MADRID.- La pescadilla se muerde la cola. Hacienda no colabora con la Audiencia Nacional en la investigación de la trama de Mario Conde, y el ministro responsable, Cristóbal Montoro, no explicará el motivo de tamaña obstrucción al Congreso de los Diputados, a pesar de que así lo haya solicitado el Grupo Parlamentario Socialista. La pregunta irá a la papelera.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz está indignado ante la falta de colaboración del Ministerio de Hacienda porque desde abril no ha propuesto interventores para administrar dos empresas de la trama Conde intervenidas por su juzgado, el central de instrucción número 1.

El estupor de Pedraz es tal que se ha dirigido al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, por medio de una providencia donde comunica esta obstrucción a la Justicia que cometen la Intervención General del Estado (IGAE) y la Dirección General de la Agencia Tributaria, entidades a las que solicitó en abril y mayo que designaran funcionarios públicos para ejercer de interventores.

En la Provindencia, Pedraz destaca a Montoro el grave comportamiento de los dos organismos que dependen de él y recuerda al ministro la obligación de colaborar con la Justicia. En este caso, resalta que esta grave actitud atenta contra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

La falta de colaboración de ambas entidades con la Justicia, dice Pedraz en la Providencia, "trasciende de la mera desobediencia a la autoridad competente para convertirse en atentatorias del derecho a la tutela judicial efectiva en su manifestación del derecho de ejecución”.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una pregunta escrita dirigida a Cristóbal Montoro, para que explique las razones por las cuales su departamento no atiende "con la agilidad necesaria" los requerimientos de la Audiencia Nacional "generando de ese modo un retraso en la tramitación de las causas penales".

En una circunstancia normal, si Montoro no responde tendría que dar una explicación en personal ante la Comisión responsable, que este caso sería la de Justicia. Pero esta legislatura no es normal y la pregunta no será contestada, a tenor de la actitud del Gobierno en funciones que considera que no debe responder al Parlamento porque no goza de su confianza.

En lo que va de legislatura, la oposición ha presentado 1.700 preguntas que quedarán sin respuesta. Es la cifra alcanzada en la última calificación de la Mesa del Congreso celebrada el pasado martes.

El pasado abril, Pedraz autorizó la intervención de las empresas de la familia del exbanquero Mario Conde con las que supuestamente repatriaba a España dinero procedente del saqueo millonario de Banesto.

Al mismo tiempo, el juez Pedraz requirió a Hacienda la designación de dos interventores judiciales para dos empresas de la trama Conde, Hogar y Cosmética Española (HYC) y Demerquisa, porque su cúpula directiva estaba implicada en la causa abierta contra Conde.

Pero tanto la Intervención General del Estado (IGAE) como la Dirección General de la Agencia Tributaria no han designado ante la Audiencia Nacional funcionario alguno con carrera universitaria que pueda llevar ambas empresas. Y van cinco meses sin respuesta.