Mónica Oltra responde en les Corts al asedio de la derecha sobre los casos de abusos sexuales a menores tutelados

A Mónica Oltra se le podrán criticar muchas cosas, pero que se esconda no es una de ellas. Mañana comparece a petición propia en el Pleno de les Corts valencianas para dar explicaciones sobre el informe del Síndic de Greuges [Defensor del Pueblo valenciano] que recoge 175 casos de abusos a menores tutelados. Con esta ya será la séptima vez que la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas comparece en sede parlamentaria para dar explicaciones sobre la protección de estos menores.

Desde el PP se ha recrudecido la campaña contra Oltra a partir de este informe, convirtiéndole en un "tema de alcance nacional", con la intervención repetida de Pablo Casado, quién ha llegado a Pedro Sánchez que "depure responsabilidades por los abusos a menores tuteladas por los gobiernos socialistas de la Comunidad Valenciana y Baleares". Curiosamente, la petición no incluye ninguna mención a la trama que prostituía menores tuteladas en Madrid, descubierta al mismo tiempo que el informe del Síndic de Greuges.

Desde Compromís vinculan esta intervención de Casado a la mayor proyección de Oltra fuera del País Valencià. "Todo empieza a partir del acto en el Principal [en referencia al encuentro Otras Políticas auspiciado por Yolanda Díaz], este es un espacio que les da mucho miedo".

Desde el entorno de Oltra se tiene total confianza en la comparecencia de mañana. A pesar de las malas relaciones de su departamento con el Síndic de Greuges, este cerró su investigación hace tres días reconociendo que la conselleria había aceptado todas sus recomendaciones para hacer frente a "la lucha contra la violencia a personas menores de edad de forma integral y proactiva". Además, avisan que "la campaña del PP está basada en mentiras muy fáciles de desmontar". Entre estas mentiras se incluye incluso el principal titular. "No ha habido 175 casos de abusos a menores, sino 175 veces que se ha activado el protocolo de detección que aprobamos nosotros, en la mayoría de casos fuera de los centros e incluso antes de entrar en el sistema de protección. Es relevante que ni un solo educador haya sido denunciado. Lo que se está atacando aquí es la transparencia –insisten-, ya que cuando gobernaban ellos no había ningún dato ni control".

La campaña judicial continua

Paralelamente a la presión política ejercida desde el PP, la defensa de Teresa –la niña abusada por Luis Ramírez, ex-marido de Oltra- continua su batalla en los juzgados. Tras la condena de Ramírez a cinco años de cárcel, la Audiencia Provincial ha ordenado –a petición de la defensa- la reapertura de la investigación contra cuatro trabajadoras del sistema de tutela por un supuesto delito de "abandono y omisión de los deberes de guardia y custodia". Las afectadas son la directora territorial de València de la Conselleria de Igualdad, la directora del centro de acogida concertado Niño Jesús donde se produjeron los hechos, la psicóloga de la sección del menor de la misma dirección territorial y otra funcionaria del departamento, quienes habrían dejado desprotegida la menor tras denunciar esta los abusos.

La Audiencia actúa contra el criterio de la Fiscalía y del propio juzgado de instrucción, que ya decretó un sobreseimiento provisional. La defensa de la menor está en manos del dirigente de la ultraderechista España 2000 José Luis Roberto, quien también fue abogado de la asociación de empresarios de la prostitución y fue condenado en 2004 por llevar un testigo falso a juicio. Roberto trataría, con este caso, continuar su particular campaña de acoso contra Mónica Oltra, que ya le llevó a convocar una concentración nocturna en su domicilio vistiendo máscaras de la película Scream.

Tampoco se rinde la defensa de Luis Ramírez, quien, a pesar del archivo de su recurso por parte del Tribunal Superior de Justicia valenciano, ha anunciado que acudirá al Tribunal Superior y, si hace falta, al Constitucional. Ramírez ha defendido siempre su inocencia y considera que el segundo juicio donde fue condenado tuvo falta de imparcialidad y déficit de garantías procesales, ya que fueron los mismos jueces que ya le habían condenado en primera instancia.