Moreno Bonilla tumba una tasa al visitante que recaudaría 220 millones en plena ola de protestas por la turistificación

El problema de la vivienda en Andalucía debido al auge del turismo tras la pandemia y al "capitalismo rentista" que se aprovecha de ello, vía pisos turísticos, ha provocado ya en plena temporada protestas relevantes en Málaga y en Cádiz y la activación de plataformas por todo el territorio. Así ha sucedido al menos en Sevilla, Cádiz, Granada, Málaga y Jerez.

La turistificación ha generado ya severos problemas en las grandes ciudades de Andalucía: entre 2012 y 2020, 16.000 personas abandonaron las casas en las que vivían en los centros históricos de cinco capitales andaluzas: Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada y Cádiz, según se recoge en el volumen Turismo, desarrollo urbano y crisis en las grandes ciudades andaluzas, editado por la urbanista María Barrero Rescalvo y el geógrafo Iban Díaz Parra.

"El peso de la vivienda con fines turísticos en los barrios centrales es especialmente alarmante en Sevilla y Málaga en los que, para el conjunto del centro histórico, las viviendas con fines turísticos registradas superan el 10% del total de viviendas", se lee en ese trabajo.

Este problema no ha hecho más que intensificarse día tras día. Hoy hay más de 80.000 viviendas turísticas registradas en Andalucía, según el INE, una de cada cuatro —el 23,5%— de las que hay en España. La mayoría de ellas se concentran en las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz. Un ejemplo extremo: en una localidad como Conil de la Frontera, de 22.000 habitantes, hay 2.206 pisos turísticos, el 10%. En verano, puede multiplicarse por cuatro su población.

El debate sobre una prohibición general de los pisos turísticos ya lo ha planteado en la Comunidad el sindicato de inquilinas e inquilinos de Málaga, que convocó la multitudinaria manifestación del pasado 29 en la ciudad.

Para el sindicato, "la vivienda se concibe como bien de mercado y como activo financiero, no como un hogar". Proponen así cuatro medidas fundamentales contra esa concepción: por una lado la regulación de precios; por otro, el fin de los desahucios y la despenalización de la okupación "mientras exista una situación de emergencia habitacional estructural"; también la movilización de las viviendas vacías, y, por último, la prohibición "total e inmediata de las viviendas de uso turístico".

Los propios alcaldes de las principales ciudades, que son del PP, el mismo partido que gobierna en Andalucía, se han visto desbordados por este debate al respecto de las viviendas turísticas y de la propia tasa.

Así, varios regidores del PP se han manifestado a favor de ella e incluso de controlar el exceso de apartamentos destinados al turismo. Sin embargo, el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla está en este momento entregado a las tesis de la patronal, que no quiere este impuesto ni en pintura ni tampoco ponerle puertas al campo, y de momento, lo ha frenado. "El problema no se resuelve limitando las viviendas de uso turístico, sino prohibiéndolas por completo", considera el sindicato de inquilinos.

Este miércoles en el Parlamento de Andalucía, el rodillo parlamentario de Moreno Bonilla tumbó una proposición de ley de Adelante Andalucía que proponía la creación de una tasa turística, que podría, según sus cálculos, recaudar unos 220 millones de euros. PSOE y Por Andalucía votaron a favor de ella y PP y Vox en contra.

Aunque el debate de la tasa turística, en cierto sentido, según algunas expertas, despista de lo nuclear —las carencias estructurales y el modelo económico extractivista—, si el destino de los fondos sirve para financiar mejores servicios públicos en lugar de para financiar mejores campañas de promoción, se ubicaría en la tradición de la política fiscal como elemento de redistribución de riqueza.

El modelo de Adelante

El modelo que ha planteado Adelante Andalucía, en su proposición de ley, la que ha rechazado este miércoles la derecha, está inspirado en las leyes en vigor en Catalunya e Balears y en la que PP y Vox ya tumbaron en la Comunitat Valenciana.

El impuesto lo habrían pagado los usuarios y oscilaría entre los 0,75 euros para hostales y albergues, hasta los 5 euros para hoteles de 5 estrellas y cruceros. Adelante plantea el destino finalista de los fondos para dos cosas: políticas contra la emergencia climática y la construcción de vivienda pública.

Así, lo recaudado por el impuesto, habría ido, por un lado, a la "modernización enfocada a la sostenibilidad ambiental, impulsando adaptaciones tendentes a la reducción del consumo energético, a un consumo de agua más eficiente y a una reducción y correcto tratamiento de los residuos".

Y, por otro, a "actuaciones en políticas de vivienda destinadas a fomentar el acceso a la vivienda, y especialmente el alquiler social en zonas tensionadas donde el turismo de masas está expulsando a la población autóctona".

Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, anunció este miércoles el registro de una proposición de ley para establecer la posibilidad de suspender la autorización de viviendas turísticas en zonas saturadas.

El agua y su explotación

El sindicato de inquilinas e inquilinos de Málaga, también plantea esta línea de trabajo: "El extractivismo turístico causa importantes efectos negativos sobre el medio ambiente y la gestión de los limitados recursos naturales, especialmente el agua".

"El agua —recogen en un comunicado—no puede seguir siendo un privilegio de clase. Es crucial que se tomen medidas para gestionar de manera sostenible los recursos hídricos de la región. Estamos consumiendo más agua de la que tenemos, lo que nos lleva a una situación de déficit hídrico que se ve agravada en gran medida por el uso excesivo de agua que se da en las viviendas y los apartamentos turísticos".

Además de todas estas cuestiones, relacionadas con la vivienda, la presión sobre el agua y los servicios públicos, el sindicato de inquilinas ha planteado también el debate de quién se lleva los beneficios que deja el turismo: "El rentismo turístico vive y se desarrolla a costa de las plusvalías de las trabajadoras", afirman.

El asunto es profundo y tiene consecuencias. El turismo supone en torno al 13% de los empleos de Andalucía. Hay trabajos, como el de Joan Corominas, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que expresan la idea de que, en efecto, la riqueza, no permanece en Andalucía: "Los municipios especializados en agricultura intensiva y en turismo alcanzan menores rentas por habitante que el resto de municipios andaluces".

Así, expone Corominas en su breve estudio llamado No confundamos actividad con desarrollo: "La renta de los municipios especializados en agricultura intensiva, muchos de ellos en el litoral, es del 84,4% de la media de todos los municipios andaluces y la de los dedicados al turismo del 92,7%. Por el contrario, el resto de municipios sin estas especializaciones productivas alcanzan mayores rentas por habitante: el 93,5% en los menores de 50.000 habitantes y el 104,8% en las grandes poblaciones".