BARCELONA.- A menos de un mes de las elecciones municipales, las encuestas dan serias opciones a Barcelona en Comú (BEC)de ser la formación más votada en la capital catalana. En una entrevista en profundidad con Público, su candidata a la alcaldía, Ada Colau (Barcelona, 1974, @AdaColau), deja claro que el objetivo es poner la ciudad al servicio de las personas y no de los lobbies que buscan grandes beneficios privados y que han aumentado su poder e influencia en el mandato de Xavier Trias. Combatir la desigualdad, recuperar la gestión pública de los servicios básicos, garantizar el derecho a la vivienda y, especialmente, volver a escuchar a la ciudadanía y obedecerla son algunas de las prioridades que se fija Colau.

¿Poner su cara en la papeleta de Barcelona en Comú supone renunciar a hacer una campaña rupturista?
En absoluto. La línea rupturista viene por los contenidos y las propuestas de la candidatura. La decisión de poner mi rostro no es mi forma ideal de hacer política, pero ahora mismo las reglas del juego no las hacemos nosotros. Debemos hacer una campaña en muy poco tiempo, con una candidatura nueva, sin el dinero ni la presencia en los medios de otras candidaturas, y además hemos tenido obstáculos añadidos, como el cambio forzado de nombre. En nuestros entornos hemos comprobado que había confusión con el nombre de Barcelona en Comú. Y es un riesgo que la gente no reconozca la papeleta. Por eso la organización ha valorado que era útil como estrategia comunicativa usar mi cara para hacerla reconocible.

¿La medida, por el personalismo que conlleva, puede generar recelos en potenciales votantes de la candidatura?
Espero que la entiendan, porque no deja de ser una anécdota. La centralidad es cómo se están haciendo los contenidos, cómo miles de personas están tomando sus decisiones en la candidatura y cómo se está elaborando un programa para cambiar la política pública de la ciudad. Lo que importa finalmente es que el poder en la candidatura lo tenga la ciudadanía y aquí es dónde radica el carácter rupturista.

A medida que se acercan las elecciones y las encuestas les dan opciones de ganar, se acentúan los ataques hacia Barcelona en Comú. El alcalde Trias asegura que él representa el orden y ustedes, el desorden. Si se le da la vuelta al argumento, ¿qué ordenaría Barcelona en Comú que haya desordenado el establishment actual?
Lo que estamos pidiendo nosotros es sentido común y poner orden al desorden neoliberal impuesto sobre todo en el último mandato de CiU, pero también previamente el PSC, con las políticas de privatizaciones de servicios básicos, de externalizaciones que vacían de contenido el ayuntamiento de la ciudad ... Muchas cuestiones se han dejado en manos de la iniciativa privada de grandes lobbies que piensan en cómo obtener el máximo beneficio a corto plazo, pero no en hacer una ciudad globalmente sostenible y cohesionada. El enorme desorden ha hecho que una ciudad como Barcelona, que tiene recursos y competencias suficientes para garantizar derechos fundamentales y democracia, se haya convertido en una de las ciudades más desiguales de nuestro entorno. Es gracioso que hablen de orden aquellos que regularmente se saltan las leyes, que practican la corrupción y las puertas giratorias, que facilitan el fraude fiscal... Para mí el orden no es que unos pocos hagan lo que quieran a costa del bienestar de la mayoría.

“Queremos poner orden al desorden neoliberal impuesto sobre todo en el último mandato

¿Ve factible llegar a gobernar o tiene la sensación de que se está cocinando un acuerdo para evitar que sea posible a pesar de que Barcelona en Comú gane las elecciones?
Tengo claro que podemos ganar. Las encuestas se deben tomar con toda la prudencia del mundo, pero muestran que no sólo tenemos opciones de ganar, sino que a pesar de que mucha gente no conoce la candidatura, ya se visualiza como la alternativa al actual modelo de gestión de la ciudad. Aún nos queda un mes y creemos que tenemos mucho camino por recorrer. Al margen de esto, hay rumores de que se plantean maniobras y pactos que habrían sido extraños en el pasado, por parte de fuerzas que han tenido el poder durante décadas y no quieren renunciar a él e incluso de intereses económicos que quieren mantener el statu quo.

Ha dicho que no pactarán con partidos del régimen, que según usted son CiU, PSC y PP, y que tampoco lo harán con quien pacte con CiU, y aquí podría entrar ERC. No queda mucho margen de maniobra.
Somos una candidatura que salimos a ganar para poder cambiar las formas de hacer política. A partir de aquí, en las elecciones se verá qué quiere la ciudadanía y si tenemos que hacer una política de pactos o no. Pero está claro que lo haremos siempre en base a programa, objetivos y compromisos concretos, no en base a siglas; y serán los otros los que tendrán que elegir si continuar como ahora o apostar por un cambio.

Ya pasado un tiempo, ¿considera que la no presencia de la CUP en Barcelona en Comú fue un error compartido que les puede penalizar a ambos?
Fue la CUP la que decidió descolgarse y nosotros respetamos la soberanía y legitimidad de sus decisiones. Creemos que respondemos a un sentimiento mayoritario, y que la ciudadanía pide que seamos valientes, generosos y ambiciosos, y para ello hace falta sumar al máximo de gente posible y evidentemente ceder un poco. Si quieres hacer política de gobierno debes tener claro cuáles son las líneas rojas, pero también ceder un poco. Hemos hecho todos los esfuerzos para ser los más inclusivos y amplios posibles, pero si la CUP ha decidido tener su espacio es absolutamente legítimo y ya nos encontraremos en el ayuntamiento o fuera.

La cabeza de lista de la CUP, María José Lecha, ha dicho que la indefinición de Barcelona en Comú en torno a la independencia de Catalunya fue uno de los factores de alejamiento. ¿El Ayuntamiento de Barcelona debe jugar un papel fundamental en el proceso hacia la independencia?
La candidatura de Barcelona en Comú es municipalista y lo que está en debate es el modelo de ciudad. Barcelona es la capital de Catalunya, pero también es la ciudad de 1,6 millones de personas, una ciudad referente internacional y una ciudad que puede ser punta de lanza de procesos de cambio y de una revolución democrática que está en curso en Catalunya, en el Estado y en el sur de Europa. Lo que no creemos es que el debate sobre la independencia pueda suplir el debate sobre el modelo de ciudad. Estamos totalmente a favor del derecho a decidir y de impulsar procesos de cambio desde abajo, pero en todo caso la cuestión de la independencia no se decide el 24 de mayo.

“Si quieres hacer política de gobierno debes tener claro cuáles son las líneas rojas, pero también ceder un poco”

La desigualdad en Barcelona ya era alta antes de la crisis, pero se ha disparado en los últimos años. ¿Cómo combatirla?
CiU habla de desigualdad y de que ha incrementado el presupuesto social, pero no habla de tocar las causas de la desigualdad y hace una política de caridad, de repartir las migajas. Nosotros, como Ovidi [Montllor, cantautor valenciano], decimos que no queremos las migajas, sino el pan entero. Defendemos no sólo medidas redistributivas, sino también predistributivas y queremos atacar el modelo económico que perpetúa y cronifica la pobreza y la desigualdad. Evidentemente, hay actuaciones de emergencia para hacer frente a las situaciones de pobreza, englobadas en el plan de choque que hemos presentado, pero a la vez el plan se ha planteado para ir hacia un cambio de modelo. Por ejemplo, debemos revertir la política de privatización de las guarderías y aumentar la creación de nuevas escuelas, como política predistributiva. Pero también hay que intervenir en el modelo económico de la ciudad.

¿Haciendo qué?
Hay que diversificar el modelo productivo y no caer en una burbuja turística. No se trata de diversificar y ya está, sino de apostar por sectores estratégicos a medio y largo plazo para el cambio de modelo que necesitamos. Hablamos de movilidad sostenible, gestión sostenible de los residuos, rehabilitación energética y urbana, servicios a las personas,...También apostamos por las cooperativas y la economía social, que es un sector en crecimiento. Son sectores con un potencial enorme de futuro y apostar por ellos dará resultado. Además, hay que garantizar un sello de calidad en la contratación del ayuntamiento, una reivindicación histórica de la ciudad y que proponemos para los primeros meses de mandato. El ayuntamiento interviene en el 5% del PIB de la ciudad y tiene una gran capacidad de incidencia en el propio modelo económico. Hay que garantizar que el ayuntamiento y las empresas que trabajan con él respetan los derechos laborales, la conciliación, las exigencias ambientales,...Con esta incidencia se pueden generar cambios de dinámicas que combatan una precariedad que se extiende.

¿Y qué pasa con un turismo, cada vez con más peso en la economía de la ciudad?
Hay que revisar el modelo de turismo para que gane toda la ciudad. Si apuestas por un monocultivo turístico sin gobernar, como ha hecho CiU, dejas la iniciativa a los lobbies, y implica que algo que podría ser fuente de riqueza para el conjunto de la ciudad, sólo lo es para los lobbies. Debemos valorar realmente si el turismo genera beneficios y qué tipo de empleos crea. El modelo actual de turismo ha eliminado el comercio de proximidad en el centro de la ciudad y esto son muchos puestos de trabajo que se han perdido y, en cambio, no se han cuantificado.

Proponen un salario de ciudad. ¿De cuánto sería y cómo funcionaría?
Es una propuesta que está en estudio. Por ley no se puede imponer la obligatoriedad de un salario, pero sí puedes estudiar cuál es el mínimo digno para poder vivir en la ciudad. Barcelona, pese a la crisis, se ha encarecido y hay un proceso de expulsión de vecinos y vecinas de la ciudad. Teniendo en cuenta el coste de vida, podría estar en torno a 1.200 euros [mensuales]. Lo primero que puede hacer el ayuntamiento es, además de establecer el sello de calidad, incorporar este salario mínimo a sus trabajadores, a todas las subcontrataciones y a los proveedores con los que trabaja. Con la incidencia directa e indirecta esto ya tendría un efecto.

¿Es imprescindible la creación de un parque público de viviendas de alquiler?
Sí. Una de las primeras cosas que hay que hacer es un buen censo de viviendas vacías. Es una vergüenza que el Ayuntamiento de Barcelona haya descafeinado la moción impulsada por la PAH para abordar la emergencia habitacional y haya descartado casi que existan viviendas vacías en la ciudad. Y hay que convocar inmediatamente a las entidades financieras y a las grandes empresas inmobiliarias y constructoras que tengan viviendas en desuso. Se les debería decir que la prioridad es tener viviendas de alquiler social y ayudarlas a que lo hagan. Si no hay respuesta, se deben aplicar los mecanismos de sanciones que ya existen para tener los pisos vacíos. Necesitamos urgentemente pisos de alquiler social, es una de las grandes carencias de la ciudad. Se trata de una política predistributiva. Está demostrado en toda Europa que garantizar el derecho a la vivienda permite ahorrar a la administración. Es una inversión porque después impide procesos de precarización, pobreza y exclusión social que llevan a la vulneración de muchos otros derechos y, finalmente, a un mayor gasto para hacer frente a situaciones de emergencia.

“Barcelona puede ser punta de lanza de procesos de cambio y de una revolución democrática que está en curso en Catalunya, en el Estado y en el sur de Europa”

Una parte importante de los integrantes de Barcelona en Común proviene de los movimientos sociales, que a menudo practican la desobediencia civil. ¿Se trata ahora de desobedecer desde las instituciones?
Desobedecer no es un fin en sí mismo, pero sí es una necesidad que se debe afrontar. Para mí, la legalidad que obliga es la de los derechos humanos y la democracia. Esto quiere decir que la ciudadanía pueda decidir, que el gobierno sea del pueblo y que los derechos fundamentales que permiten la vida de las personas son innegociables. Y todo ello puede llevar puntualmente a desobedecer leyes injustas, que pueden provenir de la Generalitat o del Estado. Lo podemos ver, por ejemplo, en el tema del CIE y de la inmigración, donde España tiene políticas racistas que vulneran los derechos humanos. Pues para mí se trata de obedecer a los derechos humanos y garantizar que ninguna persona es ilegal.

¿Y en este caso como se haría?
Se trata de tener voluntad política. Si soy alcaldesa me comprometo a que no habrá impunidad en el CIE, que habrá transparencia y que el Ayuntamiento de Barcelona estará presente cada semana para saber qué pasa, pedir explicaciones y ofrecer apoyo a todas las personas que puedan ser internadas. Habrá una política de ciudad que facilite el empadronamiento y el acceso a los servicios básicos, se dará instrucciones a la Guardia Urbana para que no participe en redadas racistas y se hará una labor de pedagogía en positivo para combatir prejuicios racistas.

¿Es factible revisar la privatización de servicios básicos como el agua?
Se ha visto que dejar la gestión de bienes comunes en manos privadas no es más eficiente, contrariamente al dogma neoliberal que nos han vendido, porque la empresa busca el beneficio a corto plazo y eso no necesariamente coincide con el interés general. En los años de la crisis se ha encarecido un 60% el precio del agua en la ciudad, hay una opacidad total en la gestión, entidades sociales que conocen el tema sospechan que desde que no se hacen las políticas más sostenibles, el agua es de mala calidad y es mucho más cara que en el Prat, donde está en manos públicas. Para defender el interés general es necesaria una gestión democrática y colectiva, también para hacer el modelo sostenible. Y la gestión del agua ya se ha recuperado en París, Berlín y Nápoles o en municipios catalanes. Deberíamos auditar los procesos de concesión que se han hecho. Durante décadas en Barcelona no hubo contrato de concesión de agua. Esto se supo gracias a una sentencia judicial de 2010 y se intentó subsanar con un pacto de PSC y CiU en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Pero hay un informe de la Oficina Antifraude que dice que la concesión no se hizo en función del interés general. La AMB debería hacer público el informe y, después, revisar toda la concesión y entonces quizás se podría recuperar.

Durante el mandato se han vivido varios conflictos entre el ayuntamiento y los vecinos. Entre los más importantes, están el de Nou Barris, por la cronificación de la pobreza; el de Can Vies, en Sants; o el del Paralelo, por una reforma urbanística. ¿Cómo se deberían abordar estas cuestiones?
Si tuviéramos una política municipal que creyera en la ciudadanía en vez de verla como una amenaza nos habríamos ahorrado muchos de estos conflictos. El de Can Vies directamente lo creó el ayuntamiento. No había ningún conflicto y se aprovechó la operación de las vías de Sants para hacer una actuación violenta y derribar el centro social, que estaba arraigado en el barrio. Con el Paralelo, lo mismo. ¿Cómo se puede hacer un plan urbanístico que afecta a todo un barrio sin contar con la opinión de los vecinos y vecinas? Es absolutamente miope e ineficaz.

“Si soy alcaldesa me comprometo a que no habrá impunidad en el CIE”

¿Uno de los caminos para evitarlos sería hacer consultas ciudadanas?
Sí, pero no debemos reducir la participación a las consultas, sino que se trata de reformular los espacios de participación, para que sean de codiagnóstico, de codecisión y de cogestión. El gran potencial de la ciudad es su tejido vecinal, social, cultural y profesional, mucho más organizado, activo e implicado que la media de otras ciudades. En vez de verlo como uno de los principales activos de la ciudad, se ve a la ciudadanía como una amenaza y como una molestia y se hacen políticas a sus espaldas y en su contra. Es injusto, ineficaz y miope. Si la administración contara con la opinión del vecindario se podrían detectar problemas mucho antes de que se hagan grandes y se cronifiquen. Se ha demostrado que allí donde los equipamientos se gestionan con la ciudadanía, funcionan mucho mejor. Tenemos el ejemplo histórico del Ateneu de Nou Barris y ahora también el de Can Batlló.

Una de las respuestas habituales en las protestas es la represión policial. Proponen la supresión de la unidad antidisturbios de la Guardia Urbana, la UPAS. ¿Debe haber otro modelo de seguridad más basado en la prevención y la mediación que en la represión pura y dura?
Está claro. Cuando se ejerce la política represiva es que el conjunto de la sociedad y en concreto la política ha fracasado. Lo que hace falta es intervenir en las causas del conflicto. Escuchando la ciudadanía se podrían evitar muchos conflictos. También actuando sobre la desigualdad, que es una amenaza sobre la ciudad. Una política que combata el machismo, la homofobia, la desigualdad es una política que da seguridad real. Después, por conflictos de convivencia tiene que haber una policía municipal, pero mucho más de proximidad y que apueste por la mediación, que conozca el territorio y que desde el diálogo y otros mecanismos evite los conflictos y no los provoque.

Se repite cierto esquema de la Transición, cuando una parte del tejido vecinal y los movimientos sociales hizo el salto a las instituciones. ¿Es posible y será clave mantener la fortaleza de los movimientos?
Es imprescindible. Si algo hemos aprendido es que el poder no se autovigila solo, tiende a los abusos de poder, tiende a la corrupción y está sometido a presiones de lobbies muy poderosos. Debe haber una ciudadanía activa y vigilante y un contrapoder ciudadano gobierne quien gobierne, como pueden ser los movimientos sociales o como pueden ser medios de comunicación independientes. Sin contrapoderes no hay democracia. El error más grave de la Transición fue despreocuparse y delegar en los partidos una vez se consiguió la democracia, cuando la democracia no es un lugar de llegada, sino un punto de partida. Ahora está claro que la debes ejercer cada día y que se hace entre todos. También los que optamos a gobernar debemos tener claro que no tenemos que suplir la calle, sino, al contrario, darle todas las herramientas, abrir la institución y que los recursos comunes efectivamente sean comunes y estén al servicio de lo que quiere la ciudadanía. No es lo que se ha hecho en las últimas décadas, que ha sido representar y suplir. Un gobierno democrático debe estar obedeciendo lo que diga la ciudadanía, no sólo cada cuatro años, sino cada día.