«Mira Pepito, tú siempre has sido un caballero y excelente persona y sinceramente te digo que te vayas por la frontera a Francia, ya que esto va en serio y no perdonaremos a quien se oponga a nuestros designios». José Echeverría Novoa, gobernador Civil de Vizcaya aquel verano de 1936, cuelga el teléfono posiblemente blanquecino.

Sin noticias de lo acontecido en su Pontevedra natal decide realizar una llamada al Gobierno Civil de la Boa Vila. Hace falta saber de primera mano la situación en la ciudad y el estado de su familia. Al otro lado de la línea responde una voz que no consigue reconocer, mas este misterioso interlocutor parece conocerlo.

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José Echeverría Novoa es el gobernador Civil más nuevo de la República. Cuenta con 34 años cuando se hace cargo de la provincia de Vizcaya. Nace en el seno de una familia acomodada. Su padre es un conocido industrial y político del Partido Liberal, oriundo de Iparralde. Esta buena situación familiar le permite estudiar Derecho.

Muy temprano destaca por su republicanismo. En 1930 aparece como firmante en la fundación del Centro Republicano de Pontevedra. Ejerce como vicesecretario y luego como secretario. Está presente en el conocido como Pacto de Lestrove, celebrado el 16 de marzo de 1930. Reunidos republicanos gallegos de la ORGA y Alianza Republicana, así como los galleguistas, firman un manifiesto por el cual se comprometen a unir esfuerzos para la consecución de un régimen republicano para el Estado español, y la elaboración de un Estatuto para Galiza. De este modo nace la FRG (Federación Republicana Gallega). Novoa milita entre 1931-34 en el ORGA-FRG y a partir de esa fecha pasa a formar parte de Izquierda Republicana.

Es de subrayar también su militancia dentro de la logia masónica pontevedresa Helenes nº7 de los Valles de Pontevedra. Su pertenencia a la masonería le trae alguno que otro desencuentro con las autoridades locales durante la dictadura de Primo de Rivera. La noche del 28 de mayo de 1930, a la salida de una tenida del grupo masón son detenidos sus asistentes. Se tratan de conocidas figuras de la villa entre los que se encuentra Novoa. En el registro del local se encuentra diferente documentación que los delata como masones por lo que son multados.

Después de ejercer desde 1931 como gobernador Civil en diversas provincias recala en Bilbao en mayo de 1936. Ya por estas fechas los rumores de una posible rebelión de las derechas y de una parte del Ejército lo preocupan gravemente. En seguida pone en práctica una serie de medidas para esclarecer la trama golpista y sus responsables en la capital vizcaína, de la que por otro lado tiene la certeza de su existencia. Para eso, designa como encargados de las investigaciones a tres agentes de su total confianza: Jesús Cobelas López, Feliciano Jerez y Andrés Alonso.

Por una parte, hace falta conocer el nivel de implicación en la trama golpista de los oficiales del Regimiento de Montaña Nº 6 en el cuartel de Garellano. Y por otro lado, conocer el alcance de la misma entre los grupos políticos proclives ideológicamente a las ideas que se les supone a los futuros sublevados.

Los primeros informes recibidos sobre extraños movimientos en el cuartel de Garellano dan cuenta de las cotidianas visitas de significados elementos de las derechas locales a ciertos oficiales del batallón. Estos oficiales son el teniente de Asalto Samaniego y el teniente de Infantería Ibáñez. En el caso de Samaniego cabe destacar que había sido procesado por abuso de autoridad durante los hechos revolucionarios de octubre de 1934 y guardia prisión, precisamente, en el acuartelamiento de Bilbao. Este régimen, de todas formas, no le impide mantener reuniones en el cuarto de banderas, desayunos con los oficiales implicados en la trama golpista y paseos por todo el perímetro y dependencias del cuartel. En seguida el gobernador civil pontevedrés decide cursar las pertinentes denuncias para que ambos sean trasladados a Guadalajara.

Los oficiales entregados a la causa golpista son 2 comandantes, 1 capitán y 3 tenientes. Cuentan también con el apoyo del teniente coronel Guillermo Vizcaíno y el capitán Eduardo Carbajo, los dos en la reserva. Sobre todos ellos ordena Novoa que se ejerza una estrecha vigilancia. Como medida preventiva uno de los tenientes es destinado a Plasencia (Cáceres).

También el comandante retirado y conocido carlista, Alejandro Velarde González, se deja ver por el cuartel y por los ambientes carlistas de la capital. En su persona recae la responsabilidad de ponerse al frente de los requetés bilbaínos y unirse a los militares.

Los agentes de confianza del gobernador civil también mantienen vigiladas a la Falange y la Renovación Española, el partido de extrema derecha que dirige Calvo Sotelo. Por lo que respeta a la Falange, cabe destacar que Echeverría Novoa está al tanto de las confidencias, reuniones y movimientos de los falangistas. Dispone de un infiltrado dentro de la organización fascista. Un confidente que le va revelando los detalles de la conspiración, las personas implicadas en la misma, actividades de la Falange y el fichero de los seguidores de Primo de Rivera en Bilbao.

En lo que respecta a la Renovación Española, la vigilancia establecida sobre los movimientos de sus dirigentes da sus frutos en el descubrimiento de una serie de reuniones clandestinas en el local del partido en Bilbao. Debido al número y asiduidad de estas se toma la determinación de interrumpir la celebrada el atardecer del 7 de junio de 1936. El registro saca a la luz interesantes indicios de las intenciones de los conspiradores: una pistola oculta en el patio del local, fórmulas para la fabricación de explosivos y documentación donde se destaca un listado de tres nombres a los que se les asigna a continuación una cantidad de pesetas en concepto de trabajos de carpintería y albañilería. Entre los citados nombres destaca el de Manco Hoves. Luego de la visita a los ficheros policiales constatan que se trata de tres pistoleros de los que el más peligroso es el citado Hoves. Echeverría Novoa ordena que sean detenidos e ingresados en la cadena.

No se demora en poner en conocimiento del presidente Casares Quiroga las pesquisas llevadas a cabo y las conclusiones que estas traen consigo: Mola dirige desde Navarra una conspiración contra el Gobierno legítimo siendo los cuarteles un hervidero de conspiradores antirrepublicanos. El Gobierno no ve, o no quiere ver las señales que va recibiendo de diferentes lugares del Estado. El 17 de julio da comienzo la función en Marruecos. Ese mismo día Echeverría Novoa se pone a trabajar para asegurar la legalidad en la provincia y ordena al capitán de infantería Modesto Arambarri, jefe de la policía municipal de Bilbao a que acuda al cuartel de Garellano y le sean entregados 120 fusiles con los que armar las fuerzas leales. Al día siguiente mediante una nota de prensa calma a la población vizcaína con un mensaje que pretende despejar dudas y reafirmar que la legalidad se está respetando en toda la provincia.

Las comunicaciones entre el Gobierno Civil y el cuartel del Garellano son continuas. El gobernador requiere del jefe del batallón, leal a la república, el teniente coronel Joaquín Vidal Munárriz, nuevas del ambiente que se respira en los cuarteles. El militar le confía que es de nerviosismo, pero no quita ojo a sus subordinados involucrados en la trama golpista.

Pero no llegan hasta aquí las medidas adoptadas por Novoa para mantener la situación a raya. Firma permisos y salvoconductos para la incautación de armas y municiones en armerías, fábricas, juzgados y audiencias, para ser depositadas en los sótanos del edificio del Gobierno Civil. Una de las medidas determinantes, iniciativa del secretario de la diputación Ramón María de Aldasoro, es la de redireccionar todas las llamadas dirigidas tanto al cuartel bilbaíno como al de Loyola (Donostia) al teléfono de su despacho. Una de las llamadas al cuartel de Garellano y del propio Mola, pero la voz que escucha al aparato es la del gobernador civil. Luego de un intercambio de palabras conducentes a que el pontevedrés declare el estado de guerra, Novoa y Aldasoro se niegan y lo despiden con un sonoro: ¡Viva la República!

La madrugada del 18 de julio Novoa convoca en su despacho a todos los jefes de los cuerpos policiales y militares de Bilbao, quiere saber de boca de estos su lealtad con la República. La respuesta unánime es afirmativa. El 19, en connivencia con Andrés Fernández Piñerua, detiene a los militares involucrados en el alzamiento.

Es por estos días cuando se pone en contacto telefónico con los diferentes gobiernos civiles de las provincias gallegas. Quiere conocer de primera mano el alcance de la sublevación en Galiza. De la experiencia de la llamada a Pontevedra ya hablamos al inicio. No obstante, consigue contactar con el Gobernador Civil de Ourense, Gonzalo Martín March, al que aconseja que se deje de tibiezas y arme el pueblo, garantizador de la defensa de la República. La idea no seduce a su colega que, alarmado, aún es quien de replicar por formular esta idea. Esa es la última vez que escucha la voz de Gonzalo Martín, que será pasado por las armas el 10 de septiembre de 1936.

De su familia consigue recibir noticias a través del embajador de la República de Argentina, Daniel García Mansilla. Con la excusa de un viaje que va a realizar a Galiza contacta con Novoa por si desea obtener algún tipo de información sobre sus allegados. Así, en diciembre sabe que todos ellos están bajo arresto domiciliario en la casa que la familia tiene en Raxó (Poio, Pontevedra).

Antes de finalizar la guerra son trasladados primero a la casa familiar sita en la calle de la Oliva nº 20 y luego a la casa de un tío. Cerrados, con la línea telefónica cortada y la radio incautada. Bajo la estrecha guardia de requetés, milicias de las JAP (Juventudes de Acción Popular de la CEDA) y de falangistas. Mismo su hermana Carmen sufre el corte de la cabellera al cero.

Novoa se entera de la importancia que tiene mantener una retaguardia controlada que canalice los esfuerzos hacia la derrota de los rebeldes. El asunto que mayor preocupación le produce es el mantenimiento de la Orden Pública. De este modo nace de su mano el 23 de julio la Comisaría General de Defensa de Vizcaya con el objetivo de organizar la vida de la provincia. En la misma están presentes los partidos que conforman el Frente Popular y la CNT. El PNV prefiere mantenerse al margen del nuevo organismo.

En los periódicos de toda la provincia anuncia una serie de medidas conducentes a velar por la orden y evitar posibles desmanes de elementos incontrolados. Procura evitar la formación de una justicia paralela dedicada a incautaciones y registros domiciliarios. Cortar todas las sanciones o castigos arbitrarios debidos a venganzas o al lucro personal. Se regulan mismo licencias especiales para la conducción de automóviles. Esta norma también afecta a la venta de gasolina que solo puede dispensarse a quien presente una autorización sellada por el Gobierno Civil.

También cabe subrayar las gestiones de nuestro protagonista en la organización de las primeras columnas de combatientes constituidas en Bilbao para enfrentarse a los golpistas, tanto en Guipúzcoa como en los límites con la provincia de Álava, desde un primer momento del lado de los sublevados. Cabe citar la columna comandada por el teniente de Asalto verinense, Justo Rodríguez Rivas, a Donostia. Se establecen destacamentos de milicianos en puntos estratégicos como Orduña, Balmaseda o el puerto de montaña de Los Tornos.

La Comisaría de Guerra va a organizar la vida en la provincia hasta el 13 de agosto. En esta fecha se crea la Junta de Defensa de Vizcaya conformada ya por todas las fuerzas políticas y sindicales antifascistas. Un hecho curioso va a presidir las airadas negociaciones entre Novoa y los nacionalistas vascos para que se integren en la Junta de Defensa. Según confiesa Novoa en sus memorias, al día siguiente de una tensa reunión, donde mismo se cruzaron reproches y amenazas; recibe la visita de tres destacados miembros del PNV: José Antonio Aguirre Lekube, Heliodoro de la Torre y Manuel Robles Aranguiz. Vienen dispuestos a formar parte de la Junta de Defensa. Y además son portadores de una propuesta que a día de hoy no deja de resultar sorprendente. Traen consigo la oferta de que Echeverría Novoa presida el nuevo gobierno vasco que se está gestando con la aprobación del ejecutivo republicano. Suponemos que tras el inicial asombro, el pontevedrés niega amablemente la oferta. Según su parecer ese honor debe recaer sobre un vasco y él no lo es. Añade también que espera para su Galiza un estatuto semejante que le permita gobernarse de manera autónoma.

Los luctuosos hechos de mayor calado con los que tienen que lidiar Novoa y la Junta de Defensa son los asaltos a las prisiones flotantes surtas en la rada del puerto de Bilbao. Los asaltos suceden el 25 de septiembre y el 2 de octubre de 1936, respectivamente.

Debido al elevado número de detenidos derechistas, la Junta de Defensa procede a la incautación de los buques Cabo Quilates, Altuna Mendi y Arantzazu Mendi para ser habilitados como prisiones. El problema del «acomodo» de los presos se eleva cuando, procedente de Donostia llega en septiembre al puerto bilbaíno la nave Bizkargi Mendi que transporta los presos políticos de la provincia vecina. Para la vigilancia de los presos se asignan, junto con funcionarios de prisiones, partidas de milicianos de diferentes partidos y sindicatos.

El día 25 de septiembre la aviación enemiga bombardea Bilbao. La crispación de la población es palpable. Los márgenes de la ría se van llenando de civiles y milicianos exaltados. Piden a grito pelado la muerte de los presos. La multitud decide tomar la justicia por la mano. Abordan el Cabo Quilates y el Altuna Mendi ante la desidia de los guardias. Se perpetra una matanza de 62 prisioneros que va a ensuciar la trayectoria de la Junta de Defensa.

Ese mismo día en reunión extraordinaria adopta medidas para evitar sucesivamente actuaciones de este calibre. Se decide cesar de inmediato a los retenes que vienen ejerciendo de guardias y se sustituyen por una suerte de cuadrillas mixtas integradas por guardias de asalto, guardia civil y milicianos. La pesadilla no finaliza aquí. Un nuevo abordaje del Cabo Quilates el 5 de octubre, de esta vez, perpetrado por los tripulantes del acorazado Jaime I finaliza con 42 prisioneros asesinados. Ese mismo día las Cortes republicanas aprueban el Estatuto de Autonomía de Euskadi. Novoa es el encargado de firmar la convocatoria para la celebración de las elecciones para la elección del presidente del nuevo Gobierno vasco.

Comparecemos el 7 de octubre en la casa de juntas de Gernika al juramento del cargo por parte de José Antonio Aguirre y Lekube. Durante la ceremonia, el gobernador civil lee un pequeño discurso y lleva a cabo el traspaso de poder en el nombre de la República.

Desde este mismo momento el gobernador gallego deja de ejercer su cargo aunque permanece en Vizcaya. En los meses sucesivos se le puede ver junto al lehendakari en Otxandio observando las evoluciones de la conocida batalla de Villarreal. Fruto de su presencia cerca del campo de batalla es la entrevista que mantiene con un nutrido grupo de soldados gallegos que acaban de pasarse de bando.

Poco más permanece el pontevedrés en Euskadi, en enero se traslada a Valencia para más tarde, en mayo del 37, recalar en Barcelona como delegado de la Orden Pública tras los enfrentamientos acaecidos entre comunistas y anarquistas. Enseguida resulta destituido debido a presiones de la FAI.

Derrotada la República se ve forzado al exilio. Primeramente, pasa a Francia para embarcar hacia República Dominicana donde llega el 19 de diciembre de 1939. Panamá, Cuba y finalmente los Estados Unidos acogen al pontevedrés, donde muere en 1984. José Echeverría Novoa, aquel que había conseguido detener la marcha de la sublevación en Vizcaya con mano firme, fallece en el exilio y en el olvido.