El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por fin ha dado su brazo a torcer en el pulso que mantiene con los ayuntamientos: a última hora del lunes se comprometió a que los corporaciones locales puedan usar el superávit de 2017, el de este año y el de 2019 para nuevas inversiones, algo que hasta ahora prohibía la llamada Ley Montoro (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) que impone un tope de déficit público, otro de deuda y, por último y lo más importante, una regla que establece un techo de gasto.

La presión de los ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha surtido efecto. Montoro avanzó a última hora del lunes que está dispuesto a hacer un decreto ley para agilizar el proceso lo máximo posible ya que la demora en la aprobación de los presupuestos no puede, según él, perjudicar a las corporaciones locales. "Un decreto ley no lleva tiempo y es la forma más ágil y operativa", sentenció el ministro, quien también señaló que dicho decreto deberá "estar justificado y tener el apoyo de los grupos políticos".

En rueda de prensa, tras reunirse con el presidente de la FEMP, Abel Caballero, Montoro insistió en que hay que aprobar una norma que permita a las corporaciones locales flexibilizar la inversión. La idea es que en tres semanas los ayuntamientos ya puedan a aplicar la medida. Se trataría, en definitiva, de que las entidades locales gasten ya sus remanentes ajustándose "al calendario político" que iría desde la primavera de 2018 a la primavera de 2019, antes de las elecciones autonómicas y locales de mayo del año próximo.

El ministro informó, además, de que es decisión del Gobierno convocar a la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), posiblemente en marzo, para que se formalice el "rango de inversión" en el que se pueda usar el superávit y se amplíe el listado de actividades en las que invertir. En este sentido, Montoro puso como ejemplo "la protección y la seguridad ciudadana". Caballero informó de que este mismo martes la FEMP remitirá al Gobierno un listado de las actividades que se pueden ampliar.

El ministro reconoció que en esta negociación con las corporaciones locales "todo está abierto menos lo que no cabe, en términos de falta de respeto a las competencias de la administraciones". Insistió, eso sí, en que las inversiones tienen que seguir ciñéndose al concepto de sostenibilidad financiera.

El encuentro entre el presidente de la FEMP y Montoro se produjo la víspera de la cumbre local, convocada por la FEMP para este martes en Madrid, a la que están llamados a participar más de 300 electos locales entre alcaldes, presidentes de diputaciones, cabildos y consejos insulares.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, señaló que la institución que preside estará vigilante para que se cumpla este compromiso y la utilización del superávit "arranque" de forma inmediata. Caballero explicó que que "el tiempo político real se acaba en junio de 2019" y por eso "queremos materializar los ahorros ya".

Por ello, los ayuntamientos exigen al Gobierno que articule, en dos semanas, un mecanismo urgente que permita a las entidades locales iniciar en marzo una tramitación que acabaría en abril de 2019. Según Caballero, el Gobierno se ha comprometido a articular ese mecanismo con toda probabilidad en el próximo mes de marzo.

Caballero, que dijo que salía optimista de la reunión, recordó el extraordinario nivel de cumplimiento de las administraciones locales y valoró que el Gobierno haya aceptado el uso del remanente en inversiones "en cada una de nuestras ciudades".

Finalmente, Caballero también arrancó del Ministerio de Hacienda el compromiso para negociar un techo de gasto "más racional del que hay ahora". Por ello, se acordó retomar el diálogo sobre el techo de gasto aparcado en el mes de septiembre.

Además, Caballero consiguió que el Ministerio de Hacienda acepte negociar en paralelo la financiación local y autonómica.

Caballero también pidió "más capacidad de actuación en la reposición de efectivos" y abrió la puerta para que ayuntamientos y diputaciones hagan su propia negociación con los sindicatos.

El caso de Madrid

La decisión de Montoro supone una tregua en la guerra presupuestaria que mantenían desde hace tiempo Hacienda y los ayuntamientos, especialmente con el de Madrid, al que el ministro tenía entre ceja y ceja no sólo por ser el más importante de España, sino por ser el adalid de los llamados ayuntamientos del cambio. 

La llamada Ley Montoro impide que un ayuntamiento con superávit pueda dedicar ese dinero de más al gasto social o a nuevas inversiones. El Ayuntamiento de Madrid, con el cesado Carlos Sánchez Mato a la cabeza, fue siempre muy beligerante contra esta medida.

El tira y afloja duró casi dos años, hasta que Montoro, en un gesto que se consideró arbitrario —había otros ayuntamientos en similares circunstancias—, decidió el pasado noviembre intervenir las cuentas de la ciudad de Madrid por incumplir el techo de gasto impuesto por Hacienda. Carlos Sánchez Mato, que llevaba el control de las cuentas, fue cesado como concejal de Economía y Hacienco por no aceptar el Plan Económico y Financiero que se presentó para contentar a Montoro. Ahora, se firma la paz, quien sabe si definitiva.