en el mismo sentido de la ley estatal: incrementar el parque público y un control de precios. La vivienda pública modula los precios del mercado, entendemos. [Este proyecto] no considera como objetivo principal el abordar el derecho a la vivienda como un bien social", argumenta Berges, de CCOO.

"La norma desregula y aparta a la Junta que no interviene prácticamente en nada. Deben establecer el derecho a la vivienda como garantizado y poner las herramientas para ejercer ese derecho. La obligación de la administración es regular el derecho a la vivienda. La impresión es que han hablado con promotores e inmobiliarias", agrega la sindicalista.

Para Rosa Berges, de CCOO, "la ley no define el derecho como subjetivo y como garantizado"

"La ley —añade Berges— no define el derecho [a la vivienda] como subjetivo y garantizado, y no define en qué consiste, cuales son los requisitos que regulan el derecho. Y tampoco incluye mecanismos o herramientas para que el derecho sea efectivo. Cuando hablamos de derecho a la vivienda planteamos que sea garantizado y exigible en los juzgados".

"El tanteo y retracto es una herramienta que usamos para que a las familias no las echen de su casa. Está todo muy abierto [en el anteproyecto], pero no desarrolla cómo se articula el caso de una familia que deje de pagar. En la ley estatal sí viene aclarado ese tema. Las competencias de la ley estatal, Andalucía no las está aplicando. No tiene sentido cuando no va a solucionar los problemas reales, desahucios sin alternativa y el parque de vivienda", analiza Jiménez, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sevilla.

"Queremos decir —prosigue la sindicalista Berges— que si una persona no puede acceder a una vivienda en el mercado libre en alquiler o compra con sus rentas hay que establecer ayudas estables que funcionen automáticamente, no una subvención anual, para cubrir la diferencia entre el precio del alquiler o la hipoteca y el esfuerzo de renta que hay que hacer para pagar. La ley actual de Andalucía establece el esfuerzo en un cuarto de la renta para el alquiler y un tercio para la compra. La ley Estatal y las recomendaciones europeas que recogen el 30% de la renta pero incluyendo los suministros y gastos básico de la vivienda".

Alquiler y okupación

"Antes que atender —afirma el geógrafo Díaz— al problema de los pisos turísticos, el preámbulo de la ley (y su desarrollo posterior), ubica la responsabilidad de los precios del alquiler y de su escasez en los okupas. Llega a decir que no hay más oferta de alquiler por una "preocupación real ante la posible ocupación de su vivienda". Esto es una contradicción que roza el infantilismo".

"Precisamente, si retiramos la vivienda del mercado y la dejamos deshabitada, es cuando se la pueden ocupar. No se puede ocupar una vivienda que no esté vacía. Lo único sensato que puede ocultar esta expresión es el miedo al impago de alquiler, que a lo largo de la ley se equipara a la ocupación de forma totalmente irresponsable", añade  Iban Díaz.

"El impago de alquiler, a lo largo de la ley se equipara a la ocupación de forma irresponsable"

"Esto —remacha la argumentación el profesor— lleva al carácter aporafóbico de la ley. Es una ley más preocupada en perseguir los comportamientos incorrectos de los pobres que en ayudarles a conseguir vivienda. El objetivo principal de toda la ley parece ser perseguir a los okupas, asimilando inquilinos que no pueden pagar el alquiler a okupas, con el grotesco término de inqui-ocupación".

"No creo que tenga mucha visión de mejora de las familias. Hay que fomentar el parque de vivienda, pero qué pasa con las familias que se quedan en la calle: no hay alternativa habitacional. No existe cupo para personas sin hogar. No sé cómo lo van a desarrollar. No da soluciones. Todo lo que sea, bienvenido, siempre y cuando resuelva problemas. Pero lo que hay tiene más pinta de favorecer a los promotores, a los lobbys, que a las familias", razona Carmen Jiménez, de la PAH en Sevilla.

"No se protege a inquilinos ni a compradores de vivienda para vivir. Los inquilinos incluso hay momentos en que los criminaliza. Eso es una utilización muy partidista de la ley. La Junta no tiene capacidad para actuar sobre estas cuestiones. Están los juzgados. Lo más que puede hacer es informar", considera Berges, de CCOO.

"Eso que consideran como inquiocupas son personas que no pueden pagar el alquiler porque han perdido el empleo. Eso no tiene razón de ser: si hay una situación de impago de alquiler hay que buscar una solución, a través de ayudas al alquiler, por ejemplo. Uno de los problemas que existen es que los mecanismos que las leyes incluyen para hacer efectivo el derecho a la vivienda no han funcionado".

El artículo 41 del anteproyecto recoge que las personas condenadas por allanamiento de morada o usurpación de vivienda o haber sido sancionadas por la administración en cualquier expediente de desahucio por ocupación sin título en los últimos cinco años no podrán acceder a viviendas sociales. "Eso, además de ser un castigo y disciplinamiento de pobres, no tiene ni pies ni cabeza a nivel legal, porque supone que la persona sería castigada dos veces por el mismo delito. Es puro populismo punitivo", analiza Iban Díaz. 

"La preocupación de la ley —remacha el geógrafo Díaz— es mejorar los dispositivos para desalojar más fácilmente y castigar a las personas que precisamente no pueden afrontar los precios actuales del precio de la vivienda. Las personas a las que debería ayudar esta ley, se convierten así en el principal enemigo a batir. En esta misma línea la ley propone un régimen sancionador para los usuarios de vivienda pública mientras se relaja la vigilancia para los promotores (declaración responsable para todo)".