El Gobierno no se fía de Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León. No confía en sus palabras negando que exista un nuevo protocolo en la región que busca cercenar el derecho al aborto, de acuerdo con el pacto de gobierno con Vox. Y por eso le ha hecho llegar un requerimiento de incompetencia, paso previo a un conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional.

Este martes Mañueco ha enviado una carta al presidente Pedro Sánchez, recriminándole la polémica por "un asunto inexistente" e insistiendo en que no existe un nuevo protocolo en la región que afecte al derecho al aborto. Pero a la vez, sus socios ultraderechistas han invocado el acuerdo que permitió al PP gobernar en Castilla y León y que fijaba precisamente unas medidas para dificultar el acceso al aborto, advirtiendo que el protocolo acabará por aprobarse y aplicarse, según ha dicho el portavoz del grupo parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Ante la contradicción de los responsables de la Junta de Castilla y León, el Gobierno se ha mostrado firme en la batalla judicial que acaba de emprender y que comenzará con el plazo de un mes al Gobierno de Mañueco para que dé explicaciones sobre el plan de fomento de la natalidad en el que al parecer se enmarca el protocolo antiaborto, según desveló el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, el jueves 12 de enero.

Horas antes de aquella rueda de prensa de García-Gallardo, la Consejería de Sanidad de Castilla y León publicó en su web una nota de prensa describiendo las medidas del latido fetal, la ecografía 4D y el programa de Salud Mental para las gestantes que lo soliciten, como parte de un nuevo plan de fomento de la natalidad. 

El protocolo, en la nota de prensa de Sanidad

La nota de prensa de la Consejería de Sanidad tiene el siguiente encabezado: "La Junta de Castilla y León promoverá una serie de medidas relacionadas con el ámbito sanitario y asistencial para el fomento de la natalidad y el apoyo integral a las familias, como uno de los ejes de las políticas públicas de los próximos años y en consonancia con las acciones recogidas en el acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Vox". 

Entre las medidas concretas que anuncia, figura la realización de una ecografía 4D, una técnica que permite la reconstrucción tridimensional de la imagen del feto, "pudiendo así mostrar una imagen del bebé con sus rasgos y gestos faciales, manos, dedos, pies y resto del cuerpo, todas ellas perfectamente identificables y reconocibles para la madre y la familia, favoreciendo así su implicación emocional", consta en la nota de prensa. 

Otra medida es "la implantación del protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre", es decir, imponer a las mujeres embarazadas, incluidas las que han decidido interrumpir el embarazo y que obviamente se encuentran en el primer trimestre (de la semana uno a la 12 de embarazo), la escucha del latido del corazón del feto. 

Además la consejería se compromete a "garantizar a la madre gestante el acceso a una atención psicosocial específica, en la esfera emocional, mediante el acceso a un psicólogo clínico de SACYL (Salud de Castilla y León). 

Pese a que en la citada comunicación se evita la referencia al aborto, salvo en la relativo a la objeción de conciencia de los médicos, parece claro que estas medidas, que el gobierno castellano y leonés indica que están orientadas a fomentar la natalidad, son en realidad el protocolo antiaborto anunciado por Vox, pues están encaminadas a revertir la decisión de las mujeres que quieren abortar. El propio Núñez Feijóo ha dicho que la imposición del latido fetal "puede derivar en coacciones" a las mujeres.

Así será el camino judicial

El Gobierno sospecha, según ha manifestado este martes la ministra Isabel Rodríguez, que aunque el citado protocolo no haya sido aún trasladado al papel ni publicado en el boletín oficial de la comunidad, más allá de la citada nota de prensa, los planes de Mañueco pasan por aplicarlo, enmascarado en su programa de apoyo a la natalidad y a la familia. Rodríguez ha recordado que la Junta no tiene competencias para legislar en materia de aborto ni puede aplicar medidas que contravengan la actual legislación en esa materia.

El Gobierno insiste en que la información es confusa y contradictoria por parte de la presidencia del PP y de la vicepresidencia (en manos de Vox) de la Junta. Por eso, pretende con este nuevo requerimiento, que llega tras uno del Ministerio de Sanidad hace dos días, que el gobierno castellano y leonés aporte al Gobierno toda la información oficial sobre el mencionado protocolo, que quedaría fuera de las competencias de Sanidad de la región. 

El requerimiento de incompetencia, recogido en el artículo 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, debe formularse "dentro de los dos meses siguientes al día de la publicación o comunicación de la disposición, resolución o acto que se entiendan viciados de incompetencia o con motivo de un acto concreto de aplicación". 

La comunidad autónoma requerida tendrá un plazo de un mes para estimar o rechazar el requerimiento. En el primer supuesto, deberá responder a la petición del Gobierno con toda la documentación que se le exija. En el segundo caso, también ha de apoyar documentalmente su rechazo sobre la falta de competencia que se le achaca; si no responde se entenderá que rechaza el requerimiento. 

Pasado ese mes de plazo y si el Gobierno considera que la Junta de Castilla y León no ha satisfecho su reclamación, el Ejecutivo podrá plantear un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional, que puede suspender cautelarmente la aplicación de la norma impugnada. El tribunal de garantías tiene cinco meses para resolver este tipo de conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas.