El Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra en 979.493 los niños, niñas y adolescentes que sufren carencia material y social severa en España. Es un 10,8% de la población menor de edad. Casi un millón de niños y niñas pobres. Esa cifra se dispara a 2.320.975 cuando se habla de población infantil bajo el umbral de la pobreza moderada. Son los números con los que se ha trabajado la tarde de este miércoles ―y se trabajará en los próximos meses― en la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados.

Este miércoles, de hecho, todos los partidos políticos excepto Vox han votado a favor de la creación de una subcomisión para trabajar un Pacto de Estado para erradicar la Violencia de Género. Es una línea que marcó el Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, en colaboración con la parte socialista del Gobierno. 

Fuentes de la comisión tanto del Partido Socialista, como de Sumar coinciden en que hay un cierto entendimiento entre las distintas fuerzas políticas, incluido el Partido Popular, para tratar el tema. 

Los diputados consultados valoran positivamente que se avance en la línea de un Pacto de Estado. No en vano, son pocas las veces en la historia de España en las que se ha llegado a consensos semejantes con un documento de por medio apoyado por todas las fuerzas políticas de la Cámara. Desde que Vox irrumpió en la política nacional, alcanzar ese acuerdo total que sí se ha logrado en otras ocasiones es muy difícil.

Para muestra, un botón. Tal y como contó este medio, en estos momentos existe una negociación mucho más avanzada para sellar, a principios de 2025, la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hay buen clima entre todos los grupos, excepto con la extrema derecha. Antes de que se produjera la reunión de la Comisión de Juventud e Infancia, había una cierta expectación en cuanto a la actitud de los de Santiago Abascal, al tratarse de la pobreza infantil. Su voto para crear la subcomisión ha sido negativo.

En lo que también coinciden en Sumar y PSOE es en que la solución para erradicar la pobreza infantil pasa por combatirla de forma multisectorial y por eso tiene sentido un Pacto de Estado. Además, un diputado de Sumar que participará en la negociación insiste en que, a fin de cuentas, el quid de la cuestión es aumentar los recursos y el dinero público destinado a las distintas áreas implicadas: vivienda, educación, servicios sociales, etc.

Además, las distintas voces consultadas abundan en que el Pacto deberá tejer una estrategia que aúne la acción de todas las Administraciones. Desde el PSOE subrayan que "hay que alcanzar un acuerdo desde una visión global".

El Partido Popular, por el momento, ha votado afirmativamente a la creación de la subcomisión, lo que permitirá iniciar los trabajos. Más allá de eso, los populares no han querido ofrecer declaraciones.

Infancia gitana, migrante y de familias monomarentales

La idea del ministerio es atacar el problema por los tres flancos que, según el diagnóstico que ha hecho el equipo de Rego, son más delicados: la infancia migrante, la gitana y los hijos e hijas que conviven en familias monomarentales. Lo respaldan con datos. Un 89% de las familias de los niños y niñas gitanos tienen alguna afectación de la pobreza. Un niño o niña migrante tiene un 2,4% más de posibilidades de terminar siendo pobre. Por su parte, las familias monomarentales tienen un riesgo de pobreza 20 veces superior a la media. Esas son las prioridades en la confección del Pacto.

El texto es, todavía, inexistente y las negociaciones, muy incipientes. Por el momento, Rego se ha reunido ya con varios actores sociales, que han propuesto medidas. Tal y como informa el Gobierno, ya se han mantenido reuniones con entidades como la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI), Cáritas, la Asociación de Madres Solteras por Elección (MSPE), Unicef España, Fundación Secretariado Gitano, Mensajeros de la Paz y Cruz Roja. A medida que avance la subcomisión en el Congreso, expertos de esas organizaciones y de otros ámbitos desfilarán por el Congreso.

Fuentes del ministerio apuntan que, además del diálogo con dichas asociaciones del tercer sector, también se está haciendo partícipes a las comunidades autónomas.

Desde los inicios de la democracia tras la dictadura franquista, se han firmado solo cuatro Pactos de Estado. El último fue, precisamente, el Pacto de Estado contra la violencia machista, cuya primera versión se publicó en 2017. Antes, se sellaron, siempre mediante acuerdos entre PP y PSOE, los Pactos de la Moncloa, en 1977; el Pacto de Toledo, en 1995 y el Pacto contra el Terrorismo, en el año 2000.