Memoria pública Gobierno y Junta evitan actuar al respecto del fajín del dictador y se escudan en la Justicia

 El Gobierno de España, en manos del PSOE, y el de la Junta de Andalucía, en manos de PP y Ciudadanos, se han escudado, para no tomar ninguna decisión, en que la polémica generada por el uso del fajín del dictador Francisco Franco por una hermandad para adornar la imagen de la virgen del Baratillo, en Sevilla, que salió con él en procesión esta tarde, está en manos de la justicia.

Sí ha habido diferencias en las respuestas. Mientras la ministra Dolores Delgado (PSOE) recordó el compromiso del Gobierno “con la memoria histórica” y manifestó que el exilio republicano fue “especialmente duro”, como “la represión en la Guerra Civil y el Franquismo, en Andalucía”, la consejera de Cultura andaluza, Patricia del Pozo, se fue por el lado contrario.

Del Pozo mostró “sorpresa” al conocer, según manifestó, que la mencionada hermandad lleva “19 años” procesionando con el fajín atribuido a Franco y que las leyes de memoria histórica “tienen años de andadura”, y se preguntó de manera retórica, “qué ha cambiado para que ahora se haya generado este problema”.

El jefe de Del Pozo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, un día después de anunciar que el Gobierno andaluz dará por primera vez ayudas para las cofradías, también se puso de perfil, según recogió Canal Sur Radio, y manifestó que respetaba “la decisión que se adopte”. “Es una decisión de la cofradía. Hay sentencias que han dado la razón a la cofradía. Respeto la decisión de la cofradía y de la justicia, por supuesto”, dijo Moreno.

El juzgado de instrucción 7 de Sevilla, que lleva el magistrado Eugenio Pradilla Gordillo abrió diligencias -en un escueto auto en el que se limitó a decir que podrían existir indicios de delito- este martes pasado después de que un grupo de abogados, el grupo de juristas 17 de Marzo, presentase una denuncia en el juzgado de guardia con la idea de “defender la semana santa como manifestación religiosa y popular, pero no política ni, mucho menos, apologética del fascismo”, según dijeron a Público.

Competencia de los gobiernos

Esta denuncia, que firma el abogado Luis Ocaña, es la segunda que presentaba el grupo de juristas 17 de marzo, después de que la Fiscalía archivase -con rapidez inusitada- la primera de ellas, al no encontrar indicios de delito. En su argumentación, el Fiscal-Jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, afirma lo siguiente: “La legislación contempla que para que un objeto o símbolo se repute contrario a la Memoria Democrática, no basta el parecer muy respetable de una asociación privada [en referencia al grupo de abogados], sino su catalogación como tal por la Administración Pública con competencia ejecutiva en la materia”.

Agrega el fiscal: “Su retirada debe venir precedida por una orden o requerimiento de retirada del símbolo o efecto en cuestión. Solo entonces el incumplimiento de la orden podría determinar consecuencias jurídicas tales como retirada por las Administraciones del símbolo, pérdida de subvenciones y ayudas, e incluso la aplicación del régimen sancionador contemplado al efecto –art. 52.3.f) de la Ley 2/2017 precitada [la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía]”. Agregaba el fiscal: “El Ministerio Fiscal no puede entenderse como Administración Pública a efectos de esa eventual retirada del objeto cuestionado”.

Un parapeto

Por tanto, según el Ministerio Público, o bien la Junta de Andalucía, o bien, el Gobierno de España, en aplicación de la ley, serían los competentes para decidir qué hacer con el fajín atribuido al dictador Francisco Franco. Sin embargo, la decisión del juez de abrir diligencias ha permitido a ambos gobiernos parapetarse en el juzgado para no meterse en camisa de once varas, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina.

La ministra Delgado dijo que lo propio era “dejar que siga su curso el proceso judicial”. “Habida cuenta de que, en este momento, es un asunto que está subiudice, vamos a dejar que siga su curso el proceso judicial”, añadió. Y la consejera Del Pozo abogó por “esperar a que la Justicia se pronuncie”. “No tenemos una decisión [judicial]. Hay que ser muy respetuosos y esperar a que la Justicia se pronuncie”, dijo, según recoge Europa Press.

El portavoz de Adelante Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, defendió que “la ley está para cumplirla” y que la Semana Santa “es del pueblo y no de los franquistas”. Además, se mostró convencido de que los hermanos de esta hermandad “no se sienten representados por símbolos franquistas”, por lo que entiende que “se buscará una solución” para cumplir con la ley.

La virgen salió esta tarde en procesión con el fajín en su costado.