MADRID.- El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 entra en el Congreso de los Diputados en la mañana de este martes de la mano del titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Este enunciado, aparentemente inocuo, tiene una peculiaridad que lo hace verdaderamente sorprendente y un hecho sin precedentes: el martes es 4 de agosto de 2015.

El Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha forzado hasta extremos inimaginables hace unas semanas la obligación legal que establece la Constitución de presentar el proyecto de PGE “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Salvo disolución de las cámaras parlamentarias el Gobierno de turno ha presentado siempre esta iniciativa siguiendo ese precepto y el correspondiente ministro de Hacienda se presentaba, siempre, en la Cámara baja dos o tres días antes de acabar el mes de septiembre.

Rajoy ha forzado al máximo la obligación legal que establece la Constitución de presentar el proyecto de PGE “al menos, tres meses antes de la expiración de los del año anterior”

Rajoy ha hecho saltar por los aires este ritual hasta el punto de que las cuentas públicas del Estado para el año próximo estarán aprobadas para primeros del mes de octubre, unas fechas en las que hasta ahora, precisamente, se iniciaba la tramitación ordinaria de la que se considera la ley más importante de cada año.

De hecho, al tener prioridad legislativa, según indica la propia Constitución, el último trimestre del año parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado, se concentra en el debate de los presupuestos generales, una tarea en ocasiones compleja y hasta tediosa.

Pero el proceso que se abre este martes no está sacado del guión de una película de ficción sino que, más bien, es la consecuencia de la aplicación a rajatabla de la mayoría absoluta de la que disfruta Rajoy y su partido, el PP, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. “La tramitación en pleno mes de agosto de los presupuestos supone una alteración importante de los hábitos parlamentarios, una de las más graves que recuerdo desde 1977”, razona un veterano diputado. No son pocos quienes comparten ese comentario.

En la práctica, tal y como apuntó el pasado viernes el propio presidente Rajoy tras la reunión del Consejo de Ministros que aprobó el proyecto de PGE 2016, la presentación por parte del ministro Montoro de esta iniciativa a principios de agosto constituye el primer acto con el que el PP inicia una larga campaña electoral para los comicios de finales de noviembre o principios de diciembre.

Los anuncios de un aumento salarial de un 1% para los funcionarios, tras cinco años de congelación de las nóminas, y la devolución de la mitad de la paga extraordinaria “incautada” en 2012 son una prueba palpable de la intención electoralista de estos presupuestos, junto al compromiso de destinar 10.000 millones de euros adicionales a las arcas de las comunidades autónomas. Desde el Gobierno, pese a la insistencia en mantener la senda de la austeridad, se ha trasladado que habrá más recursos para inversiones.

La exhibición de estas ideas, junto a otras expansivas en el gasto social, tal como insistió el propio Rajoy el pasado viernes en su rueda de prensa en La Moncloa, será reiterada una y otra vez durante el debate parlamentario de los PGE a partir de hoy mismo. En este mes de agosto los presupuestos se van a convertir en la serpiente del verano; también durante el mes de septiembre.

Debate el 25 y 26 de agosto

A partir del próximo martes día 18 comenzarán a desfilar por las diferentes comisiones parlamentarias no menos de cuarenta altos cargos del Gobierno, desde subsecretarios diversos departamentos ministeriales hasta el Jefe del Estado Mayor de la Defensa o el director del CESID. Todo un proceso a paso ligero que culminará una semana después, los días 25 y 26, en el debate de totalidad en el pleno del Congreso.

Diez días después, tras debatirse las miles de enmiendas que a buen seguro presentarán los grupos de la oposición, sin el menor impacto en el proyecto –la mayoría absoluta del PP tan solo ha admitido una media de siete enmiendas en los últimos cuatro años, todas de escaso calado o de carácter técnico y enmendadas por el propio PP -, el texto legislativo se remitirá al Senado.

Al menos 40 cargos del Gobierno deben comparecer en comisión en el Congreso durante una semana

En la Cámara Alta habrá repetición del trámite durante tres semanas para que a principios de octubre el texto esté listo para ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), casi tres meses antes de su entrada en vigor, el 1 de enero de 2016. Ese ejemplar del BOE lo utilizará Rajoy sus correligionarios como guía argumental para realizar la campaña electoral que, sin solución de continuidad, se abrirá después con la disolución inmediata de ambas cámaras y la convocatoria de comicios generales.